La mayoría de los comparecientes durante esta semana en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas del caso Villarejo (piezas Land, Pintor y Iron) son testigos solicitados por las defensas que, sin tener relación directa con las piezas juzgadas, juegan un papel importante en la estrategia troncal de las defensas: buscar la anulación de toda la macrocausa.

Este caso inició su andadura judicial el 3 de noviembre de 2017 con la admisión de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Villarejo y otros policías y cómplices por su participación en una trama para blanquear el botín obtenido por sus clientes del saqueo de una empresa pública de Guinea Ecuatorial, un delito que tarda mucho tiempo en prescribir y que acarrea peticiones de condena muy largas.

Villabona apartó a los policías que mejor conocían las actividades de Villarejo y la cúpula policial corrupta

El primero en declarar ha sido Florentino Villabona, el que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional desde el 31 de enero de 2017, en sustitución del DAO provisional nombrado tras la jubilación de Eugenio Pino en junio de 2016. Sin embargo, no duró en el cargo ni un año. El 23 de noviembre de 2017 cesó de su cargo, tan solo veinte días después de la detención de Villarejo.

Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional ha asegurado que no tiene vinculación alguna con Villarejo: "Nunca he trabajado con el señor Villarejo". Y ha añadido: "Villarejo nunca me ha facilitado ninguna información mientras he sido DAO o comisario provincial de Málaga". Además, ha negado específicamente que le aportara información alguna en los casos Malaya y otro de tráfico de armas vinculado al cliente de Villarejo Monzer Al Kassar, al que Villarejo siempre saca a colación como su gran misión por España.

De esta forma, Villabona se une a los diferentes máximos responsables policiales, aún con vida, bajo los que estuvo Villarejo, y que antes que él, y en dos ocasiones, han negado la versión del comisario en cuanto a sus pretendidas misiones encubiertas: Agustín Linares (1987-1994), Pedro Díaz-Pintado (1996-2004) y Eugenio Pino (2012-2016). 

Sin duda, el testimonio de Villabona ha sido muy relevante y servirá para esclarecer el verdadero interés y motivo por el que Villarejo hablaba de continuo y a diario de los casos de mafias y blanqueo de la Costa del Sol (Ballena Blanca, Goldfinger, Operación Hidalgo, Astapa y Malaya entre otras) con los anteriores DAO (el fallecido Miguel Ángel Fernández Chico, 'PETIT' y Eugenio Pino 'PIN') y, sobre todo, con los comisarios José Luis Olivera, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca.

Todos ellos son casos en los que la UDEF y la UCAO intervenían y que tanto el comisario jubilado José Luis Olivera como Villarejo destacan en su trayectoria profesional oficial. También son casos que protagonizan conversaciones en las que se comentaba el futuro procesal de imputados que o bien son clientes de Villarejo o piensan que tienen potencial para serlo sin son previamente incentivados con un poco de presión mediática (lo que Villarejo denomina 'un apretón'). En sus agendas, por ejemplo, Villarejo habla de 'clientes malaya' cuando menciona gestiones en favor de diversos imputados en dicho caso.

Villabona ha afirmado, incluso, no haber tenido noticia de la existencia de Villarejo y, en consecuencia, de su doble vida empresarial-policial. De hecho, ha defendido que se enteró de la misma por las informaciones que aparecían "en los medios de comunicación". Según se desprende de las palaras del exDAO, los medios de comunicación son la única vía en la que confía y de la que obtiene información el que fuera la cabeza de todo la Policía.

Sobre la investigación de la trama de Villarejo cuando en abril de 2017 es informado por la Fiscalía Anticorrupción de la apertura de diligencias de investigación prejudiciales contra el comisario y otros funcionarios de policía, el exDAO ha limitado su participación a ordenar la misma a Asuntos Internos "por ser la competente para investigar irregularidades cometidos por la Policía".

Villabona pasará a la historia como el director adjunto operativo de la Policía Nacional que, en uno de los casos de corrupción más graves e importantes de la democracia, decidió castigar y apartar de Asuntos Internos a los policías de esa unidad que destaparon esta macrotrama de corrupción que descubrieron cuando instruían el caso Nicolás. Una forma de impedir que esos agentes participaran en el caso Villarejo tanto en su fase prejudicial como judicial.

Hasta en cuatro ocasiones, el que fuera DAO ha declarado, con obligación de decir verdad, que decidió no asignar el caso Villarejo, abierto en la Audiencia Nacional, al jefe de grupo IX de Asuntos Internos, el inspector Rubén Eladio López, porque, según ha dicho y repetido, leía en "los medios de comunicación" que existía "enemistad manifiesta entre este y Villarejo".

Así pues, el que fuera el máximo responsable de uniforme de la Policía Nacional ha admitido en sede judicial que para la toma de decisiones cuenta como único soporte lo publicado en "medios de comunicación" y, concretamente, por los redactores que integran la pata mediática de la organización criminal investigada. Es decir, los artículos firmados por periodistas donde se atribuía a "enemistad", "guerra de comisarios" o "enfrentamiento" el hecho de que ocho policías honrados de Asuntos Internos y a las órdenes de un juez investigasen a presuntos policías corruptos.

Pero, además, otros medios como Público o el periodista Javier Ayuso en El País estuvieron durante años desmontando esta teoría de la investigación por "enemistad". Y las querellas y recursos que Villarejo puso para archivar el caso Nicolás arguyendo dicha enemistad fueron desestimadas por el juez instructor y por la Audiencia Provincial.

Ante este planteamiento, el fiscal ha tenido que recordarle a Villabona en los dos únicos comentarios que le ha hecho que, precisamente, Martín Blas y López (comisario jefe de Asuntos Internos y jefe de grupo de esta unidad respectivamente) pertenecían a la unidad que tiene la función y obligación de investigar conductas irregulares dentro de la Policía Nacional.

Para rematar, Villabona ha llegado a decir, para explicar que no dejase que López participase en las pesquisas abiertas por Anticorrupción, ni a partir de noviembre en la instrucción judicial, que eso ya no era posible porque "Rubén Eladio ya no pertenecía a Asuntos Internos". Sin embargo, omite el exDAO que fue bajo su mando y por decisión suya que este fue expulsado de la unidad en 2017. Algo sobre lo que ahora, conocemos los motivos que provocaron que fuera apartado, como ya desveló Público. 

El inspector Rubén Eladio se querelló contra Villabona y otras 30 personas (la cúpula policial bajo el gobierno de Rajoy y un grupo de periodistas, entre ellos Eduardo Inda y la hoy directora de comunicación de Isabel Díaz Ayuso) por el acoso sufrido mientras indagaba en la causa del Pequeño Nicolás, la grabación ilegal al CNI y las actividades de Villarejo y sus cómplices.

Esta querella recayó en el juzgado 49 y su titular la ha archivado este mismo viernes "por falta de indicios" después de que la Audiencia Provincial le obligase a investigar la querella interpuesta.

El comisario García Castaño cobró 5.000 euros al mes de Fondos Reservados de marzo de 2015 a febrero de 2017

El inspector Miguel Ángel Bayo, "facultativo jurídico" adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) desde 1990 y ya jubilado, también ha comparecido en la Audiencia Nacional. Según ha declarado Bayo, dentro de sus funciones estuvo la de cajero de los Fondos Reservados asignados a la DAO entre marzo de 2015 y febrero de 2017.

Este inspector jubilado ha asegurado que durante este periodo pagó al comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO) conocido como 'El Gordo' y apodado como 'BIG' por Villarejo en sus agendas, 5.000 euros mensuales en sobres "por orden expresa del DAO" (en referencia a Eugenio Pino). Y añadió más: cree que el comisario Castaño recibía dinero adicional de la partida de fondos reservados asignada a la Comisaría General de Información de la que dependía la UCAO que dirigía.

Se trata de nueva información acerca de los dineros que salían de los fondos reservados con destino a los bolsillos de la cúpula policial. Una cantidad a sumar a los 50.000 euros que Castaño recibió de la DAO entre julio de 2014 y mayo de 2015, según un informe de la Fiscalía incluido en la pieza Kitchen que Público analizó en detalle.  Un documento que concluía que el equipo del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, incumplió sistemáticamente la ley de 1995 sobre Fondos Reservados y estableció una metodología que propiciaba el desvío de esos fondos para lucro personal y, a la vez, para la financiación y camuflaje de operaciones ilegales.

Sobre Villarejo no ha sido capaz de recordar o concretar cuándo y cuánto dinero le abonaba procedente de los Fondos Reservados. Sin embargo, al mismo tiempo, declaraba que existía un "estricto control" del dinero de los Fondos Reservados y sobre su destino. El facultativo jubilado declara conocer a Villarejo desde hace más de 30 años de cuando "alguna vez" iba por la DAO pero que no le trataba. Lo "veía, pero nada más", ha dicho.

Bayo también ha hecho referencia a las identidades falsas de Villarejo. Habló de "varias" que, según su declaración, autorizó la Secretaría de Estado de Seguridad. Sin embargo, es difícil que alguien de su trayectoria y experiencia pudiera desconocer que las identidades falsas las autoriza y supervisa un juez y para un caso judicial concreto, aunque su emisión y trámite se realice por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En el juicio, el inspector jubilado solo ha hablado de gestiones de recogida y petición de devolución de los DNI, pero las agendas señalan que Bayo estaba al tanto de cuando se emitían o renovaban dichos DNI a los que Villarejo denomina "DNI operativos".