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El Gobierno andaluz le da otra vuelta de tuerca a la tramitación del "decretazo" que PP, Cs y Vox votaron en plena emergencia

El PSOE y el Gobierno de España detallan sus recursos al Constitucional de la norma que acometió una relajación de controles medioambientales, urbanísticos y sanitarios al modificar de una sola tacada 21 leyes y 6 reglamentos que nada tenían que ver con la pandemia sin apenas debate parlamentario ni social

Marín en la reunión del Comité de Seguimiento de la Crisis Sanitaria
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha comparecido en rueda de prensa telemática tras su reunión con los portavoces de los grupos políticos en la comisión de seguimiento del coronavirus en Andalucía. 

raúl bocanegra

La tramitación del decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, que el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, convalidó en plena emergencia sanitaria gracias al apoyo de Vox y que modificó de una tacada, sin apenas debate ni parlamentario ni social, hasta 21 leyes y 6 reglamentos que nada tenían que ver con la pandemia, va camino de convertirse en un vodevil.

Dos semanas después de haberlo llevado a la Diputación Permanente del Parlamento, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, (Ciudadanos), anunció, en una nueva vuelta de tuerca, que para dar más garantías jurídicas, el Ejecutivo está dispuesto a traer de nuevo el decreto a la Cámara autonómica, cuando se recupere la actividad ordinaria, para su debate y aprobación, aunque ya hubiera quedado convalidado por la Diputación Permanente, según recoge Europa Press.

Este anuncio de Marín llegó después de conocerse que el Gobierno de España planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de Juanma Moreno.

El decreto supone una desregulación y una relajación de los controles urbanísticas, medioambientales e incluso sanitarios, además de fomentar, según sus críticos, "la cultura del pelotazo" y, según el Gobierno andaluz, "hacer la vida más fácil a los andaluces y a los empresarios y generar empleo y riqueza".

La norma, que ha sido tachada de "decretazo" por más de 80 organizaciones, fue aprobada sin consenso alguno con la sociedad civil, más allá de la patronal y de un grupo de profesores universitarios liberales, y ha sido rechazado por sindicatos, por asociaciones de ecologistas, de consumidores y de periodistas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pidió un dictamen al Consejo de Estado antes de tomar la decisión, recurrirá dos artículos según anunció María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz. Por un lado, el 33, porque entiende que vulnera "competencias estatales en la defensa de bienes culturales contra la expoliación", al permitir determinadas obras sin autorización previa de la Junta de Andalucía.

Y, por otro, dos apartados del artículo 28 porque, considera el Gobierno de España, que "vulneran la competencia estatal en telecomunicaciones y medios de comunicación social". En concreto, los apartados 4 y 6 del artículo 28 derogan la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial o audiovisual en emisoras piratas.

Montero expresó su "voluntad negociadora" con la Junta de Andalucía con el fin de poder resolver esta "controversia" si el Gobierno autonómico modifica la norma en el sentido indicado por el Ejecutivo español para evitar incurrir en un conflicto de competencias.

Es en ese contexto en el que se enmarca el anuncio de Marín de devolver, en caso de acuerdo, el decreto-ley al Parlamento, según las fuentes de la Junta consultadas. El vicepresidente de aseguró que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, tiene instrucciones para ponerse en contacto con el Gobierno central para abrir una negociación entre ambas administraciones sobre los dos aspectos que ha llevado al TC.

Explicaciones

Adelante Andalucía exigió al Gobierno andaluz aclaraciones sobre este anuncio. En un comunicado, la portavoz de la coalición, Ángela Aguilera, consideró que este anuncio de Marín obedecía, "bien a un intento por ocultar los problemas que se le vienen encima con tres recursos ante el Tribunal Constitucional" –el del Gobierno, el de Adelante y el del PSOE– contra dicho decreto, o bien a "un claro desconocimiento de la realidad jurídica andaluza por parte del vicepresidente, pues ni el Reglamento de la Cámara autonómica ni el Estatuto de Autonomía contemplan la ratificación de decretos ya en vigor".

Aguilera agregó que la posición expresada este martes por el Gobierno de la Junta evidencia "un reconocimiento del error cometido con la aprobación del decreto por la puerta de atrás, valiéndose del estado de alarma y de la confusión derivada de la pandemia de coronavirus”.

El portavoz adjunto del PSOE, Rodrigo Sánchez, también arremetió contra Marín: "Se han dado cuenta de la inseguridad jurídica que han generado por hacer trampas en la tramitación, y ahora en lugar de resolverlas lo que hacen es volver a introducir confusión con un trámite que no existe: la convalidación de la convalidación", manifestó.

Las razones del recurso del PSOE

El PSOE también anunció este martes que su recurso al Constitucional sería presentado por 50 senadores. El diputado y exvicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, detalló el contenido del escrito, que va mucho más allá de los aspectos competenciales muy acotados esgrimidos por el Gobierno de España.

En un comunicado, el PSOE de Andalucía detalla "las causas sobre las que fundamenta" el recurso que agrupan en dos "elementos esenciales".

Por un lado, uno de "índole sustancial": Los socialistas argumentan que el decreto-ley "no se ajusta a la concurrencia de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad" que prevé para su uso la Constitución (artículo 86.1) y el Estatuto de Autonomía para Andalucía (artículo 110), ademas de “la interpretación que de dicha circunstancia lleva a cabo el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia".

Y, por otro lado, otro de "naturaleza formal", que "se produce de forma sobrevenida y que se desprende del procedimiento de convalidación llevado a cabo". Así, razona el PSOE lo siguiente: "Apartándose de lo dispuesto en relación a la Diputación Permanente tanto por la Constitución (artículo 78) como por el ordenamiento andaluz, una resolución de la presidencia de la Cámara procedió a atribuirle la facultad de convalidar decretos-leyes en tanto dure la situación de suspensión de la actividad parlamentaria". Y remachan los socialistas: "Habiendo procedido de tal manera, se ha producido una abierta vulneración de la normativa que rige el procedimiento de convalidación de los decretos-leyes que conlleva la nulidad de la decisión adoptada".

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