La pieza 12 Proyecto July (macrocausa Tándem) investiga un pago de Planeta Corporación SL de 40.000 euros más IVA realizado el 21 mayo de 2014 a una sociedad de Villarejo contra una factura del 5 de mayo de 2014 con el concepto de "Asesoramiento jurídico de enero a mayo de 2014". Planeta Corporación SL, que en dicho año presidía José Manuel Lara (fallecido en enero 2015) con José Creuheras entonces en la vicepresidencia (y en la presidencia desde entonces), es la sociedad holding participada por la familia Lara de donde cuelgan las participaciones en las empresas que conforman Grupo Planeta (que integra los medios La Sexta, Antena 3, Onda Cero y La Razón).

En esta pieza 12, además de Villarejo y el policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso (el empleado-socio que trabajaba desde una oficina de Villarejo en Barcelona que nunca fue objeto de registro), han sido llamados en calidad de investigados los supuestos interlocutores de Villarejo en Planeta para este asunto: Luis Elías Viñeta y Antonio López López, director jurídico y director de seguridad de Planeta, respectivamente. 

Aunque el pago era conocido, la pieza no se abre hasta julio de 2019, y además, no de oficio, sino a rebufo de un audio aportado por Javier Pérez Dolset durante su declaración como imputado en el caso Zed, en el que se escucha a Elías Viñeta desvelar de manera sospechosamente detallada a un interlocutor o interlocutores —no identificados, pero que parecen ajenos a la empresa— la contratación de Villarejo y su hipótetico objetivo: hallar pruebas válidas de un supuesto tongo en el famosísimo y viejo laudo arbitral dictado diez años atrás, el 15 de marzo de 2004.

El laudo obligaba a Uniprex (dueña entonces de Onda Cero y propiedad de Antena 3 de Televisión SA) a pagar a Radio Blanca (la empresa de Blas Herrero dueña de las emisoras Kiss FM) 211 millones de euros en concepto de indemnización e intereses por la resolución en 2003 del contrato de asociación de julio de 2001, que había sido modificado en octubre de 2002.

El colorido relato auditivo es ratificado más tarde por Elías Viñeta, con algunas contradicciones, en un escrito que da respuesta a cuestiones planteadas por la Fiscalía acerca del momento y manera en que se contactó, pagó y trabajó con el comisario Villarejo.

Según su texto, la maniobra de aproximación es del propio Villarejo y se produce en febrero de 2014. Éste, a través de Giménez Raso, contacta con el jefe de seguridad de Planeta informando de la existencia de pruebas de un tongo en el viejo laudo con las que iniciar, bien un proceso de reversión del mismo o acciones legales contra el supuesto sobornador (Herrero) y/o el supuesto sobornado, el árbitro Julio González Soria. El director jurídico de Planeta afirma que ni él ni López sabían que Villarejo era un policía en activo —el conocimiento de esta circunstancia constituiría un delito de cohecho— y atribuye todas las decisiones al fallecido presidente de Planeta, José Manuel Lara Bosh (fallece en enero de 2015).

Por su parte, cuando Villarejo fue llamado a declarar por la pieza separada 18 que investiga otro supuesto proyecto de Villarejo para supuestamente Planeta (denominado "Proyecto Brod", de febrero de 2013 y con relación a los hermanos Pérez Dolset, accionistas últimos mayoritarios del Grupo ZED en el que Planeta también participa), el policía dejó claro que no precisaba de intermediarios para ofertar o contratar con el grupo fundado por la familia Lara: su relación con el presidente de la editora de La Razón, miembro de consejo de Atresmedia, patrono de su fundación y asesor de Planeta , Mauricio Casals, era personal (como desveló Público), con comidas y llamadas habituales. Por su parte Casals, llamado a declarar como investigado, admitió conocer que Villarejo era policía, haber tenido encuentros "pero nunca a solas" y negó al juez haberle hecho encargo alguno con relación a los Pérez Dolset, desmintiendo así al comisario que declaró que presentó una propuesta a Casals si bien ésta no llegó a cuajar (el documento propuesta, que fue encontrado en el registro a Rafael Redondo mano derecha de Villarejo, no desvelaba la identidad del cliente).  

También asegura Viñeta en su escrito que sólo le contrataron "averiguaciones sobre incrementos patrimoniales del árbitro" de los que pudiesen inferirse indicios de un soborno ejecutado diez años atrás. En el audio, Elías Viñeta concreta y habla de obtener información acerca de una hipotética "cuenta de depósito en las Islas Caimán", propiedad supuestamente del árbitro del laudo, cuenta de la que Villarejo le informa. Elías Viñeta concluye en su texto al juzgado que la relación entre Planeta y el comisario  "finaliza en mayo de 2014" tras la recepción de "7 folios" y el pago por ellos de 40.000 euros más IVA. Unos folios que dice que destruyó "porque no demostraban nada".

Dos pilares que se tambalean: el fondo de la cuestión

Aunque el magistrado que instruye el Caso Villarejo, Manuel García Castellón, da validez a este relato al reproducir en el auto de apertura de la pieza 12 el escrito resumen del audio que junto a éste también aporta Pérez Dolset —quien no es jurista ni tiene por qué conocer la historia financiera del laudo—, los hechos desmontan los dos pilares en los que se apoya:

1. La supuesta condición de perjudicada de Planeta por el pago del viejo laudo. A pesar de la manida leyenda, Planeta no asumió el pago a Blas Herrero, porque se hizo valer la cláusula del contrato de compra de Antena 3 por Planeta en 2003, que obligaba a los anteriores accionistas (Telefónica y otros) a compensarle, por otras vías, por cualquier desenlace negativo de pleitos con origen anterior al momento de la compra. Así, aunque es Uniprex (dueña de Onda Cero y ya bajo el control de Planeta) la obligada al pago por el laudo, Planeta fue compensada por varias vías, como consta en las memorias de las empresas concernidas (reducción del precio de compra de la parte adquirida a Telefónica, por ejemplo). 

El propio Elías admite en el supuestamente espontáneo audio que Planeta "lo tenía cubierto", en referencia explícita a la activación de la cláusula mencionada y a que fue Telefónica quien asumió la "broma". Y a continuación añade —para dar soporte al motivo que alega para la contratación de Villarejo— que Planeta actuaba en una suerte de hada madrina de Telefónica. Se desconoce, sin embargo, si tras una supuesta escucha del audio el magistrado solicitó el parecer de Cesár Alierta en su calidad de presidente ejecutivo de Telefónica en 2014.

-Luis Elías Viñeta: Y me dijeron [Villarejo] que le depositaron dinero [al árbitro] en Islas Caimán. Y [Villarejo] me pide un millón. Para conseguir la información. Y yo le dije [a Villarejo]: "Mira, te doy dos [millones de euros] cuando tengas la información y sea la misma, la pueda contrastar y la pueda llevar a un proceso penal a éste [Herrero] o a este artista [al árbitro supuestamente sobornado]".

[...] O sea, él me pedía uno y yo le iba a dar dos. No iba a pagar yo. Iba a pagar Telefónica.

[...] Claro, porque, aunque yo también perdí el laudo [con "yo" Elías se refiere a la persona jurídica Uniprex-Antena 3 a quien obliga el laudo y que luego compra Planeta], pero en mi contrato de compra venta yo lo tenía cubierto [por la cláusula] pero a Telefónica... a Telefónica... le costó 220 millones la broma. O sea que dos millones para tumbar esto los pagaba corriendo [Telefónica].

2. El supuesto objetivo de reversión del laudo: en 2014 el viejo laudo dictado diez años atrás era judicialmente irreversible porque su revocación estaba fuera de plazo, como ha confirmado Público con varios juristas de reconocido prestigio en los campos arbitral, mercantil, civil y de lo contencioso: estaba confirmado en todas las instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Constitucional en 2007 y, además, en 2014, se había pasado ya el plazo de cinco años, contando desde la fecha de dictado del laudo, para utilizar el último cartucho: un recurso extraordinario de reversión de laudos firmes. También estaba fuera de plazo cualquier acción civil o penal contra los supuestos sobornadores y sobornados.

Del examen de los archivos del comisario relacionados con la supuesta persona de interés, el árbitro, se concluye que su trabajo se centró en la obtención de listados de empresas y propiedades vinculadas al árbitro, socios, familiares y allegados de éstos, información que fue extraída de bases de datos de acceso público (registros mercantiles y de la propiedad y redes sociales) y poco más. Un trabajo que cualquier administrativo de Grupo Planeta o del equipo de Viñeta hubiera obtenido en pocas horas. 

Entonces, invalidadas las dos principales excusas y teniendo en cuenta que nadie paga 40.000 euros más IVA por "7 folios" que "no demuestran nada", ¿cuáles son los servicios por los que pudo Planeta pagar a Villarejo en 2014? 

La investigación de Público apunta a que el objeto de interés en el periodo de contratación era la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Pablo Hernández, su director jurídico hasta septiembre de 2013 y secretario general hasta febrero de 2014, mes en el que es cesado tras una eficaz e intensa campaña mediática contra su persona ejecutada por prensa afín al comisario. Varios indicios apoyan esta tesis.

Por un lado, la temática de cientos de archivos de Villarejo almacenados en el periodo de contratación bajo la carpeta madre "July" y de las notas manuscritas tituladas con el mismo nombre en los cuadernos de trabajo de su equipo se centra en la SGAE y su director de servicios jurídicos.

Por otro, una revisión de la hemeroteca de la prensa afín al comisario durante el periodo de contratación (enero a mayo de 2014) arroja que durante esos meses dichos medios recuperan el caso del laudo de Kiss de diez años atrás, pero solo para usarlo de gancho en una campaña contra el director de los servicios jurídicos de la SGAE. Algo similar a lo que ocurre con el Caso Saga o Caso Sgae: se resucita para erosionar la figura del directivo.

Por último, el contexto temporal en el periodo de contratación de Villarejo es muy ilustrativo. Entre enero y mayo de 2014 se producían hitos decisivos que afectarían a dos cuestiones trascendentes para el negocio de las televisiones de Planeta. Ambos hitos dependían en muy buena parte de las decisiones que fuera tomando SGAE; y, con ellos, la cuenta de resultados de Planeta. Se trata de la fase prejudicial del Caso La Rueda de las Televisiones, destapado meses antes en una investigación interna de la SGAE, y de la tramitación de la modificación de la Ley de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual aprobada en 2010 (más recordada como Ley Sinde) en la Comisión de Cultura del Congreso, que debía llevarse en julio de 2014 al Senado y donde SGAE tenía voz.

Los asuntos donde SGAE decidía: 'La Rueda' y la modificación de la Ley Sinde

La fase prejudicial del Caso La Rueda de las Televisiones, por el que desde 2020 están imputados 14 entes televisivos incluyendo Atresmedia (controlada por Planeta) y Mediaset, tiene su origen en una investigación interna impulsada en SGAE en 2012 por su entonces presidente, Antón Reixa, y por los servicios jurídicos de la entidad. Reixa da a conocer dicha investigación en marzo de 2013 a través de un comunicado en el que anuncia la apertura de expedientes disciplinarios. 

A través de la operativa conocida como La Rueda, las televisiones, poniéndose el doble sombrero de emisor y de editor musical —y, por tanto, con derecho a cobrar regalías—, encontraban una vía aparentemente fraudulenta para recuperar un buen pellizco de la costosa tarifa plana (un 2,3% de sus ingresos publicitarios) que semestralmente (ahora es trimestral) pagaban a sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, como la SGAE, por el uso de su catálogo audiovisual.

Así, las televisiones, con su sombrero de emisor de obras musicales, pagaban a la SGAE por el uso de su catálogo y ésta repartía el dinero entre los dueños de los derechos de las obras emitidas. Hasta aquí todo normal. Pero algunas televisiones encontraron un resquicio por el que salir beneficiadas: con el sombrero de editoras musicales, algunos socios de Sgae introducían arreglos mínimos en obras de música clásica; y esto les permitía registrar estas obras como nuevas cediendo una parte de los derechos de autor a estas editoras quienes así participaban del reparto de derechos de autor a cobrar. Es decir, por esta vía recuperaban un buen pellizco de lo que, por otra vía, estaban pagando a la SGAE.

Además, las televisiones acordaron con las personas que registraban dichas obras que éstas les cedieran (a sus editoras musicales) hasta un 50% de sus derechos de cobro de autor  a cambio de que dichas obras fueran emitidas en la madrugada.

La operativa giraba en torno a obras clásicas, vídeos con intérprete y emisión en franja de madrugada, porque la SGAE repartía lo cobrado de las televisiones en función del tipo de música (la clásica se paga mejor), del minutaje (a más minutos, más dinero) y de si la obra se emitió con ejecución humana o sin ella (con ejecución humana el precio sube). La franja horaria de la emisión es secundaria, aunque se paga algo más si se emite en horario de alta audiencia.

Se calcula que las televisiones pudieron recuperar de esta manera 50 millones en el periodo de 2006 a 2011 y que, en conjunto, el perjuicio superó los 100 millones en cinco años para al menos 25.000 socios de SGAE.

La investigación de Reixa, los expedientes y la reforma del sistema de tarificación y reparto que planteaba (a lo que se oponían frontalmente Antena 3 y Tele 5) quedaron congelados con su oportuna destitución  en julio 2013 por una junta directiva en la que muchos votos estaban en manos de la facción de socios beneficiada por La Rueda.

Tras ello, un grupo de socios de SGAE prepara una denuncia que presenta el 27 de mayo de 2014 en la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV), y con la que la fiscalía abriría finalmente en 2016 el asunto en la Audiencia Nacional [DP 53/2016 La Rueda]. En 2017 se procede a las primeras  detenciones e imputaciones (una ejecutiva de Antena 3 entre ellas) y en 2020 se imputa a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación  junto a otros 13 entes televisivos. En total, transcurren siete años desde la fecha que aflora la operativa (2013), seis desde la denuncia (2014) y cuatro desde la apertura judicial (2016).

Los medios afines al comisario defienden a los implicados alegando que "nada de este mecanismo es ilegal", aunque "otra cosa es que sea ético o justo", en referencia al desigual reparto entre los socios, y alegan que "todo se ajusta a los reglamentos que marca la SGAE". Por su parte, los autos judiciales hablan de vacíos legales en los Estatutos de SGAE y su Reglamento, y se centran sobre todo en el posible registro fraudulento de obras y en la coordinación entre ejecutivos de las televisiones y el grupúsculo de socios investigados para su emisión en el horario de madrugada.

Mientras el Caso La Rueda copaba la agenda informativa, también en los meses de enero a mayo de 2014 se debatía a cara de perro en la Comisión de Cultura del Congreso la modificación de la Ley Sinde que debía estar lista en julio de 2014 para su envío al Senado. En dicho debate tenían voz la SGAE y su dirección jurídica.

Se discutía sobre aspectos de suma relevancia para las televisiones, como la limitación del porcentaje de ingresos publicitarios que las cadenas debían pagar por uso del catálogo a los sociedades de gestión colectiva de derechos, así como sobre medidas para poner freno a la subterfugio de La Rueda. La modificación de la Ley, aprobada en noviembre de 2014, dejó La Rueda como estaba (a favor, pues, de las televisiones participantes en el supuesto fraude).

Tuvieron que pasar otros cuatro años y medio (noviembre de 2018) para que el Congreso, con una enmienda, pusiese freno a La Rueda tras fracasar en 2016 un acuerdo arbitral entre autores y televisiones por la oposición frontal de Tele 5 y Atresmedia.

Julio de 2014 era, por tanto, la fecha en la que tenía que estar modificada la Ley Sinde para remitirla al Senado. Y, casualidad (o no), el término anglosajón "July" es el que utiliza Villarejo para dar nombre al encargo para Planeta. No obstante, los oficios policiales vinculan el nombre del proyecto con el nombre de pila del supuesto objetivo a investigar —el árbitro supuestamente sobornado en el viejo laudo de Kiss, Julio González Soria—, al que Villarejo denomina "Juli" o "Julio" en los títulos de sus archivos y "JUGO" (la primera sílaba del nombre de pila y la primera del apellido) en sus primeros informes "July".

Planeta, preguntada por Público, mantiene la versión ofrecida en 2019 al juzgado por su director de servicios jurídicos, Luis Elías Viñeta, acerca de los pormenores y motivos del pago al comisario en mayo de 2014.

Las publicaciones contra el director jurídico de SGAE coinciden con la contratación y notas de Villarejo

El contenido de los documentos incluidos en este "Proyecto July" de Villarejo tiene una correspondencia clara con una secuencia de artículos en medios y/o de redactores afines al comisario. Dicha secuencia se inicia precisamente en enero de 2014 y se remata con dos publicitados avisos de denuncias (una de Planeta), cuya difusión fue usada por la Junta Directiva de la SGAE para cesar al directivo en sus funciones.  

Con formato exclusiva de investigación periodística —y el gancho del siempre morboso laudo de Kiss FM de diez años atrás—, se dibujó al entonces secretario general de la SGAE como alguien que había incurrido durante años y a espaldas de la institución (opacidad que el directivo negó con contundencia) en incompatibilidad. Se le acusó de compaginar un puesto de dedicación exclusiva en la SGAE con asesorías a terceros en conflicto de interés como pagadores de derechos de autor que eran y, además, señalados en asuntos polémicos (se citaba como cliente suyo a Blas Herrero, dueño de radio musical por un lado y beneficiario del laudo de Kiss por otro).

Los artículos de la campaña contra el directivo se aderezaron con otros contenidos en poder de Villarejo, vestidos de supuestas (falsas) novedades de la Operación SAGA (o Caso SGAE), otro eterno proceso judicial que afectaba a la SGAE y a su expresidente Eduardo Teddy Bautista por supuestos desvíos de fondos.

Este proceso se había abierto en 2010 en el juzgado de Baltasar Garzón - como otros casos vinculados a proyectos del interés de Villarejo (el exjuez dirige ahora el bufete en el que trabajan abogados que llevan la defensa de varios de los comisarios que formaban la 'policía paralela' o 'brigada política'- y según se desprende de una declaración de uno de estos comisarios, Enrique García Castaño, también dirige la estrategia). Tras un periodo de hibernación, el caso Saga fue reactivado en 2011 por Pablo Ruz con entradas y registros televisados y grandes titulares, que el paso de años y jueces dejó reducido a la mínima expresión.

Así, aprovechando que el directivo había sido investigado en la pieza Arteria del caso SGAE (de la que Bautista acaba de ser absuelto), se publicaron oficios policiales de 2011 sobre su patrimonio y el de su mujer sin fechar y como si de novedades se tratase, para especular con el montante que el directivo pudiera cobrar de clientes fuera de la SGAE. Villarejo tenia documentación del caso Saga en un pendrive que se había grabado el 22 de mayo de 2012. 

El 1 de febrero de 2014 Onda Cero, según Elconfidencial que citaba fuentes de la dirección de la cadena de radio, anunciaba el "estudio de acciones legales" contra SGAE y el secretario general de la entidad por el "conflicto de interés" de su supuesta asesoría a Blas Herrero haciéndose eco de lo publicado en las semanas precedentes. Al tiempo que se informaba de ello, se le refrescaba al lector, en una suerte de justificación o coartada para este anuncio, la supuesta condición de perjudicada de Planeta en el tema del laudo.

Cuatro días más tarde, y mientas se celebraba la Junta Extraordinaria de SGAE para decidir su cese a la vista de lo publicado, distintos medios se hicieron eco de una querella en contra del directivo por apropiación indebida, falsedad, etc, de la que Villarejo también guardaba una copia.

Dicha querella fue interpuesta por un miembro de la SGAE, Fernando Bermúdez, que resultó ser precisamente uno de los tres socios que tres años más tarde, en junio de 2017, sería detenido por el Caso La Rueda en la primera redada policial y que, según los autos, interactuaba con una ejecutiva de Antena 3. 

Curiosamente, y a pesar de que la vinculación de Bermúdez con La Rueda estaba ya documentada en junio de 2013 y el caso estaba de plena actualidad, de la Operación La Rueda nada se dice en el serial de artículos sobre SGAE y el directivo. 

De esta manera, por arte de birlibirloque, de repente y tras diez años, en enero de 2014 se resucita en prensa el viejo laudo irreversible de Kiss FM de 2004, pero no para elucubrar sobre el mismo, sino como gancho para informar de un supuesto incumplimiento del secretario general de SGAE con su dedicación exclusiva. La relación causa-efecto se prueba en el propio comunicado que emitió la Junta Directiva, la cual motivó la convocatoria de una junta extraordinaria para decidir sobre el cese del secretario general a raíz de los "hechos conocidos recientemente" (en referencia a los artículos publicados) para "asegurar la honorabilidad, transparencia y buen funcionamiento de la sociedad" . 

Es pertinente recordar que las agendas de Villarejo incorporadas al sumario, que comprenden el periodo de 9 de mayo de 2016 al 2 de noviembre de 2017, vienen a describir al comisario, en la práctica, como una suerte de dircom (director de comunicación) o coordinador de publicaciones, registrándose en dichos cuadernos innumerables contactos con un nutrido, fiel y repetitivo grupo de redactores ubicados en las secciones de Interior, Tribunales e Investigación de un buen número de medios de comunicación de este país.

La relación de Villarejo con Planeta

Planeta remarca a Público que no existe otro pago a Villarejo que el del 21 de mayo de 2014 por 40.000 euros más IVA y que no hubo más contrataciones. Elías Viñeta aseguró desconocer la condición de policía en activo de Villarejo, al igual que el jefe seguridad de Planeta, Antonio López y expolicía. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la relación acreditada de Villarejo en al menos dos sumarios (Caso Nicolás, Tándem) con altos directivos de Planeta, en los que aparecen múltiples contactos con el actual máximo responsable del grupo, Mauricio Casals, al menos dos almuerzos con éste y Antonio García Ferreras (director de La Sexta, propiedad de Atresmedia, controlada por Planeta),  además de numerosos contactos y comidas con ellos (celebradas o propuestas) por separado y en compañía de otras personas, como Eduardo Inda y el socio del comisario Adrián de la Joya. En uno de los almuerzos (de mayo de 2016), estaba José Creuheras entre los comensales según un oficio de la comisión judicial del Caso Nicolás, en la pieza sobre la Grabación Ilegal al CNI.