El bloqueo del Consejo del Poder Judicial es una de las cuestiones españolas que más preocupa e inquieta a Bruselas. La Comisión Europea se impacienta ante una situación de impasse que se dilata
en el tiempo sin visos de solución. Se trata de uno de los epicentros de disputa entre el PP y el PSOE y amenaza con mermar la confianza ciudadana sobre la Justicia española y la imagen del país en el
exterior.

El Consejo General del Poder Judicial viene ejerciendo sus funciones ad interim desde diciembre de 2018. La lucha en torno al órgano llamado a garantizar la independencia de los tribunales y los jueces ha traspasado las fronteras nacionales. Está en el centro político no solo de Madrid, también de Bruselas. Esta misma semana, el expresidente catalán Carles Puigdemont calificó esta parálisis como uno de los principales problemas de su desconfianza hacia el sistema judicial español y la separación de poderes.

La inquietud en Bruselas no es nueva. El Ejecutivo comunitario publicó su primer informe sobre la situación individual del Estado de Derecho en los 27 Estados miembros en 2020. Se trata de un documento que analiza en detalle el sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales relacionadas con el control y el equilibrio de poderes de las capitales. En base a ello emite recomendaciones a las capitales.

Ya en ese momento, la Comisión señaló su falta de renovación como uno de los asuntos más preocupantes y urgentes de España. Una alarma que ha sonado este año por cuarto vez.

"La situación del Consejo General del Poder Judicial suscita serias preocupaciones, ya que, en primer lugar, no ha sido renovado a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para
adaptar el procedimiento de nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados", resume el documento de 2023.

"La falta de renovación está repercutiendo en el trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto, lo que suscita preocupación en relación con el número de asuntos resueltos por el Tribunal Supremo y la duración de los procesos judiciales de su competencia", añade.

Durante los últimos años, las advertencias de la Comisión Europea a España se han redoblado materializándose en forma de llamadas, informes, visitas oficiales y toques de atención públicos y privados. Pero, para frustración de Bruselas, los avances en esta materia han sido nulos.

Didier Rynders, comisario de Justicia, llegó a mostrar su malestar en un debate plenario por el caso omiso de España a estas recomendaciones y advertía de que la Comisión podría tomar medidas por ello. La última reacción llegó hace tan solo unos días, cuando Reynders manifestó a través de una respuesta a una pregunta parlamentaria de Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos, que "la Comisión continuará trabajando con las autoridades españolas para promover el Estado de Derecho".

Bruselas exige a España que proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con "carácter prioritario" y le insta inmediatamente después a iniciar el proceso para adaptar el
nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a este órgano. Es decir, al menos la mitad de sus miembros deben ser jueces
elegidos por jueces.

En los pasillos de la capital europea advierten de que este retraso está afectando "negativamente" a la labor del Tribunal Supremo y al funcionamiento del sistema judicial en su totalidad.

Temen, además, que esta situación merme la imagen y credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y la separación de poderes. España ya cuenta con una de las tasas de confianza en los tribunales más bajas de la Unión Europea. Un 56% de los españoles valora la independencia de los jueces como mala o muy mala, una situación que solo superan los eslovacos, búlgaros, croatas y polacos.

Mancha en la imagen del país

El bloqueo del CGPJ es una mala noticia para la convivencia democrática dentro del país y también para la imagen internacional fuera de él. Es una de las peores manchas en el currículum del país, que ostenta este trimestre la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

"Estamos muy acostumbrados a hablar en esta Cámara de Hungría y Polonia, pero las medidas adoptadas por el Gobierno español durante los últimos años son muy preocupantes. Lamento que España, modelo en la transición, ponga en riesgo la independencia del poder judicial", afirmó el portugués Paulo Rangel, vicepresidente del Partido Popular Europeo en un debate en el Parlamento Europeo celebrado en marzo.

Lo cierto es que PP y Ciudadanos llevan desde hace años orquestando una ofensiva para desacreditar los intentos de desbloquearlo y cumplir así con lo dictado en la Constitución. La derecha política española ha forzado en Bruselas varios debates sobre la situación del poder judicial en España que algunas voces han utilizado para equipararla a la de Hungría y Polonia, el eje iliberal que suma años dinamitando la separación de poderes.

Estos debates han hecho del hemiciclo de Estrasburgo una extensión del Congreso de los Diputados, con debates broncos, nacionales y encendidos, que no ha ayudado a proyectar una buena imagen del país.

"España no tiene un problema con el Estado de Derecho, lo tiene con su oposición. Patriotismo también es hablar bien de un país en la UE. No veo ningún otro partido que haga esto en esta Cámara. Bajen del monte", afeó desde el atrio el eurodiputado socialdemócrata Ibán García del Blanco.

"Aunque estén empeñados en que España sea Polonia o Hungría, no hay comparación posible porque en España es la oposición y no el Gobierno la que pretende controlar a los jueces", coincidió María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos.

En el otro lado, Dolors Montserrat, líder del PP en la Eurocámara, afirmó que "España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones de su Gobierno".

En este cruce de acusaciones, la Comisión Europea ha sido muy cuidadosa, en público y privado, para no tomar partido en base a su condición sacrosanta de árbitro neutral y guardián de los tratados. Tras
la publicación del último informe sobre el Estado de Derecho, tanto PP y PSOE afirmaron que el documento responsabilizaba de forma implícita a su oponente, un juego político del que se distanció
la Comisión, que considera que la renovación debe ser una de las prioridades más altas del nuevo Gobierno español.