El Gobierno de coalición afronta estas semanas las negociaciones de una de las medidas más relevantes del acuerdo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en diciembre de 2019: la regulación de los precios del alquiler.

El diagnóstico es claro para ambas formaciones en un país en el que la emergencia habitacional es alimentada por precios desorbitados y alquileres abusivos, sobre todo en las grandes ciudades. En España hay 0,9 viviendas sociales por cada 100 habitantes, según los datos recopilados en el Boletín Especial de Vivienda Social del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta cifra la sitúa muy lejos de la media europea, que es de 3,8 viviendas, y de países como Holanda (12,5) o Francia (7,2). Sin embargo, pese a que pueda existir cierta coincidencia en el diagnóstico, las fórmulas planteadas por uno y otro partido distan mucho entre sí, al menos de momento.

En este marco, los de Pablo Iglesias han puesto sobre la mesa varias propuestas para atajar el problema de la vivienda: la regulación y control de precios en las denominadas zonas tensionadas; la prohibición permanente de los desahucios que se acordó a finales de diciembre de 2020 y que expirará cuando decaiga el estado de alarma, en el mes de mayo; la creación de un impuesto que grave las viviendas vacías (a partir del cuarto inmueble); y la cesión de la Sareb y de los grandes fondos de inversiones de parte de sus inmuebles vacíos al parque público de vivienda en alquiler (en concreto, a los parques públicos de cada comunidad autónoma, ya que en España no existe un parque público estatal).

Hasta el momento se han producido dos reuniones entre los equipos del PSOE (liderado por el secretario general de Vivienda, David Lucas) y Unidas Podemos (encabezado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra). Según fuentes conocedoras de las negociaciones, la primera reunión tuvo un carácter genérico y el tono fue constructivo; sin embargo, en el segundo encuentro, cuando se empezaron a abordar cuestiones de fondo, se constató que, al menos de momento, ambas partes están muy lejos del acuerdo.

Que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 participe del desarrollo de esta legislación (que recae en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) deviene del pacto cerrado a finales del pasado año para aprobar el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Entonces, tras semanas de negociaciones, los socialistas se comprometieron a involucrar a los de Pablo Iglesias en la elaboración del texto legislativo, en calidad de "coproponentes".

Para Unidas Podemos, la ausencia de alquileres asequibles y la emergencia habitacional responden, en buena medida, al negocio que han hecho con la vivienda los grandes fondos de inversiones. En este sentido, la formación morada considera que estos grandes fondos se deben corresponsabilizar de la situación a través de la cesión de viviendas al parque público para que puedan ser puestas a disposición de la ciudadanía a través de alquileres asequibles, en régimen de vivienda social y protegida.

El PSOE propone construir más viviendas

Los ingresos de estos alquileres asequibles no irían a parar al Estado, sino a los fondos propietarios de las viviendas. Respecto a la Sareb, la sociedad está participada al 45,9% por el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y la cesión de vivienda a los parques públicos de las comunidades autónomas podría realizarse a través de un cambio en sus estatutos.

Según fuentes conocedoras de la negociación, el PSOE habría propuesto atajar este problema de la vivienda social a través de la construcción de nuevos inmuebles, una vía que desde Unidas Podemos no ven de forma positiva. En primer lugar, porque creen que el problema no reside en la ausencia de inmuebles, sino en el negocio que se ha hecho con ellos en los últimos años; y, en segundo lugar, porque consideran que acometer la construcción de nuevas viviendas dilataría los plazos de resolución de la emergencia que se está dando en estos momentos.

Unidas Podemos también quiere crear un impuesto que grave a los inmuebles vacíos en base al precepto constitucional del derecho a la vivienda. Esta medida permitiría, a juicio de la formación morada, movilizar vivienda. La tasa, que en principio se aplicaría a partir del cuarto inmueble vacío, tendría un tramo estatal y un tramo autonómico.

Respecto a la prohibición de los desahucios, la formación morada quiere blindar en la ley de vivienda para garantizar el mantenimiento de esta medida. En la actualidad esta prohibición está ligada al estado de alarma, de manera que cuando decaiga, desaparecerá, como ya sucedió en el intervalo de tiempo entre el primer estado de alarma decretado para hacer frente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus y la alarma vigente en la actualidad, cuyo final está previsto para el mes de mayo.

La regulación de los alquileres es la cuarta pata de la propuesta planteada por los de Pablo Iglesias. El compromiso, recogido en el acuerdo de coalición, es el de acabar con los precios abusivos del alquiler a través de la declaración de las denominadas zonas "tensionadas", aquellas cuyo precio medio del alquiler sea desorbitado y se sitúe fuera de criterios razonables de mercado. En el acuerdo de coalición, ambas formaciones se comprometen a impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

En concreto, el acuerdo de coalición establece que "se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica". El objetivo de los índices de referencia, prosigue el texto, es es que "los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales se puso una propuesta sobre la mesa hace cuatro meses, pero, según fuentes conocedoras de las negociaciones, el PSOE todavía no ha planteado una contrapropuesta. Ambas partes seguirán negociando en las próximas semanas. En el acuerdo aprobado tras cerrar los Presupuestos se establece que la ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses. El objetivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que la nueva ley de vivienda se pueda llevar en el mes de marzo al Consejo de Ministros, de manera que la norma pueda estar aprobada antes del verano.