En el Gobierno se han impuesto dos máximas acerca de la experiencia de tener un Poder Ejecutivo coaligado entre dos formaciones distintas: que las discrepancias son consustanciales al sistema y se resuelven negociando (esta es la forma de avanzar en la legislatura); y que, con el Parlamento fragmentado y con una derecha dividida y en clara estrategia de crispación, los debates políticos de fondo tienen lugar en el Consejo de Ministros. Sin embargo, las diferencias respecto a las políticas de Igualdad han vuelto a poner en duda esta teórica manera de funcionar.

En este año de gobierno se han producido tensiones y discrepancias en distintos asuntos que han derivado en avances legislativos tras intensas negociaciones. Ha habido conflicto en materia de inclusión social (que ha dado lugar al Ingreso Mínimo Vital y al perfeccionamiento del sistema para acceder al mismo); o en materia de protección a los más vulnerables (que ha dado lugar a la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos). Y en la actualidad hay conflicto en otros asuntos, como el mercado laboral, el salario mínimo o la regulación de los precios del alquiler.

Sin embargo, durante todo este tiempo ha existido de forma latente y soterrada una discrepancia tan relevante y peligrosa para los cimientos de la coalición de gobierno como son las políticas de Igualdad, que no ha seguido el camino "natural" que sí han recorrido el resto de conflictos.

La diferente visión que el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, y el PSOE (encabezado en esta pugna por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien en el anterior Ejecutivo era la responsable de este área) tienen acerca de leyes tan cruciales para la izquierda como aquellas que buscan acabar con la discriminación de determinados colectivos vulnerables constituye un auténtico choque ideológico que amenaza al propio Ejecutivo.

El hecho de que, a pesar de que Igualdad lleva trabajando desde agosto de 2020 en la denominada ley trans, no haya trascendido apenas nada acerca de las discrepancias de los socialistas respecto a esta norma es un indicio de que los socios de Gobierno no están ante una discrepancia "habitual", al menos, de manera pública.

Pero ya desde la aprobación de la Ley de Igualdad de Género (hace ya más de un año y que sigue incomprensiblemente paralizada en no se sabe bien qué limbo procedimental) se percibió que entre el PSOE y Unidas Podemos hay grandes diferencias en esta materia. Ambos partidos sí pactaron estas modificaciones legislativas en su acuerdo de coalición, pero no su contenido.

El PSOE decidió presentar por su cuenta la ley de Igualdad de Trato, conocida como la "ley Pedro Zerolo" y sobre la que los socialistas llevan años trabajando, por entender que su propuesta estaba muy elaborada y que era imposible el acuerdo con Unidas Podemos. Además, recogía los principales objetivos socialistas y contemplaba una regulación jurídica impecable, según fuentes del PSOE.

Unidas Podemos puso el grito en el cielo, no sólo por su contenido ni por ser una decisión unilateral del PSOE que rompía los acuerdos parlamentarios de ir con iniciativas conjuntas, sino porque también dejaba fuera de juego a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es la competente en esta materia.

El Ministerio de Igualdad tomó la iniciativa el martes tras darse a conocer el borrador de la ley trans y la ley LGTBI, así como con el anuncio de que los anteproyectos irían al Consejo de Ministros este mismo mes de febrero.

Desde el entorno socialista del Gobierno ya se ha rechazado que esto pueda llegar a la mesa del Consejo de Ministros este mes y, además, han considerado este borrador como una propuesta de proyecto que sólo recoge las posiciones de Unidas Podemos, que no son en modo alguno las del PSOE.

Para los socialistas, esta es la respuesta de Unidas Podemos a la iniciativa parlamentaria del PSOE y a la reunión que mantuvo la vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE, Carmen Calvo, donde también avanzó que los socialistas tenían como objetivo sacar adelante la agenda de la igualdad, y citó expresamente este ley.

Calvo, que siempre lamentó que las políticas de Igualdad quedaran en manos de Unidas Podemos, no está dispuesta a que ese borrador no pase por el filtro de Vicepresidencia antes de llegar a la Mesa del Consejo de Ministros, entre otro motivos, alegan las fuentes consultadas, porque se quiere asegurar que la ley tenga calidad y seguridad jurídica, además de precisar otros conceptos más de contenido y otras diferencias de fondo.

No obstante, desde Vicepresidencia se quiere mostrar una posición colaboradora y, aunque ven los plazos anunciados por Unidas Podemos para llegar al Consejo de Ministros un tanto precipitados, se asegura que hay voluntad de que sea lo antes posible. El borrador, además, ya está en manos de otros ministerios, que tienen que pronunciarse sobre estos anteproyectos.

Las razones de Igualdad

Desde el Ministerio de Igualdad insisten en tres cuestiones. La primera es que la propuesta de la ley trans se basa en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en 2019 que entonces apoyaron todos los grupos parlamentarios (incluyendo el PSOE). La segunda es que tanto la propuesta como la ponencia parlamentaria de la que bebe contemplan la libre determinación de género y la despatologización de las personas trans (además de incorporar lo ya establecido por las sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo en relación al tratamiento de las personas trans en España).

Y la tercera es que en el acuerdo de coalición el compromiso es la elaboración de dos leyes distintas: una ley trans y una ley LGTBI; y no una única norma que fusione las dos regulaciones.

Desde el entorno del PSOE se ha lanzado la idea de unir ambas legislaciones en una, pero tampoco harán una batalla crucial de esto, siempre y cuando haya cambios sustanciales en los borradores presentados.