Expolíticos, directivos de empresas del IBEX y otros contratantes del comisario maniobran para librarse del 'caso Villarejo'

La mayoría de las empresas y directivos o exdirectivos que adquieren la condición de "investigados" en el caso Tándem o caso Villarejo lo hacen por el hecho de haber contratado y pagado por servicios prestados a José Manuel Villarejo, un policía en activo que no tenía la preceptiva compatibilidad concedida para llevarlos a cabo. Pagar a un funcionario de Policía en activo por servicios privados de gestión de crisis en los que su condición de policía es parte fundamental de la oferta de valor es un delito de cohecho. Para estas personas físicas y jurídicas investigadas la clave de su defensa está en poder demostrar que su condición de policía en activo no fue determinante en su contratación, que los servicios contratados no eran ilícitos per se y que le estaban permitidos o no tenían forma de saber que no lo estaban. 

En esto trabajan a marchas forzadas los abogados de todos aquellos que hicieron negocios con el policía jubilado. A dia de hoy, ya hay tres compañias del Ibex imputadas como persona jurídica (BBVA, Repsol y Caixabank) y Anticorrupción ha pedido que también sea llamada en calidad de investigada unaa filial de Iberdrola. Ademas, varios directivos y exdirectivos de dichas compañías están siendo investigados.

La defensa de la mayoría de los contratantes del comisario se basa en los siguientes argumentos falaces: desconocimiento de su condición de policía en activo, actividad privada autorizada de "facto" porque era "sabida por sus "superiores", selección de sus servicios porque tenía "prestigio" y había sido contratado antes por "muchas empresas importantes" y  plantilla amplia y estable que de un lado demuestra la realización de un trabajo real de investigación y consultoría y de otro descarta una actividad ilegal con tantos testigos de riesgo. En las últimas horas algún medio de comunicación ha hecho suyos estos argumentos, cuya inconsistencia mostramos a continuación:

"No sabía que era policía"

Unos dicen (como Susana García Cereceda, investigada en la pieza Land) que "no sabían que era policía"; otros (como Dolores de Cospedal —que fue subsecretaria de Estado de Interior—, y varios jefes de seguridad expolicías de alto rango, como Antonio López de Planeta o Miguel Ángel López Rancaño) afirman que conocían que era policía pero que creían que "llevaba mucho tiempo en excedencia". Si dicen la verdad, lo que es de todo punto cuestionable, nadie se ocupó de verificar las credenciales de Villarejo, lo que causa estupor si los temas encargados eran tan "confidenciales" (excusa que dan en sede judicial para explicar que los pagos al comisario no pasaran por los controles habituales para con los proveedores). 

"En 2015 Interior avala su actividad privada"  

En 2015, y tras la publicación por El País de una serie de artículos sobre el entramado empresarial de Villarejo y los movimientos sospechosos de capitales asociados a dicho entramado que fueron completados más tarde por un inventario patrimonial publicado por este diario, José Ángel Fuentes Gago,  el jefe de gabinete del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y a instancias de éste elaboró y difundió urbi et orbi lo que los fans del comisario llamaron "informe de compatibilidad de las actividades del comisario Villarejo".

El escrito no era más que un refrito e inconexo de disposiciones administrativas que validaba la actividad privada de Villarejo, pero sin analizar ninguna empresa o negocio. Simplemente finalizaba diciendo que no estaba obligado a pedir la compatibilidad porque la "gestión de su patrimonio" no tenía conexión con las actividades encomendadas al Cuerpo Nacional de Policía y no mermaba su dedicación horaria. Cómo sería el "informe policial" de Fuentes Gago que "avalaba" la actividad de Villarejo que hasta el magistrado García Castellón tuvo que preguntarle cómo pudo emitir escrito semejante cuando en cinco minutos mirando en internet se podía ver que tenía empresas de investigación y de gestión de crisis judiciales manifiestamente incompatibles. Fuentes Gago fue premiado junto a su mujer, también policía, con un estupendamente remunerado destino de agregado en Holanda (donde paraba poco porque venía a Madrid en comisión de servicios) .

"Tres DAO's conocían y validaron su actividad"

En junio de 2018, se remitió al juzgado de Tándem un informe fechado el 2 de junio de 2017 emitido por la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública), en el que se dejaba claro  —como Público ya había avanzado mucho antes— que "no consta que el Comisario José Manuel VILLAREJO PÉREZ haya solicitado en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas".

Tras el jarro de agua fría, los investigados en dicha fecha repiensan la estrategia y un mes después redefinen la actividad privada de Villarejo como una actividad que no estaba autorizada formalmente, pero sí de "facto", por sus sucesivos superiores, quienes la aprovecharían para apoyar investigaciones policiales. Para asentar la idea, Villarejo pide a los tres anteriores máximos cargos policiales vivos (DAO) —Agustín Linares (1987-1994), apodado "Ágil" por Villarejo; Pedro Díaz-Pintado (1996-2004), "Pincel" o "Pintor"; y Eugenio Pino (2011-2016), alias "Pin" o "PinE"— que envíen una carta al juzgado en dicho sentido, cosa que hacen. El efecto del escrito duró lo que tarda en disolverse un azucarillo: llamados al juzgado a ratificarse en su contenido, los tres ex DAO se desdijeron. El único que aún sostiene que la Policía se servía de las empresas de Villarejo es el ex jefe del UDEV, de la UDEF y del CITCO, José Luis Olivera ("El Oli"), imputado también en el caso y con cuyo progresivo ascenso en la cadena de mando policial florecen los negocios del comisario.

Por su parte, Villarejo defendió durante mucho tiempo que, desde su reincorporación al Cuerpo, se limitaba a mantener el patrimonio creado en su época de excedencia, pero esto no es cierto: tras regresar al servicio policial activo, constituyó en España y fuera nuevos negocios bajo dos fórmulas mercantiles: como filiales de sus empresas preexistentes o cambiando razón y objeto social a éstas manteniendo el CIF.

“Yo contrataba con Redondo, no con Villarejo"

No pocos investigados defienden su actuación alegando que su único interlocutor era la mano derecha del comisario, su director general y cara visible del bufete filial Stuart Mckenzie SL, Rafael Redondo Rodríguez. Pero audios sitúan a Villarejo con sus clientes en la comercialización y ejecución de los servicios concretos prestados. Además, fue el propio Villarejo quien declaró en sede judicial (en el Caso Nicolás ante el juez Arturo Zamarriego) que todas sus empresas funcionaban con unidad de decisión ("él daba las instrucciones") y con "caja única", dos elementos que, junto a la "confusión de patrimonios" que también se da, definen jurídicamente a su conglomerado empresarial como "grupo de sociedades" y bajo el mando de un policía en activo.

Por tanto, es indiferente que se contratase con cualquiera de las empresas de su grupo: gestión de crisis o de comunicación con Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), con la unidad de "investigación" (Servicios de Investigación y Detección SL, Inteligencia y Detección SL y Cenyt Argo SL), con la unidad de consultoría y cursos de formación (Cenyt Consultoría Organizacional SL), con el bufete Stuart Mckenzie SL o con cualquier otra firma del grupo. Como "grupo de sociedades" a todos los efectos son una misma empresa y bajo el mando de Villarejo. 

"Tenía actividad real y todos le contrataban"

Una línea de defensa muy común a casi todos los contratantes es la de argumentar la selección de su servicios y su necesaria legalidad en la afirmación "somos muchos y muy importantes los que le contratamos". Se alega así que se le contrata por ser una firma "prestigiada y conocida" y se intenta presentar como "prueba" el hecho de que fuera contratado por un buen número de grandes empresas españolas, enarbolando las declaraciones anuales de clientes y proveedores de las empresas del comisario y remitidas recientemente al juzgado por la Agencia Tributaria. Explican asimismo que si su contratación esquivó los controles exigidos al resto de proveedores fue por que se trataba de asuntos sensibles que requerían máxima confidencialidad. Ambas explicaciones pierden fuerza si se tiene en cuenta que todas esas empresas tienen en su mayoría algo en común: jefes de seguridad que eran policías del círculo de Villarejo y que además iban a comisión de (comprobada en el caso de Julio Corrochano de BBVA). Con respecto de la elusión de controles exigidos a la contratación de proveedores, baste decir que eso no ocurría con la contratación de otros proveedores prestadores de servicios que requieren gran confidencialidad.

Se alega también, con un informe de la Dirección General de la Seguridad Social de soporte también remitido al juzgado recientemente, que la plantilla de Villarejo es amplia y mostraba larga vinculación laboral, lo que a juicio de los medios afines a los investigados prueba que sus empresas poseían infraestructura y medios para desarrollar un trabajo de consultoría real como el contratado y que prácticas ilegales son improbables dado el número de testigos y peligro de eventuales delaciones.

Nuevamente el argumento tiene "trampa", porque el trabajo realizado por la plantilla no pasaba de confeccionar "notas" por la vía de copiar, de forma literal, textos de artículos publicados y de internet que no se molestaban en editar y en sacar del registro del mercantil y de la propiedad listas de empresas y propiedades asociadas a las personas supuestamente de interés para sus clientes. Nada que no pudiera realizar su cliente en pocas horas con personal propio no muy formado y por el 5% de lo que abonaba a Villarejo. Es decir nada que ver con algo que valiera lo pagado. Y con respecto del peligro de que alguien de la plantilla pudiera un día denunciarle, se omite el hecho relevante de que la estable plantilla de su grupo de empresas estaba compuesta por su mujer y hermanos de su mujer, sus cuatro hijos, un sobrino, su mano derecha Redondo, y dos hijos de éste; el resto eran o hijos de policías con los que Villarejo tenía tratos (entre ellos una hija del fallecido DAO Miguel Ángel Fernández Chico) o policías en segunda actividad con los que había compartido muchos tejemanejes pasados. 

Se le contrata por los servicios que presta gracias a su condición de policía en activo

El propio Villarejo ha insistido y remarcado en muchas ocasiones que vuelve al servicio activo tras diez años en excedencia (1983-1993) "para que sus notas  tuvieran validez". Y cuando negocia su jubilación, se ve cómo pelea por tierra, mar y aire para que le concedan el título de "comisario honorario". Pero ¿"validez" para quién?

Tras siete años de investigación propia, Público acumula indicios que apuntan a que Villarejo cobraba a hito conseguido, que el servicio valía lo pagado y que estaba en condiciones de prestarlo gracias a su condición de policía en activo y de varios de sus cómplices. Destacan dos:

1) Diseño y ejecución de campañas mediáticas con la distribución de contenidos a una nutrida facción transversal de medios o redactores a los que se proporcionan sus "notas" para incentivar su publicación o ser utilizadas como información procedente de "fuentes policiales" en caso de querellas o demandas por difamación o injurias, a pesar de que tales notas (sin sello de entrada en registros policiales) no sean policiales mas que en la medida que él era "policía en activo". Prácticamente todos los informes, propuestas y avances que Villarejo presenta a sus clientes desde hace 30 años tienen a los medios de comunicación como centro, y no pocos contienen la lista de artículos publicados en la línea que interesa al cliente (a modo de lista de gestiones realizadas). La propia Dolores de Cospedal repitió una y otra vez durante su hora y treinta dos minutos de declaración judicial que su interés en el comisario no estaba en obtener información de nada, porque ya la tenía, sino en su relación con los medios de comunicación, y que esto era de lo que el comisario hacía alarde y le ofrecía. 

Villarejo ocupaba la mayor parte de su tiempo en hablar con medios y periodistas afines, con los que establecía una relación simbiótica porque sus relatos siempre incluían detalles con morbo y características de "exclusiva". Nuevos indicios en la documentación bruta incautada apuntan a que además Villarejo les remuneraba, algo que, en caso de verificarse, explicaría las cantidades cobradas de los clientes.  

2) Provocación, orientación, reorientación o enredo de investigaciones policiales, pesquisas de la fiscalía o investigaciones en fase judicial, un objetivo para el que también desempeña un papel esencial su condición de policía en activo. Para estos servicios, en muchos casos se apoya en prensa de refuerzo o en sus famosas "notas", que una vez publicadas son recogidas por acusaciones populares amigas o creadas al efecto, que con los recortes de prensa ponen denuncias en instancias policiales, fiscales o judiciales amigas: estrategias de ida y vuelta ya avanzadas hace años en el reportaje audiovisual producido por Mediaprp Las cloacas de Interior. Para asegurar su admisión a trámite y no solo titulares, se recurre también a denuncias directas en la UDEF de Madrid, aunque el origen del asunto sea en otra región de España. 

Los objetivos son variados y también la casuística: creación de problemas judiciales en el peor momento a empresas o personas físicas adineradas para, seguidamente, ofrecer in extremis a los afectados sus servicios de gestión de crisis, destrucción en favor de clientes de competidores empresariales o rivales políticos dentro y fuera de un partido, facilitar jugadas de bolsa, etc.

En el juzgado: no se solicitó información clave a la Agencia Tributaria hasta hace un mes

La remisión reciente de los informes de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social que las defensas están incorporando a sus argumentarios muestra una nueva anomalía, una de tantas de las que Público viene informando con relación a la instrucción del caso Villarejo: alteración de transcripciones, omisión de audios en oficios, omisiones de investigación acerca del verdadero problema que tenían sus clientes y que les urgía resolver, registros de inmuebles sin practicar, móviles de investigados clave sin analizar tras años de instrucción,  información clave omitida en el cuerpo de los oficios y relegada a anexos kilométricos y una pieza abierta, la 28, que parece provocada para archivar todo el caso. Resulta que no ha sido hasta hace un mes que se ha solicitado información oficial a la Agencia Tributaria sobre la plantilla de las empresas de Villarejo y la identidad de los clientes y proveedores que hizo constar en las declaraciones anuales modelo 347. 

 "Parecería que no se quiere saber quiénes eran los clientes y los destinatarios de los pagos de Villarejo a lo largo de los años", han comentado juristas expertos en Procesal y Penal consultados por Público y que no salían de su asombro al conocer la dilación. Funcionarios de Hacienda que prefieren permanecer en el anonimato creen que es "muy raro" y todos coinciden en que esas declaraciones modelo 347 es casi lo primero que se solicita en un procedimiento de estas características (como así ocurrió en el caso Púnica) y además se pide remontar a todos los años posibles porque "el blanqueo es un delito grave que tarda muchos años en prescribir".

La solicitud de las declaraciones anuales de clientes y proveedores es de las primeras diligencias que se practican en casos de este tipo. De hecho, fue solicitada por la comisión judicial del Caso Nicolás y Grabación Ilegal al CNI para todas las empresas de Villarejo a la nueva instructora de ese caso, Pilar Martínez Gamo, como conclusión y consecuencia de un informe de julio de 2017 que incluía múltiples indicios de una trama de blanqueo. El informe fue despreciado por la magistrada y la comisión judicial resultó disuelta, con sus miembros seguidamente expulsados de la unidad de Asuntos Internos que comandaba Francisco Migueláñez y enviados a puestos con funciones de muy inferior rango.