La derogación del delito de sedición da pie a un cóctel de reformas de calado

Un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, la rebaja de las mayorías en el CGPJ para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, la protección de la protesta pacífica ante el nuevo delito de desórdenes públicos y la reforma de la malversación. Estos son los principales elementos que los partidos del Gobierno, por un lado, y ERC, por otro, han propuesto este viernes vía enmiendas parciales a la reforma del Código Penal que acabará con el delito de sedición.

Se trata de un cóctel de reformas de calado que la derecha impugna y lo utilizará para arremeter contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En palabras del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, una vez abierta la reforma del Código Penal, algo que no se hace todos los días, "aprovechamos para hacer reformas necesarias". El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Jaume Asens, también ha insistido en esta línea: "Se podía haber hecho mejor, con más tiempo, pero llegamos a final de año y son deberes pendientes que habían quedado ahí", ha añadido en rueda de prensa.

Y es que, en lo relativo a la reforma con la que se buscan desbloquear la renovación de Tribunal Constitucional, los partidos del Gobierno basan su propuesta en la actitud "antidemocrática" y "antisistema" del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y el "intolerable" incumplimiento de la ley en el que incurren los miembros conversadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para acabar con la crisis institucional, PSOE y Unidas Podemos han planteado rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría simple en la elección de los dos magistrados al Constitucional que corresponde al Poder Judicial, cuyo órgano lleva cuatro años con el mandato caducado. Por medio otra corrección, ambos grupos proponen que, si pasados los nueve años y tres meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta", se procederá "a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional".

Para "reforzar la lucha contra la corrupción" y ante el hecho de que ERC también ha planteado la reforma del delito de malversación, PSOE y Unidas Podemos quieren introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito. "No existe un procedimiento para que, si tenemos un incremento desproporcionado de patrimonio, suceda algo", ha defendido Patxi López.

El nuevo tipo penal castigará con entre seis meses y tres años de cárcel y con inhabilitación de entre dos y siete años a los cargos públicos que, hasta cinco años después de abandonar su puesto, incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar.

Estas formaciones no se han querido pronunciar sobre si son favorables o no a la enmienda presentada por ERC a la espera de analizarla y comprobar que no suponga "ningún retroceso" en la lucha contra la corrupción y bajo la premisa de que "cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que ser sancionado".

En concreto, los republicanos piden crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel (una pena de entre seis meses y tres años de prisión, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años) a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal.

En el seno de la reforma del Código Penal que actualmente se tramita en el Congreso por el procedimiento de urgencia, los partidos del Gobierno han enmendado también su propia proposición de ley para blindar la movilización civil pacífica en el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados incluido en la norma.

La medida consiste en eliminar del Código Penal un epígrafe relativo al artículo 557 bis, que persigue conductas en protestas sociales y manifestaciones cuando no hay actos concretos de violencia, amenazas o pillaje. De esta forma, se pretende poner fin a las críticas de los movimientos sociales y de otros grupos de izquierda al considerar que la modificación del tipo de desórdenes públicos agravados afectaría a la desobediencia pacífica.