El Gobierno prorrogará hasta enero de 2021 parte del "escudo social" puesto en marcha para amortiguar los efectos de la pandemia del coronavirus al arranque de este año.

Fuentes del Ejecutivo aseguran a Público que la prórroga de medidas como la prohibición de desahucios por impago de alquiler -en los términos ya contemplados en el primer decreto del Gobierno a este respecto- será aprobada este martes en Consejo de Ministros. La semana pasada este diario avanzó que el Gobierno estudiaba prorrogar parte de este "escudo social". 

A esta suspensión se suman la prórroga de los contratos de alquiler de viviendas, para evitar subidas masivas de precios, y las medidas que afectan a grandes tenedores de vivienda. Estos tendrán que decidir entre asumir quitas del 50% del alquiler o reestructurar las deudas en, "al menos" tres años, siempre según estas fuentes. 

No obstante, las negociaciones en el seno del Ejecutivo no han concluido, y no se descarta que otras medidas puedan verse incluidas en esta prórroga. Hasta el momento, estas son las que cuentan con el visto bueno de ambos socios en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y por tanto son las que tendrá luz verde este martes.

La extensión hasta el 31 de enero, además, viene a acompasar la duración del escudo social con la prórroga de los ERTE, que previsiblemente también deberá aprobar el Gobierno este martes -las negociaciones en el marco del diálogo social continúan este lunes, in extremis-.

Salvo el caso de la prohibición de desahuciar, que estaba vigente hasta el 2 de octubre, el resto de medidas del "escudo social" aún en funcionamiento fueron prorrogadas hasta el 30 de septiembre. La decisión se tomó en el Consejo de Ministros del 7 de julio. 

Una semana antes, Unidas Podemos había dado a conocer sus presiones en favor de esta extensión del escudo social. Sin embargo, de entre las medidas prorrogadas en julio, en esta ocasión no está decidido mantener la prohibición de cortes de luz, agua y gas, aunque esta es una prioridad para la formación de Pablo Iglesias.

Sólo entre marzo y mayo, cerca de 200.000 hogares evitaron quedarse sin suministros gracias a esta medida. De no actuar el Ejecutivo, esta prohibición dejará de estar en vigor al final de este mes.