La tercera reunión sobre la prórroga de los denominados expedientes de regulación de empleo (ERTE) ha terminado este jueves sin acuerdo, a apenas 24 horas de que se cumpla el plazo que Gobierno y agentes sociales se dieron la pasada semana para encauzar el asunto.

Según fuentes sindicales, el principal escollo sigue siendo la exigencia de las patronales de suavizar la cláusula antidespidos que se contempla en el mecanismo de los ERTE, y que obliga a los empresarios que despidan a trabajadores a devolver las exenciones y bonificaciones que hubieran disfrutado durante la pandemia.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claro el miércoles durante una entrevista que la cláusula antidespidos se mantendría en los mismos términos en la prórroga. Hasta el momento, el mayor avance que se ha conseguido en la mesa de diálogo es el acuerdo respecto al plazo de extensión de los ERTE, que se prorrogarían hasta el 31 de mayo, coincidiendo con la vigencia del estado de alarma.

"La cláusula sigue persistiendo; va implícito", avanzó la ministra, que recordó que este mecanismo es tripartito y que no solo contempla el esfuerzo de las empresas, sino también el sacrificio del trabajador (que al acogerse al ERTE renuncia al 30% de su salario) y el de las administraciones públicas (que emplean recursos para mantener las cotizaciones). "No se han destinado 14.000 millones de euros a mantener el empleo para que las empresas puedan despedir", dijo Díaz el miércoles. 

En esta misma línea, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, avanzó en unas declaraciones a Europa Press que el sindicato no cedería respecto a las garantías del mantenimiento del empleo. A su juicio, España no puede hacer un esfuerzo de "seguramente más de 20.000 millones de euros" con el objetivo de sostener el empleo para "asumir los salarios que temporalmente dejan de pagar las empresas y las cotizaciones que dejan de pagar y no pedir como contrapartida que las compañías no puedan despedir en un tiempo".

La propuestas de la patronal

Sin embargo, según las fuentes consultadas, la patronal no está dispuesta a estampar su firma en un nuevo acuerdo para prorrogar los ERTE si se mantiene la cláusula antidespidos. La CEOE lleva reivindicando poder despedir a un trabajador tras finalizar el ERTE desde el último acuerdo de ampliación del mes de septiembre, pero finalmente cedió en sus posiciones advirtiendo de que sería la última vez que asumiría este condicionamiento.

Los empresarios estarían dispuestos a aceptar a devolver las cotizaciones abonadas por el Estado correspondiente a cada trabajador que despidan, pero no la totalidad de las ayudas recibidas por los ERTE del conjunto de los trabajadores afectados.

Las posiciones son irreconciliables con las posiciones que mantienen los sindicatos, que creen que es el momento de que el Ministerio de Trabajo tome una decisión en este sentido en la línea que ha manifestado la ministra, aunque ello suponga que no hay acuerdo social.

Por ello, desde el Ministerio de Trabajo se presentó en la reunión una nueva propuesta que podría también conducir a desbloquear la situación, pero que según fuentes del diálogo social no afecta a la cláusula antidespidos. Dicha propuesta será estudiada por los agentes sociales, pero no se ha llegado ni a fijar fecha para una nueva reunión.

No obstante, aún queda tiempo para intentar buscar una salida pactada hasta el próximo 31 de enero, fecha en la que expira el actual mecanismo de los expedientes temporales de regulación de empleo. De lo contrario,  este será el primer acuerdo sobre los ERTE que no contará con el consenso global de los agentes sociales.