Regulación de los alquileresEl Gobierno comienza a trabajar en la ley de vivienda para acabar con los alquileres abusivos

Los mismos ministerios que finalizaron el año 2020 con el acuerdo sobre la prohibición de los desahucios mientras se mantuviera la vigencia del estado de alarma han comenzado el nuevo año trabajando en la elaboración de una norma que resulta fundamental, a la par que compleja, para el Gobierno de coalición: la nueva ley de vivienda.

Los equipos técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales ya negocian el contenido de una legislación cuyo punto fundamental a dirimir es la vía para tratar de rebajar los precios de los alquileres, que es el compromiso firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de coalición. Hasta el momento, en principio solo se han celebrado reuniones de carácter técnico, aunque la colaboración entre los dos ministros del ramo, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos, es la que impulsa la elaboración de la nueva norma.

Que Unidas Podemos participe del desarrollo de esta legislación deviene del pacto cerrado a finales del pasado año para aprobar el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Entonces, tras semanas de negociaciones, los socialistas se comprometieron a involucrar a Unidas Podemos en la elaboración del texto legislativo y, de hecho, son los equipos dirigidos por Iglesias y por Ábalos los que están trabajando directamente en este asunto.

La sintonía entre ambos ministerios es buena, y de esta colaboración han surgido acuerdos como la prohibición de los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional en plena pandemia, un acuerdo que estuvo a punto de dinamitarse a raíz de las diferencias entre los ministros de Unidas Podemos y las carteras socialistas de Economía y Justicia acerca de compensar a los fondos buitres que vieran reducidos sus beneficios a causa de esta medida.

Aunque el desarrollo de la ley de vivienda acaba de echar a andar de manera formal (según fuentes del Ejecutivo, esta misma semana los equipos técnicos han empezado a abordar los capítulos de la futura norma) ya se vislumbran algunos de los escollos que pueden generar diferencias entre ambas partes y que pueden llegar a entorpecer las negociaciones.

El compromiso, recogido en el acuerdo de coalición, es el de acabar con los precios abusivos del alquiler a través de la declaración de las denominadas zonas "tensionadas", aquellas cuyo precio medio del alquiler sea desorbitado y se sitúe fuera de criterios razonables de mercado. En el acuerdo ambas formaciones se comprometen a impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

El índice de precios ya está vigente

En concreto, se establece que "se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".

Este índice de precios ya fue aprobado por el Ministerio de Transportes (actual Ministerio de Fomento) en junio del pasado año mediante el tratamiento y análisis de datos estadísticos sobre los precios del alquiler de viviendas en base a criterios como las superficies medias de los inmuebles, el precio medio en euros por metro cuadrado, la renta media mensual y ubicación por comunidades autónomas, provincias, municipios, distritos y secciones censales.

El acuerdo también recoge que los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar "de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable". 

El objetivo de los índices de referencia, prosigue el texto, es es que "los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

El objetivo del ministerio dirigido por José Luis Ábalos es que la nueva ley de vivienda se pueda llevar en el mes de marzo al Consejo de Ministros, de manera que la norma pueda estar aprobada antes del verano. Para Unidas Podemos este compromiso es irrenunciable.