Mientras Eduardo Inda, uno de los tertulianos estrella de Antonio García Ferreras o de Ana Rosa Quintana, considera a Alberto Royuela un "investigador", el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene puesta su lupa en este empresario inmobiliario catalán y orgulloso exmiembro de la Guardia de Franco por difundir campañas de mentiras y fake news.

El pasado noviembre el servicio secreto alertaba de que le seguía los pasos a través de su Observatorio Digital del Centro Criptológico Nacional (CCN), que trata de frenar la desinformación a través de la creación de una base de datos "de medios y perfiles potencialmente desinformativos" para "determinar el origen y la atribución de campañas destinadas a desestabilizar la cohesión social, política y económica" de España.

Este sería el caso del famoso Expediente Royuela, la supuesta investigación del ultraderechista, en la que acusa sin pruebas a un grupo de fiscales y funcionarios de las fuerzas de seguridad de centenares de asesinatos.

Además, Royuela explica sin ambages a los cachorros a los que adoctrina desde hace décadas en la guarida ultraderechista de Barcelona Club Empel, que los supuestos servicios de inteligencia que salieron del régimen franquista llevan años actuando al margen de la ley, con la connivencia en muchas ocasiones de funcionarios judiciales, policiales y de políticos. Él mismo habría pertenecido a este servicio de espías. 

A pesar de estar sobre aviso acerca del personaje, el juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la causa de Los papeles de Bárcenas —con la pieza relacionada con Kitchen incluida— ha admitido una presunta "denuncia" del "investigador" y dueño del Club Empel y ha dado rápido traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se inicien las pesquisas.

Alberto Royuela, según la web de Inda, habría aportado documentos sobre diferentes transacciones en paraísos fiscales, de Canadá a Delaware, que el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias habrían llevado a cabo una vez iniciada la investigación oficial contra ellos en 2013, y también sobre la operación Kitchen, en la que se robó diverso material al matrimonio por parte de varios miembros de la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy.  

Manos Limpias y Fuster Fabra, camaradas de Fuerza Nueva

Los comisarios de Las cloacas de Interior o la brigada política tienen estrechas relaciones con la extrema derecha desde finales del franquismo y durante la Transición, en concreto con la organización Fuerza Nueva, a la que pertenecieron algunos de sus miembros, como el comisario Enrique García Castaño, conocido como Blasillo por su relación con Blas Piñar, quien fuera líder de Fuerza Nueva. 

No es la primera vez que los clientes del bufete de Baltasar Garzón, Enrique García Castaño o Eugenio Pino, incluso su amigo el comisario José Manuel Villarejo, utilizan a miembros de la extrema derecha, a la que pertenecieron a finales de los setenta, para personarse en causas o introducir información en ellas. 

Por ejemplo, la relación entre García Castaño y Miguel Bernard, que fue secretario personal de Blas Piñar y ahora es la cara visible del sindicato Manos Limpias, es conocida por diferentes miembros del entorno de esta asociación y sus contactos con mandos de la Comisaría General de Información quedaron registrados en conversaciones de Bernard que constan en la causa Nelson.

También Villarejo menciona esta conexión en una de las grabaciones de la causa Kitchen desveladas por Público, cuando asegura que tienen "un tío dentro de Manos Limpias". Además, Villarejo reconoció en una de sus declaraciones que había obtenido un pendrive del caso Noos a través de la abogada de esta asociación, Virginia López Negrete. 

El modus operandi utilizado hasta el momento por la brigada política para dar salida a los informes fake era, primero, la filtración a sus periodistas afines, como Eduardo Inda o su mano derecha, Manuel Cerdán, identificado en las agendas de Villarejo como Luciman —por ser un hombre para todo, como decía el anuncio de la herramienta—. Después llegaba Manos Limpias, o la propia asociación del comisario Villarejo, Transparencia y Justicia, o se creaba una para el caso y ponía la querella y se personaba como acusación popular para así iniciar un procedimiento y poder regularizar la información. Así se hizo en el caso Pujol con Victoria Álvarez y Javier de la Rosa, con la cuenta de Xavier Trías y también intentó hacerse con el informe falso contra Podemos. 

Pero estas relaciones también se han dado con miembros más de renombre de esa extrema derecha de los setenta, como el letrado José María Fuster Fabra, que asimismo proviene de Fuerza Nueva y que fue abogado del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), creado por el comisario Villarejo a finales de los setenta, del que fue portavoz el exjefe de gabinete del número dos de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, y al que pertenecían también Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas. 

Fuster Fabra, que no ha renegado de sus ideas y fue impulsor de Sociedad Civil Catalana y de Ciudadanos, es abogado de los hermanos Ramón e Higini Cierco, dueños de la Banca Privada d'Andorra (BPA). En 2009 y 2010 organizó unas jornadas sobre blanqueo de capitales en la BPA a la que fueron invitados primero Baltasar Garzón, el fiscal Javier Zaragoza o el también juez Javier Gómez Bermúdez y, al año siguiente, de nuevo Garzón con la entonces fiscal y ahora fiscal general del Estado y pareja del exjuez, Dolores Delgado. 

En 2014, con la Operación Cataluña en marcha, el caso Pujol abierto y Baltasar Garzón teniendo como clientes a la BPA y a usuarios de la entidad investigados por las autoridades internacionales, José María Fuster Fabra intercede ante los comisarios Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas para que se reúnan con los hermanos Cierco y, poco después, Jean Paul Miquel, empleado de la banca andorrana, viaja a Madrid a entregarle al entonces comisario de Asuntos Internos las cuentas de la familia Pujol en la entidad. 

Garzón, el estratega y los papeles de Royuela

La estrategia de BPA y de sus clientes, definida por el empleado Pablo Laplana con un enigmático "hemos contratado a Garzón para que actúe", parece que fue diseñada por el despacho del exjuez, Illocad. Garzón no ejerce tras su condena a 11 años de inhabilitación por las escuchas de Gürtel, condena que acabará por cumplir el próximo mayo.

Una frase similar es la que repitió uno de los clientes del bufete, Eugenio Pino, para referirse al estratega de la defensa de la Operación Tádem, después de que uno de los primeros comisarios detenidos junto a Villarejo, Carlos Salamanca, contratara a Illocad. En este caso la sentencia se resumía en un "Garzón habemus", que volvía a situar a la actual pareja de la Fiscal General del Estado en el centro de la política elegida para la defensa de al menos tres imputados. 

En el caso de García Castaño, "quien tiene una relación más cercana con Alberto Royuela a través de otro empresario de seguridad catalana, Lorenzo González Díaz, que ya ha salido vinculado a Miguel Bernard en la causa Nelson y Pequeño Nicolás y que también militó en Fuerza Nueva", la estrategia que Baltasar Garzón diseñó con él no está dando todos los resultados deseados. 

En el registro de sus inmuebles no se encontró ni un solo documento relacionado con la Policía. Sin embargo, como destacamos en el último capítulo sobre la trama de la Operación Kitchen, García Castaño, siguiendo la estrategia diseñada por Baltasar Garzón, ha ido entregando pruebas que no se hallaron en el registro, algo que no está sentando nada bien ni al titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ni al fiscal Miguel Serrano. Por ejemplo, un pendrive donde supuestamente se encontraría el volcado de unos teléfonos móviles de Luis Bárcenas y cuyo contenido entregó presuntamente al juez en su última declaración y que ha motivado la apertura de una subpieza. 

Precisamente las transacciones de Canadá a Delaware corresponden al periodo de tiempo anterior a que García Castaño se descargara el contenido de dichos teléfonos. Y estaría vinculado al seguimiento que hacen a Bárcenas a Canadá gracias a la información proporcionada presuntamente por los hermanos Sánchez Lázaro: uno de ellos, Javier, socio del ex tesorero del PP; y otro, Fernando, socio del comisario de Barajas y estrecho amigos de Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal, como explicamos en el primer capítulo sobre la operación Kitchen. 

Fuentes consultadas por Público explican que, "visto el enfado que se están cogiendo fiscal y juez, es normal que busquen a un tercero para que entregue esa documentación, y también es normal que busquen otro juzgado, más aún si el juez es amigo personal de los acusados, porque Pedraz es amigo de García Castaño y era normal verlos juntos, además de con el propio Baltasar Garzón o el juez Fernando Andreu".

Por si hay alguna duda, el abogado que representa a García Castaño en Tándem lo explicó claramente en la primera declaración del comisario tras ser detenido en julio de 2018, como se escucha a continuación: 

García Castaño: Me está mirando el señor fiscal... Señoría, ¿no le importa que le interrumpa? Yo, señores fiscales, estoy a su disposición para lo que quieran. ¿Si tienen ustedes alguna duda?

Fiscal: Es decir, que después del juez, ¿puede ponerse a disposición de nuestro interrogatorio si quiere?

Juez: El letrado ha dicho que no. 

Defensa: En ese sentido quiero aclarar algo, señoría, que no es una decisión del señor García Castaño, pero ya fue a colaborar con los señores fiscales y no quisieron su colaboración y semanas después fue detenido en una detención que consideramos ilegal. Y la decisión no es ni siquiera mía. La decisión es del director de nuestro despacho [Baltasar Garzón], que no quiere que se articule hoy ninguna respuesta al ministerio fiscal por la mala fe que se demostró en no querer tomarle declaración en su momento... 

Pero ahora las cosas han cambiado. Las buenas relaciones con la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, además de con Eduardo Inda, el tertuliano que ha publicado la exclusiva de la denuncia de Alberto Royuela tras caer en manos del ministerio público, son más que evidentes.