Las cloacas de InteriorLa dircom de Díaz Ayuso, Inda y Montero, investigados junto a Villarejo y la cúpula policial del Gobierno del PP

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de obligar al juzgado de instrucción 49 a que proceda a investigar la querella interpuesta por el inspector Rubén López —encargado de la investigación del caso del pequeño Nicolás como jefe del grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos que dirigía el comisario Marcelino Martín-Blas en 2014— y en la que se solicitan diligencias contra toda la cúpula policial del PP, tanto la que estuvo bajo las órdenes del ex ministro Jorge Fernández Díaz como la que le sucedió y encabezó Juan Ignacio Zoido.

Dos ex directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía, Eugenio Pino y Florentino Villabona, tendrán que rendir cuentas por organización criminal, acosar a los investigadores y echar abajo todas las investigaciones que conducían a los negocios ilícitos de Villarejo y que ahora se investigan en la Audiencia Nacional bajo el paraguas de la causa Tándem. 

La Audiencia Provincial de Madrid da un fuerte tirón de orejas a la magistrada del juzgado número 49 de Plaza de Castilla porque "no puede entenderse justificado en ningún caso que no se haya dado traslado de la querella a los querellados, pues no parece razonable que, bajo la alegación de concretar los hechos, hayan transcurrido más de dos años desde que se dictó por este Tribunal el auto por el que se acordaba admitir a trámite la querella en los términos que se indicaban en el auto 61/2019 ", por lo que ordena que "debe darse traslado a querellados y recibírseles declaración". 

Entre ellos hay un grupo hay periodistas estrechamente vinculados en su mayoría a Villarejo y que han participado a lo largo de los años en desprestigiar al comisario Marcelino Martín-Blas y al inspector Rubén López, como Eduardo Inda, su redactor Alejandro Entrambansaguas o Daniel Montero, socio en la web que regentaba la mujer del comisario, Gemma Alcalá, también investigada.

Los delitos son múltiples y no son los mismos para todos, pero van desde la obstrucción a la justicia, represalias, acusación y denuncias falsas, acoso, delitos contra la integridad moral, coacciones, injurias, organización criminal, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y prevaricación.  

Las primeras coacciones al iniciar la causa 'Nicolay'

Pino y José Manuel Villarejo, así como la mano derecha del primero, José Ángel Fuentes Gago —exjefe de gabinete de Pino y que aún hoy sigue en el ministerio del Interior—, se reunieron a espaldas de su jefe, Marcelino Martín-Blas, en 2015 para eliminar cualquier rastro de Villarejo en la declaración y papeles incautados en el registro de Francisco Nicolás López Iglesias (conocido como "pequeño Nicolás").

Hacer esto era imposible sin delinquir: el pequeño Nicolás había mencionado a Villarejo en su declaración; había anotaciones en su agenda no sólo con el nombre del comisario y su socio Rafael Redondo, sino también con uno de los alias del primero, Manuel Villar, y una grabación con Javier de la Rosa en la que el banquero le contaba a Nicolás las andanzas del comisario en Catalunya y cómo éste le pagó 200.000 euros y le dejó a deber otros tantos haciéndose pasar por abogado y agente del CNI, algo que era materia de investigación de Asuntos Internos, el departamento que lideraba Martín-Blas.

Lo que el inspector Rubén López describe en su querella que sufrió después no fue menos grave que este suceso. 

Sorprendentemente, todo el trabajo que aparecía reflejado en los informes de la causa del Pequeño Nicolás está casi reproducido al completo en la multitud de piezas que ahora conforman la macrocausa Tándem (o caso Villarejo), que se abrió en febrero de 2017 tras quedar listo para ser juzgado el caso Nicolás. De hecho, el juez de la causa Nicolás llegó a autorizar la detención de la cúpula de Interior antes de las elecciones del verano de 2016 (los agentes tenían vigilados a sus miembros, incluido el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez), pero en el último momento el juez Arturo Zamarriego dio la orden de parar tras sufrir una amenaza. 

Iban a caer la mayoría de los imputados en la causa Tándem y algunos más: Villarejo, Enrique García Castaño, Eugenio Pino, José Angel Fuentes Gago... y también estaba autorizado el registro en las casas y puestos de trabajo de varios periodistas, entre ellos Eduardo Inda y Daniel Montero, por participar en la grabación y difusión de la reunión del CNI y Asuntos Internos a cuenta de la investigación del caso del Pequeño Nicolás, quien como Villarejo se hacía pasar por agente de los servicios secretos. 

Ahora, el juez Arturo Zamarriego irá a declarar que hasta en tres ocasiones fueron a verle el actual jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Francisco Migueláñez, y Fuentes Gago, entre otros, para que apartara de la investigación al comisario Martín-Blas y a Rubén López. Esta insistencia llevó al juez a crear una comisión judicial independiente de la que ordenó que no saliera ninguna información sobre la causa que acabara en Interior. Además, gracias a las grabaciones de Tándem, ahora se conocen elementos que aún no habían salido a la luz cuando en 2018 López puso la querella: las investigaciones a la vida privada del comisario Martín-Blas y su familia, así como a la del juez Zamarriego y posiblemente a otros de las que la actual Unidad de Asuntos Internos aún no ha dado cuenta. 

Tras hostigar al juez y a los testigos —entre ellos, la periodista de Público que desveló los principales tejemanejes de las cloacas de Interior— y cambiar al magistrado que lleva la causa y a la cúpula policial, las amenazas al grupo del inspector Rubén López no cesaron. 

La época de Zoido

Tras la jubilación del comisario Marcelino Martín-Blas, el inspector Rubén López se quedó al frente de la comisión judicial y el juez Zamarriego ascendió del juzgado número 2 de Plaza de Castilla a la Audiencia Provincial. La jueza que le sustituyó, Pilar Martínez Gamo, mandó a Adrián de la Joya a casa cuando se presentó a prestar declaración por sus relaciones con la finca La Alamedilla, a través de la cual el pequeño Nicolás y otros implicados en la trama (como el exdirector de inversiones inmobiliarias del Banco Santander, Javier Martínez de la Hidalga) pretendían presuntamente un blanqueo de capitales de casi 20 millones de euros. Motivo suficiente para que Villarejo grabara al CNI e intentara dar carpetazo a una investigación que afectaba a su amigo y socio, que es lo que exponía el informe que no quiso investigar la juez. 

Ahora, sin embargo, Adrián de la Joya está imputado en Tándem por los negocios realizados con Villarejo, que dejan poco lugar a dudas. 

Pero tras las elecciones de 2016 también llegó un nuevo ministro, Juan Ignacio Zoido, y con él un nuevo DAO, Florentino Villabona. Este encargó a la Unidad Adscrita de Policía Judicial de los juzgados de Plaza de Castilla —dirigida por el polémico Pedro Agudo, luego ascendido a comisario— que investigara la comisión judicial del caso Nicolás. De esta manera, todos los agentes que trabajaban a las órdenes del inspector Rubén López fueron degradados y enviados a destinos muy inferiores a los que habían desempeñado hasta ese momento y que no tenían que ver con Policía Judicial, como por ejemplo vigilar calabozos y a la sección de DNI.

Sin embargo, la Unidad de Asuntos Internos dirigida por Francisco Migueláñez, y que bajo las órdenes de Eugenio Pino intentó convencer al juez Zamarriego de que ni el comisario Martín-Blas ni el inspector Rubén López eran aptos para investigar el caso del pequeño Nicolás, recibieron a los meses una medalla roja con pensión vitalicia por detener a ese mismo comisario al que antes alababan. 

Pero, desde el principio, el comisario Villarejo no solo tuvo ayuda de la cúpula policial, sino también de periodistas de muy diferentes medios de comunicación que están incluidos en la querella del inspector Rubén López y que ahora la Audiencia pide que sean investigados. 

Los periodistas, la grabación al CNI y el machaque

En la querella, el inspector Rubén López acusa al comisario Villarejo y a la cúpula policial del PP de "crear una opinión mediática que desacreditara no solo el trabajo de los investigadores, sino también su profesionalidad, con una finalidad evidente de coaccionar e intimidar a los mismos en el desarrollo de la investigación".

Los periodistas imputados son los que participaron con mayor o menor conocimiento de causa en la difusión de la grabación ilegal al CNI y Asuntos Internos; hicieron públicas las identidades de los investigadores y cuestionaron la legalidad de las actuaciones que se llevaban a cabo en una causa supervisada por un juez y un fiscal. 

Los primeros en la lista son la mujer del comisario, Gemma Alcalá, y su socio en ese momento, Daniel Montero, ahora en Nius (Mediaset), junto al redactor que daba la cara por ellos, Carlos Mier; el trío que gestionaba la web Información sensible. Ellos realizaron la grabación, aunque según las pesquisas de los investigadores de la causa Nicolay tuvieron que tener ayuda de la Policía para conocer la hora de la reunión con los agentes del CNI y saber con quién se reunían. También tuvo que ser la Policía quien instalase en el teléfono de Martín-Blas —o en otro lugar del despacho del comisario de Asuntos Internos, que está en un edificio secreto sin insignias policiales— la tecnología necesaria para grabar el encuentro. Después, a través de sus móviles pero por vía aérea (sin dejar rastro de metadatos), la grabación presuntamente realizada por Mier llegó al de Montero, quien se lo facilitó a su socia y ésta a su vez a su marido, que quedó con Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta para entregarles la prueba que cerraría el caso. 

Estos quedaron a su vez con Nicolás y le ofrecieron la grabación a cambio de una entrevista. Es entonces cuando entra en juego Mediaset y, en concreto, su filial Producciones Mandarina, también imputada en el procedimiento. Esta productora, propiedad de Pedro Ravaldería y Santiago Botello, era la responsable del programa de Telecinco Un tiempo nuevo, dirigido por Sandra Fernández, que se emitía los sábados por la noche.

El programa contrató al pequeño Nicolás y difundió la grabación sin distorsionar las voces de quienes participaban en la reunión, algo que incumple la ley de secretos oficiales (que incluye la voz como una manera de identificar a los agentes). Dicha grabación había sido publicada ese día, también sin distorsionar, por el entonces director de Infolibre, Manuel Rico (que asimismo figura como investigado), si bien en las informaciones que acompañaban el audio se preservó la identidad de Rubén López, utilizando un nombre en clave.

Al dejar de emitirse el programa de Telecinco, cuando el juez del caso Nicolás mandó investigar el pago de 15.000 por parte de la productora al presunto estafador, la directora de dicho programa, Sandra Fernández, se fue a trabajar con Eduardo Inda como redactora jefa de Nacional.

Fue en esa época cuando el inspector Rubén López y el comisario Marcelino Martín-Blas, entre otros, sufrieron los ataques más furibundos por parte de la web del polémico tertuliano (de hecho la mayoría de informaciones citadas en la querella son precisamente de Okdiario, aunque también hay una buena cantidad de Información Sensible). 

Hoy Sandra Fernández es la directora de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.