No solo es la forma, también es el contenido. Las derechas y la ultraderecha han vuelto a cargar en bloque este jueves contra los nuevos impuestos a la banca y las empresas eléctricas. A colación de una enmienda a la totalidad registrada por Cs a la norma que recoge estos dos gravámenes, y que se tramita en el Congreso a propuesta del PSOE y Unidas Podemos, PP, Cs y Vox han aprovechado la ocasión para arremeter contra una medida "arbitraria" y "populista".

El contexto del debate no es otro que el de la volatilidad inflacionaria. Se produce también después de las subidas escalonadas de los tipos de interés, cuya cifra ha alcanzado el 2% (su nivel más alto desde 2009) y tras conocerse la semana pasada que los grandes bancos españoles se embolsaron 1.400 millones extra en solo tres meses a costa de familias y empresas, además de los beneficios récords obtenidos por las energéticas en el primer semestre de 2022 por la subida de precios por la guerra de Ucrania.

Pese a esto, Ciudadanos ha defendido su propuesta alternativa de limitar la aplicación del gravamen a empresas petroleras, gasistas y mineras, dejando a un lado a las eléctricas, y gravar los beneficios netos de 2022 a partir del 20% obtenido en los tres ejercicios anteriores. Esto es, en palabras del diputado de EH Bildu, Oskar Matute, "una enorme trampa para embellecer su voluntad de inacción con las estas compañías".

Y es que, el parlamentario de la coalición abertzale ha sacado a la palestra el caso de Iberdrola para demostrar que la propuesta de los naranjas "gravaría sobre cero" los beneficios de estas corporaciones a pesar de que solo la empresa presidida por Ignacio Galán ha ganado 3.610 millones de euros en 2020, 3.885 en 2021, y se prevé que para 2022 alcance los 4.200 millones.

Asimismo, en la propuesta de Ciudadanos, rechazada por una amplia mayoría del Congreso, los naranjas defienden esfuerzos adicionales a los empresarios, funcionarios, trabajadores y pensionistas para "repartir equitativamente el coste de la crisis", obviando los beneficios caídos del cielo de las grandes compañías a costa, precisamente, de las familias y pequeñas empresas, lo que a su vez ha agravado la capacidad adquisitiva de estos dos colectivos.

El diputado popular Gabriel Elorriaga, cuyo grupo ha rechazado el texto alternativo a la ley, ha esgrimido que la norma "encierra un gran fraude político" porque con "artimañas populistas", el Gobierno "enfrenta a ricos y a pobres" para "ocultar" la recaudación, un falso mantra utilizado por los de Feijóo para sembrar el discurso de que el Ejecutivo "se forra" con los impuestos. Asimismo, ha afeado el "procedimiento arbitrario" de la ley por las empresas escogidas para gravar sus beneficios.

Por su parte, el parlamentario de Vox Rubén Manso ha señalado que, estos dos impuestos, más el de las grandes fortunas que el Gobierno previsiblemente incorporará en esta norma, reclamados por Bruselas, el FMI o la OCDE, "generan falta de inversión en España porque se vuelven menos interesantes para el inversor". "Es una medida intervencionista", ha apostillado el candidato ultra, desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales para hacer frente a la crisis económica.

Estos grupos se han expresado además en los términos planteados por el Banco Central Europeo en su informe emitido este jueves, el cual, en su posición lógica de velar por los intereses de la banca, pide al Gobierno que realice un "análisis exhaustivo" de las consecuencias negativas que podría tener sobre el sector este nuevo gravamen temporal.

Frente a este nuevo no de las derechas a esta medida redistributiva, otra vez una amplia mayoría de la Cámara Baja ha arropado la propuesta de los partidos del Gobierno. Con críticas sobre la forma, pero no sobre el fondo ni la necesidad, una visión que aglutina a fuerzas progresistas y conservadoras dentro de ese amplio espectro.

Una vez superado este trámite parlamentario, los grupos registrarán sus enmiendas al texto. Está por ver si el Gobierno finalmente introduce dentro de esta ley el impuesto a las grandes fortunas, una idea que ha deslizado el Ministerio de Hacienda. Asimismo, fuerzas como ERC intentarán convertir en permanentes estos tributos, mientras que el PNV insiste en que negociará para que los gravámenes no escapen del control de las Haciendas forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Con todo, esta nueva norma espera ver la luz antes de que acabe el año.