DesescaladaSánchez ofrecerá más cogobernanza a las CCAA y no utilizar el estado de alarma para otras medidas

El Gobierno quiere garantizarse el apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma por 30 días -hasta el 24 de junio-, y para ello está dispuesto a ceder en gran parte de las reivindicaciones planteadas por los partidos nacionalistas e independentistas, así como de Ciudadanos.

Por ello, planea llevar al Congreso de los diputados una prórroga con condicionamientos menos estrictos que las anteriores, donde lo que prime sea la restricción de la movilidad ciudadana. Las negociaciones se han sucedido con total discreción durante la semana y, si bien algunas fuerzas han destacado la buena predisposición del Ejecutivo, también han subrayado que aún queda casi una semana hasta la votación, y no es descartable que las conversaciones se extiendan hasta el último día.

Sánchez se comprometerá a no usar el estado de alarma para la aprobación de leyes que no tengan que ver con la pandemia

En concreto, Pedro Sánchez buscará esa mayoría necesaria para mantener el estado de alarma ofreciendo tres compromisos: aumentar la cogobernanza y no restringir derechos competenciales a los gobiernos autonómicos; no utilizar el estado de alarma para la aprobación de otras medidas que no tengan que ver con la situación de emergencia, y empezar a elaborar una ley con la que, en un futuro, se pueda restringir la movilidad y decretar el confinamiento sin necesidad de recurrir al estado de la alarma. 

Los partidos nacionalistas e independentistas le exigen a Sánchez que los gobiernos autonómicos tenga capacidad plena de decisión en la fase de desescalada, y puedan tomar medidas distintas a las que que marque el Ministerio de Sanidad. De hecho, ya se ha abierto la mano en este sentido y algunos autonomías han modulado las normas fijadas desde el Gobierno. Ahora se pretende una mayor autonomía a este respecto.

Esto chocaría con mantener el mando único en el Ministerio de Sanidad que ha estado vigente desde el 14 de marzo, aunque éste podría seguir en vigor mucho más condicionado y regulado en sus funciones.

El Gobierno ya ha desvinculado los ERTE del Estado de alarma, como le exigían varios grupos

El segundo compromiso pasa por no utilizar las facultades especiales que concede el estado de alarma al Ejecutivo para aprobar medidas que no estén relacionadas con la pandemia. El Gobierno ya cumplió su compromiso de sacar la regulación de los ERTE del estado de alarma, el martes, pero los partidos de la oposición quieren acotar aún más el margen de actuación del Ejecutivo durante estos 30 días.

En concreto, no quieren que se repitan casos como el nombramiento de Pablo Iglesias en la comisión que controla al CNI -que PP y Vox recurrieron ante el Tribunal Constitucional-; o la tramitación de la nueva ley de Educación durante el estado de alarma.

El tercer compromiso, que Sánchez explicitará con más detalle en la tribuna del Congreso, es promover una ley orgánica que regule la restricción de movilidad de los ciudadanos por causas sanitarias, sin tener que recurrir a decretar el estado de alarma.

Con estos tres pilares, Sánchez confía en que el próximo miércoles, en el pleno del Congreso, salga adelante lo que en teoría es la quinta y última prórroga del estado de alarma.

Espera repetir al menos los 178 votos que obtuvo en la votación anterior con el apoyo de Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Más los 155 votos que suman los partidos en el Gobierno: PSOE y Unidas Podemos.

Pero, además, se está trabajando también en lograr que ERC vuelva al menos a la posición de abstención que rompió en el último pleno para votar en contra. La cuarta prórroga fue la que menos apoyos de los grupos recabó, y Sánchez tuvo que abrirse a modificaciones para lograr los votos necesarios. El partido republicano se ha abierto a negociar con el Gobierno, y durante todo el jueves se mantuvieron contactos entre ambas partes.

No obstante, el voto de Compromís, incluido en esta cuenta, está en el aire. El portavoz de la formación valenciana, Joan Baldoví, afirmó el jueves que, de momento, están entre la abstención y el "no". Las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a cuenta de el reparto de 16.000 millones entre las comunidades sentaron como un jarro de agua fría, y Baldoví ha reclamado un cambio de rumbo urgente, si es que el Gobierno quiere contar con su voto.