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Exjefes de la Policía niegan que hubiera amparo policial a los negocios de Villarejo: Linares, Díaz-Pintado y Pino se desmarcan

En el juicio del caso Tándem o caso Villarejo que se sigue en la Audiencia Nacional, tres exdirectores adjuntos de la Policía se han vuelto a desmarcar este lunes de la red empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Dos de ellos han asegurado que después de dar el salto al sector privado pagaron a sociedades del comisario con diversos fines.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a declarar a una nueva sesión del juicio por la macrocausa ‘Tándem’, en la Audiencia Nacional, a 4 de abril de 2022, en San Fernando de Henares, Madrid.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a declarar a una nueva sesión del juicio ‘Tándem’, en la Audiencia Nacional, a 4 de abril de 2022, en Madrid. Gustavo Valiente / EUROPA PRESS

El juicio de la Audiencia Nacional a Villarejo por las piezas 'Land', 'Iron' y 'Pintor' de la causa 'Tándem' ha alcanzado su trigésima jornada con los testimonios de tres exDAO (número dos del cuerpo tras el director general de la policía que es un cargo político y no funcionario policial): Agustín Linares (1987-1994), Pedro Díaz-Pintado (1996-2004) y Eugenio Pino (2012-2016).

Todos han admitido que, en un inicio, firmaron una carta en apoyo al excomisario (las tres idénticas de texto) donde se decía que sus actividades privadas sirvieron a los intereses de la Policía. Pero al igual que declararon en sede judicial meses después de la firma de aquellas cartas, hoy también se han desdicho de la misiva y han vuelto a marcar distancias, reiterando que el escrito fue redactado por el primer abogado de Villarejo, Ernesto Díaz Bastién, que les pidió ayuda para conseguir que saliese en libertad.

"Me limité a firmarla porque me lo pidió el abogado (...) Los que conocemos al señor Villarejo... eso es lo mínimo que podíamos hacer", ha dicho Pino, procesado junto a Villarejo en la pieza Kitchen. El que fuera DAO de 2012 a 2016 ha sido el testigo que más ha entrado en detalles sobre la trayectoria de este comisario jubilado acusado por la Fiscalía de servirse de su función policial para llevar a cabo investigaciones privadas. Pino ha relatado que cuando advirtió a Villarejo de que no podía tener empresas éste le dijo que era "patrimonio familiar".

Ha perfilado al comisario jubilado como un agente "antena" que "no estaba en ninguna parte": "Es la clásica gente que viene de siempre, de la costumbre y la práctica; agentes que ha tenido y sigue teniendo la Policía que no aparecen en las comisarías y están pulsando un ambiente que es muy interesante".

Pino ha relatado también que el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán pidió la destitución de Villarejo en tres ocasiones, añadiendo, sin especificar, o citar ocasiones, objetivos y resultados, la coletilla vacía de que los servicios de inteligencia y el excomisario "han colaborado desde que el mundo es mundo". Una colaboración que hasta el momento no ha podido ser constatada en los términos que Villarejo la describe en sus declaraciones judiciales o filtra a propios y extraños. De la documentación incautada que analiza Público con minuciosidad, se desprenden otros motivos menos patrióticos para sus intentos de contacto con el servicio secreto español o con, por ejemplo, el FBI.

Panamá, Andorra o Siria fueron algunos de los lugares donde viajó pagado con fondos reservados, desplazamientos que Villarejo ha enmarcado en su actividad de "agente encubierto" filtrando urbi et orbi "notas informativas" como pretendidas "pruebas". Pino se ha desmarcado de cualquier aprovechamiento de recursos y fondos policiales con fines de lucro personal de Villarejo o de sus clientes alegando que él autorizaba esas entregas, pero se despreocupaba de su destino: "Yo era el director (Director Adjunto Operativo DAO), no el fiscalizador de cómo trabajaba la gente", ha respondido sin más al ser preguntado por la forma de proceder de Villarejo con sus empresas.

El último jefe que tuvo Villarejo, Eugenio Pino, se expresaba así en la misma línea que su jefe teórico Ignacio Cosidó, entonces Director General de la Policía Nacional, que vino a decir en el Congreso de los Diputados que su misión no era conocer cómo se funcionaba en la Policía.

Por su parte, Agustín Linares, subdirector general operativo (el equivalente a DAO de después) -y, según algunas fuentes, artífice del sistema vicioso de ascensos que garantizó la hegemonía y supervivencia a las purgas de la organización criminal en puestos de poder- ha ratificado su declaración anterior en la que ya se desdijo de la misiva previamente enviada en defensa de Villarejo.

Y ha dicho más. Ha reconocido que sabía que Villarejo tenía varias empresas antes de reingresar en la Policía en 1993, que no le constaba que hubieran sido autorizadas y descarta viajes a países conflictivos con amparo policial. "Durante el tiempo que permaneció conmigo, esos nueve meses, no viajó a ningún sitio, ni a Libia ni a Siria ni a ningún otro sitio. Y eso se puede demostrar", ha asegurado.

El exsubdirector general operativo también ha dicho que antes de regresar a la Policía Villarejo les presentó a un confidente, un traficante de armas sirio que proporcionó información "muy importante". Sin embargo, ha omitido que dicho "confidente" no era otro que el intermediario Monzer Al Kassar, uno de los protegidos más importantes de Villarejo desde 1992 y al que ayudó en al menos en dos ocasiones. La primera de ellas, en el caso Achille Lauro (1992-1995) que instruyó Baltasar Garzón y del que finalmente sale absuelto en base a dicha instrucción. La segunda ocasión se produce tras su detención en España en 2007 a petición de Estados Unidos, que también solicita su extradición, algo que acaba ocurriendo. Sin embargo, hasta que se produce, Villarejo y sus colegas policiales, mediáticos y jurídicos tratan de impedirlo a toda costa acusando a Estados Unidos de detención ilegal por un lado y vendiendo la imagen de Al Kassar urbi et orbi como un gran "confidente" para "servicios por España" en orden a lo cual le atribuyeron haber sido la fuente de toda suerte de confidencias e informaciones vitales para la detención de afamados criminales cuya veracidad presenta dudas.

Por su parte Pedro Díaz-Pintado, al que Villarejo en sus agendas nombra de continuo bajo el apodo "Pintor", ha asegurado que no conoció las sociedades del comisario mientras fue DAO y ha subrayado que tuvo, en dicho periodo, una relación "muy esporádica". "Yo en esa época no conocía la actividad del señor Villarejo, ni si estaba autorizada previamente o posteriormente. En esa época lo ignoraba", ha afirmado.

Tanto Linares como Díaz-Pintado han declarado que después de dar el salto al sector privado (Linares como jefe de seguridad del Banco de Santander, con paso primero por el Central Hispano, y Pintado como jefe de seguridad del grupo inmobiliario-constructor DICO) pagaron a sociedades del comisario con diversos fines. Público, por su parte comprueba en la documentación incautada, una relación continuada con Linares y Pedro Díaz Pintado con vistas a desarrollo de negocios para sí y sus empresas empleadoras, presentación de clientes a cambio de comisión, etc.

La recuperación por Villarejo de su placa y pistola

Agustín Linares reitera que no fue él quien en 1993 pidió a Villarejo que volviera al servicio activo, como el comisario repite una y otra vez, sino que fue el comisario quien se empeñó en volver. Durante la sesión de este lunes, Linares ha asegurado que Villarejo le pidió regresar porque "le hacía ilusión volver a tener la placa. Recuerdo esa frase".

En muchas ocasiones Villarejo ha insistido y remarcado que vuelve al servicio activo tras diez años en excedencia (1983-1993) a solicitud del entonces ministro del Interior José Luis Corcuera y de Agustín Linares. Y alega, además, un motivo principal: "Para que sus notas tuvieran validez". Y cuando negocia su jubilación, se comprueba en la documentación incautada cómo el comisario pelea por tierra, mar y aire para que le concedan el título de "comisario honorario". Pero, ¿"validez" para quién?

Tras siete años y medio de investigación propia, Público acumula indicios que apuntan a que Villarejo cobraba a hito conseguido, que el servicio valía lo pagado y que estaba en condiciones de prestarlo gracias a su condición de policía en activo y de varios de sus cómplices. Destacan dos:

1) Diseño y ejecución de campañas mediáticas con diversos fines usando una nutrida facción transversal de medios o redactores para los que los "informes y notas" del comisario servían de cobertura al ser citados como "fuente policial" a pesar de que tales notas (sin sello de entrada en registros policiales) no fueran policiales más que en la medida que él era "policía en activo". Prácticamente todos los informes, propuestas y avances que Villarejo presenta a sus clientes desde hace 30 años tienen a los medios de comunicación como centro, y la propia Dolores de Cospedal repitió una y otra vez durante su hora y treinta dos minutos de declaración judicial que su interés en el comisario tenia que ver con su relación con los medios de comunicación.

2) Provocación, orientación, reorientación o enredo de investigaciones policiales, pesquisas de la fiscalía o investigaciones en fase judicial, un objetivo para el que también desempeña un papel esencial su condición de policía en activo. Para estos servicios, en muchos casos se apoya en prensa de refuerzo o en sus famosas "notas", que una vez publicadas son recogidas por acusaciones populares amigas o creadas al efecto, que con los recortes de prensa ponen denuncias en instancias policiales, fiscales o judiciales amigas: estrategias de ida y vuelta ya avanzadas hace años en el reportaje audiovisual producido por Mediapro Las cloacas de Interior.

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