"La situación ha mejorado con respecto a los años de crisis y hay evidencias de reactivación económica, pero se producen desequilibrios no visto antes en esta dimensión". Esta frase está extraída del informe sobre el año 2019 que el Defensor del Pueblo Andaluz elabora cada doce meses y que esta semana Jesús de Maeztu entregó a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

En el trabajo, Maeztu alerta contra los riesgos de la desigualdad e insta a las administraciones –a partir de un diagnóstico preciso sobre la realidad, a tomar medidas que combatan la pobreza de manera "urgente" con el objetivo de "proteger los derechos de la ciudadanía".

Estos son algunas de los razonamientos que se pueden leer en el estudio, de 600 páginas, que se puede consultar en su integridad aquí: "La recuperación está siendo profundamente desigual". "La vulnerabilidad económica y social sigue amenazando a buena parte de los andaluces". "La crisis ha frenado aspiraciones de una mejor y más completa ciudadanía". "La España poscrisis registra más pobreza y exclusión".

Esta otra está también están en el informe: "Se ha conseguido mejorar en aspectos de emergencia, como la pobreza energética, el riesgo de desahucio o el de malnutrición, pero hay otros aspectos asociados a la vulnerabilidad que han avanzado de manera insuficiente: llegar a fin de mes; hacer frente a gastos imprevistos o descansar con la familia una semana al año sigue siendo un deseo inalcanzable para muchos".

La oficina del Defensor, en un comunicado, destaca particulares situaciones de vulnerabilidad: "Está el caso de trabajadores pobres; niños y niñas que sufren pobreza infantil; de personas mayores de 65 años que son sustento de muchas familias; de personas migrantes, con un riesgo enorme de caer en la pobreza; de familias con hijos dependientes y mujeres solas con hijos, y personas necesitadas de vivienda, debido al coste de las mismas, incluido el alquiler, un fenómeno [que sufre] la falta de una regulación adecuada de los pisos turísticos".

El Defensor considera que las organizaciones sociales hacen un trabajo imprescindible que amortigua el impacto de la desigualdad y cita un estudio de Cáritas, en el que la ONG destaca que dos tercios de la población en Andalucía ha recuperado los niveles previos a la crisis económica, varios largos años después, "aunque de diferente forma".

Así, la ONG identifica cinco grandes grupos de población, según el resumen que recoge el Defensor, a los que describe de este modo.

Por un lado, está la sociedad "integrada", que se "ha reconfigurado" en dos conjuntos: uno en el que está la mayoría de andaluces, 5,7 millones, que "no tienen dificultad para su supervivencia" y, por otro lado, el de la sociedad "insegura", en la que Cáritas ubica a un millón de personas que, estando integradas, "viven en el filo de la navaja y tienen la certeza de que no se recuperarán si se presentase una nueva crisis".

Además, el resto de personas, hasta un millón y medio, el 18,6% de la población de la Comunidad, está en "exclusión social", de los que la mitad de ellos, unos 760.000, "viven en la exclusión de forma severa". La ONG considera que 300.000 personas de ese último grupo "acumulan tantos problemas que se podrían considerar descartados por la sociedad".

Los efectos de la covid

La llegada de la pandemia del coronavirus –sus efectos no han sido tratados en el informe, que se refiere al año 2019, y serán objeto de un estudio extraordinario– "ha certificado la vulnerabilidad de estos grupos", según indicó el Defensor. "Todos estamos bajo la misma lluvia, pero no todos tienen el mismo paraguas protector", dijo Maeztu. "Gran parte de las realidades analizadas pueden deteriorarse e incluso algunos derechos corren el riesgo de retroceder", agregó.

Maeztu, en un comunicado, apuntó cinco "lecciones" que ha dejado, a juicio de su oficina, la emergencia sanitaria.

Primera: La necesidad de reforzar lo público. Maeztu aludió al sistema de salud público y al sistema de educación pública como inversiones "necesarias para evitar la desigualdad y las brechas educativas". Maeztu también insistió en la necesidad de levantar viviendas públicas.

Segunda: Una revisión a fondo del modelo de residencias y la forma en que la sociedad trata a las personas mayores, y también el reforzamiento de los servicios sociales comunitarios.

Tercera: La recuperación será posible si es complementada con la creación de empleo, y con el "paso de una economía de mercado a una economía de cuidados". El Defensor instó a "cambiar la tendencia" para que la atención a colectivos "no se considere un gasto, sino una inversión necesaria para un nuevo modelo productivo". Maeztu quiere además que se integre a los inmigrantes "con la regularización y la eliminación de los asentamientos entre otras medidas, entre las que incluyó la autorización de residencia equiparándola a la de trabajo".

Cuarta: las comarcas rurales, la Andalucía despoblada u olvidada no puede ser abandonada. Maeztu agregó que el confinamiento "ha sido un ensayo general de la sociedad digital que viene para quedarse, ensanchando la brecha digital entre los preparados y los que no lo estén".

Quinta: La responsabilidad de mucha gente, la ayuda mutua, el compromiso horizontal, el acompañamiento. Maeztu quiso darle relevancia a lo que considera, una lección "positiva": donde no han llegado las administraciones, "han llegado los voluntarios, en los pueblos, en los barrios, una ola de solidaridad, de ayuda, que es un valor para una sociedad".