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Políticas activas de empleo El Gobierno quiere medir por primera vez la eficiencia del gasto en las políticas de empleo

El Ministerio de Trabajo negocia con las comunidades la implantación de un mecanismo de control y revisión que permita evaluar el rendimiento de los fondos públicos en materia de políticas activas de empleo y verificar su utilidad. El Ejecutivo quiere evitar el riesgo de que este mecanismo pueda dar lugar a una competición entre autonomías.

Una mujer pasa ante una oficina de empleo en Madrid, en una imagen de archivo.
Una mujer pasa ante una oficina de empleo en Madrid, en una imagen de archivo. JuanJo Martín / EFE

alexis romero / manuel sánchez

El Ministerio de Trabajo estudia, de la mano de las comunidades autónomas, la posibilidad de implantar un mecanismo de evaluación y control del rendimiento de los fondos públicos destinados a las denominadas políticas activas de empleo (el conjunto de estrategias e intervenciones del Estado para luchar contra el desempleo).

En la actualidad, el Ejecutivo negocia en varios foros (principalmente en el diálogo social, con patronales y sindicatos, y también en el diálogo territorial, con las autonomías) las estrategias y planes de activación del empleo con el objetivo de cambiar radicalmente el enfoque que históricamente han seguido estas políticas.

En este sentido, desde el Ministerio de Trabajo consideran que hasta ahora las políticas activas en España han partido de una suerte de estigmatización del desempleado que traslada la culpa del desempleo al propio trabajador, lo que provoca que los poderes públicos no asuman su responsabilidad constitucional de buscar el pleno empleo.

El cambio pasaría por desplegar estrategias coherentes con la problemática del desempleado a través de instrumentos como itinerarios personalizados, propuestas formativas y orientación para el empleo. Desde Trabajo defienden que el desempleado debe tener derecho a contar con la ayuda de un orientador profesional con la formación suficiente que haga un diagnóstico individualizado de su situación y que, por lo tanto, establezca sobre esa base un itinerario que pueda acabar en una oportunidad de empleo.

En este proceso de modificación de las políticas activas de empleo, el Ejecutivo ha detectado que las administraciones no cuentan con datos sobre el control y seguimiento de las estrategias que se han desplegado históricamente para reactivar el empleo, y tampoco con un análisis de la ejecución de los fondos que se han destinado a esta materia.

En este momento no hay mecanismos de seguimiento sobre el rendimiento de los fondos públicos; además, las políticas activas también carecen de una serie de indicadores comunes y coherentes (el despliegue de las estrategias para activar el empleo recae en gran medida en las comunidades autónomas), y de criterios de verificación que permitan hacer una evaluación a posteriori.

Más de 6.000 millones, con el impulso de los fondos europeos

Es por esto que desde el Ministerio de Trabajo se propone introducir un mecanismo de evaluación de las políticas activas que incluya un análisis de la utilidad y ejecución de los fondos que las sostienen. Este segundo punto cobra más relevancia si se tiene en cuenta que la revisión de las estrategias actuales que quiere llevar a cabo el Gobierno se hará de la mano de los fondos europeos de reconstrucción, y que el presupuesto destinado a estas políticas ha aumentado un 35,7% en 2021 respecto al ejercicio anterior, hasta los 6.482 millones de euros.

La introducción de este mecanismo, sin embargo, reviste de cierta complejidad. El análisis y la revisión de las estrategias para paliar el desempleo recaería de forma importante en los datos presentados por las comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo se quiere evitar a toda costa que la evaluación de las políticas activas y el control sobre la eficiencia del gasto lleven a los territorios a un marco de competitividad o rivalidad.

Díaz: "Somos las principales interesadas en que se sepa qué hacemos y que estos fondos están bien invertidos"

Es por esto que desde Trabajo estudian los mimbres de ese mecanismo de evaluación con el objetivo de que no se produzca un agravio comparativo entre las comunidades autónomas, sobre todo si se tiene en cuenta que las capacidades, el contexto y los sistemas productivos de cada territorio difieren entre sí, y que, de alguna manera, habría que tener en cuenta todos estos factores a la hora de poner en marcha la revisión.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió la necesidad de introducir esta reforma en una reunión que mantuvo el pasado lunes con los consejeros de Empleo de las autonomías. Para la ministra, esta auditoría permitiría rendir cuentas del destino de los fondos empleados tanto ante los ciudadanos como ante la Unión Europea, lo que, a su juicio, permitirá que "ofreciendo respuestas europeas podremos alcanzar resultados europeos en materia de empleo".

"Es fundamental evaluar para garantizar la eficacia del sistema, pero también de cara a la rendición de cuentas públicas ante nuestra ciudadanía y ante la Unión Europea. Somos las principales interesadas en que se sepa qué hacemos, y que estos fondos están bien invertidos y son muy relevantes para el futuro de nuestra sociedad", explicó la ministra.

Además, con estas medidas de control se quieren neutralizar los discursos de algunos sectores de la derecha que desacreditan la utilidad las políticas activas de empleo, y poder aportar datos constatables de su utilidad y la necesidad de seguir afianzando estas políticas para crear nuevas oportunidades laborales.

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