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La diputada que alteró los planes de Gobierno

Ángeles Álvarez ha conseguido en dos semanas cambiar el órgano que tipificará el delito de agresiones sexuales y que se presupuesten lo 120 millones de euros comprometidos para la lucha contra violencia de género

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La diputada socialista Ángeles Álvarez, interviene desde su escaño en el Pleno del Congreso. EFE

La filósofa Victoria Camps contó en una entrevista que, cuando llegó a ser senadora no sabía bien su papel, y le preguntó a Javier Solana qué tenía que hacer. El ex secretario general de la OTAN le contestó con todo pragmatismo que podía hacer todo o podía no hacer nada. Pero sí quería trabajar, tenía todas las herramientas a su alcance para hacer oír sus proyectos y cambiar las cosas.

Aunque no consta que la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, conociera el consejo de Solana, parece que ha elegido la opción de no estar vegetando en el hemiciclo del Congreso durante una legislatura y utilizar todas las herramientas a su alcance para sacar adelante sus propuestas y modificar el estado de las cosas.

Así, en tan solo dos semanas, la diputada ha conseguido con su propia iniciativa cambiar la composición del órgano consultivo del ministro de Justicia al que se le ha encargado estudiar el cambio de tipificación de los delitos de agresiones sexuales tras la sentencia del caso de La Manada y, además, doblar el pulso al Gobierno para que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado los 120 millones comprometidos en el Pacto contar la Violencia de Genero.

Y es que Álvarez, en cuanto supo el encargo del ministro tras la polémica sentencia, se puso a buscar qué era ese organismo (bastante desconocido), qué funciones tenía y quienes lo componían. No tardó en alarmarse al descubrir que la nueva formulación del delito de agresiones sexuales la iban a decidir veinte hombres, lo que no estaba dispuestos a consentir.

Se fue a su despacho y se puso a redactar una Proposición no de Ley, con tanta prisa que en un primer borrador atribuyó el organismo al Ministerio del Interior (luego se corrigió) y se lo presentó a la dirección de su Grupo Socialista con el texto ultimado para tramitarlo con urgencia.

El escándalo saltó a los medios de comunicación de inmediato, y obligó a Ministerio de Justicia a modificar su composición y, ahora, en dicho órgano hay mayoría de magistradas.

El otro tema que tenía indignada a la diputada era el incumplimiento del Gobierno con el Pacto de Violencia de Género, que contemplaba dotar con 200 millones de euros la lucha contra la violencia de género, vía Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo había camuflado esta inversión incluyendo sólo 80 millones en los Presupuestos, y desviando los 120 millones restantes a la responsabilidad de comunidades autónomas y ayuntamientos, de utilizarlos si lo consideraban oportuno de los incrementos que habían conseguido en la financiación autonómica.

El Grupo Socialista presentó una enmienda, apoyada por el resto de grupos de la oposición, exigiendo que se incluyeran esa cantidad en las Cuentas del Estado como transferencia a comunidades autónomas y ayuntamientos. Había pocas esperanzas de que prosperara la iniciativa, hasta que escuchó a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, decir que estaban de acuerdo con dicha enmienda. ¡Había empate a votos!

Entonces, Álvarez se puso a “acosar” incesantemente al diputado de Nueva Canaria y al PNV. Esperó a que llegaran a Madrid al mediodía, los abordó, les explicó sus propuestas… y obtuvo su apoyo. “¡Por pesada! ¡Me lo han dicho así!, que lo apoyaban por pesada”, comentaba la propia Álvarez, tras lograr doblar el pulso al Gobierno y conseguir que los 200 millones figuraran por fin en los Presupuestos.

Tenía razón Javier Solana en su consejo: desde un puesto parlamentario se puede cambiar las cosas… o pasar los cuatro años sin hacer nada.

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