Ley de viviendaUnidas Podemos quiere mantener en la ley de vivienda la prohibición de los desahucios más allá de la pandemia

Unidas Podemos quiere blindar en la ley y garantizar el mantenimiento de dos de las medidas del denominado escudo social que se desplegaron para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia del coronavirus: la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros básicos. Fuentes de la formación aseguran a Público que van a plantear en el seno del Gobierno de coalición la inclusión en la Ley de Vivienda de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y del corte de suministros a la población vulnerable.

En la actualidad estas dos medidas están ligadas al estado de alarma, de manera que cuando decaiga, estas prohibiciones desaparecerán, como ya sucedió en el intervalo de tiempo entre el primer estado de alarma decretado para hacer frente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus y la alarma vigente en la actualidad, cuyo final está previsto para el mes de mayo.

La nueva ley de vivienda está siendo elaborada de forma conjunta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (dirigido por el socialista José Luis Ábalos) y la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 (dirigida por Pablo Iglesias).

Según apuntan desde Unidas Podemos, la suspensión de los desahucios y de los cortes de la luz, el agua o el gas "se han erigido como indispensables para garantizar la protección social en estos momentos". Estas medidas, que fueron negociadas por la formación morada y el PSOE, forman parte del escudo social que el Gobierno desplegó en marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

El mantenimiento de estas medidas se ha garantizado gracias a las sucesivas prórrogas que el Ejecutivo ha ido aprobando durante el pasado año para garantizar los suministros básicos y prohibir los lanzamientos de familias vulnerables. Estas prórrogas, a su vez, han sido el fruto de intensas negociaciones en el seno del Ejecutivo, unas negociaciones en las que se han visto importantes discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos a la hora de abordar estas cuestiones.

En este sentido, los de Pablo Iglesias consideran que es necesario "blindar" estas medidas y convertirlas en ley a través de su inclusión en la norma que el Gobierno está redactando en materia de vivienda. "Con su inclusión en esta ley se aseguraría la continuidad de las mismas y, además, se evitaría que se produjeran situaciones de desprotección de las familias más vulnerables, como lamentablemente ocurrió el pasado noviembre y diciembre", defienden desde Unidas Podemos.

Si finalmente ambos socios del Ejecutivo llegaran a un acuerdo para incorporar esta medida a la ley de vivienda, la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos para familias vulnerables "sobrevivirán" a la pandemia y regirán también fuera del estado de alarma. "En un país con más de tres millones de viviendas vacías no se puede dejar a nadie en la calle, y esta medida permitiría a España cumplir con su obligación internacional en materia de derecho a la vivienda, contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", explican estas mismas fuentes.

El PSOE y Unidas Podemos ya negocian la ley de vivienda

La pasada semana los equipos técnicos de la Vicepresidencia Segunda y del Ministerio de Transportes se reunieron para avanzar en la redacción de la ley de vivienda. Que Unidas Podemos participe del desarrollo de esta legislación deviene del pacto cerrado a finales del pasado año para aprobar el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Entonces, tras semanas de negociaciones, los socialistas se comprometieron a involucrar a los de Pablo Iglesias en la elaboración del texto legislativo, en calidad de "coproponentes".

Uno de los puntos fundamentales de la futura norma será la regulación de los alquileres; aunque el PSOE y Unidas Podemos están negociando la ley por bloques y todavía no se ha llegado a este apartado, esta podría ser la cuestión que genere más conflicto y discrepancias entre ambas formaciones, sobre todo en lo que respecta a las vías elegidas para tratar de atajar los alquileres abusivos.

El compromiso, recogido en el acuerdo de coalición, es el de acabar con los precios abusivos del alquiler a través de la declaración de las denominadas zonas "tensionadas", aquellas cuyo precio medio del alquiler sea desorbitado y se sitúe fuera de criterios razonables de mercado. En el acuerdo, ambas formaciones se comprometen a impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

Sobre los mecanismos para tratar de contener los precios de los alquileres el acuerdo apunta que "en estas zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos

contratos como de los contratos existentes".

Los mecanismos elegidos para tratar de contener los precios del alquiler podrían generar discrepancias en el seno del Gobierno

En concreto, el acuerdo de coalición establece que "se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".

El objetivo de los índices de referencia, prosigue el texto, es es que "los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

En Unidas Podemos se remiten al contenido del acuerdo y  esperan que la futura ley de vivienda contemple la intervención del mercado desde ayuntamientos y comunidades autónomas para poder contener y rebajar los precios en zonas donde objetivamente el precio del alquiler sea desorbitado.

El objetivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que la nueva ley de vivienda se pueda llevar en el mes de marzo al Consejo de Ministros, de manera que la norma pueda estar aprobada antes del verano.