La cláusula que obliga a los empresarios a devolver las bonificaciones y exenciones que hubieran disfrutado durante la pandemia en caso de despedir a un trabajador se mantendrá en la siguiente prórroga de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE). Así lo ha avanzado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este miércoles durante una entrevista en La Hora de la 1, en la que ha asegurado que no solo persistirá esta cláusula, sino todas las garantías de mantenimiento del empleo.

"La cláusula sigue persistiendo; va implícito", ha avanzado la ministra, que ha recordado que este mecanismo es tripartito y que no solo contempla el esfuerzo de las empresas, sino también el sacrificio del trabajador (que al acogerse al ERTE renuncia al 30% de su salario) y el de las administraciones públicas (que emplean recursos para mantener las cotizaciones). "No se han destinado 14.000 millones de euros a mantener el empleo para que las empresas puedan despedir", ha añadido Díaz.

La cláusula antidespidos es, precisamente, el principal escollo para que el diálogo social pueda lograr un acuerdo definitivo sobre la prórroga de los ERTE, que expiran el 31 de enero. El viernes de la pasada semana Gobierno y agentes sociales se reunieron por primera vez para abordar esta cuestión y constataron un amplio consenso respecto a los plazos y el alcance de la prórroga para ampliar el mecanismo hasta el 31 de mayo, coincidiendo con la vigencia del estado de alarma.

Sin embargo, desde las patronales se pidió que Trabajo suavizara las penalizaciones que se imponen a las empresas que despidan a trabajadores durante la pandemia tras recibir recursos públicos, una exigencia que ha impedido hasta el momento cerrar un acuerdo en el marco del diálogo social. 

El lunes la mesa de los ERTE se volvió a reunir y Ejecutivo, sindicatos y patronales avanzaron en cuestiones técnicas, aunque tampoco lograron cerrar un acuerdo definitivo. Ya el viernes todas las partes se habían comprometido a tener encauzado el acuerdo antes del final de esta semana, por lo que la ministra ha asegurado esperar que el tema pueda estar más o menos cerrado, como tarde, el viernes 15.

Con la intención de Díaz de preservar la cláusula antidespidos y todas las condiciones del mantenimiento del empleo, la pelota está en el tejado de las patronales, que deberán decidir si suscriben el acuerdo (como han hecho en las sucesivas prórrogas de los ERTE que se cerraron en 2020) o si abandonan el consenso respecto a la medida estrella del denominado escudo social que el Gobierno desplegó para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

Casi un 80% de los trabajadores han salido del ERTE

"Vamos a mantener el esquema de protección de empresas y trabajadores que teníamos. Hemos perfilado cambios administrativos que mejoran la gestión y la última mesa de diálogo fue muy técnica. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a trabajadores y empresarios: vamos a extender un mecanismo que ha funcionado bien", ha dicho la ministra, que también ha avanzado que se beneficiará a los mismos sectores que hasta ahora.

Díaz ha recordado que España es uno de los países que menos trabajadores mantiene acogidos a un ERTE y ha valorado de forma positiva la reincorporación de los empleados a sus puestos de trabajo: "Somos el segundo país después de Holanda con menos trabajadores en ERTE. Hay unos sectores que tienen que ver con la estructura económica de nuestro país que son claves, como son el sector turístico, la hostelería, las agencias de viajes, la cultura... Pero hemos reincorporado a los trabajadores con rapidez".

En la actualidad España mantiene a 756.000 trabajadores acogidos a este mecanismo, lo que equivale a una reducción del 79,1% sobre la cifra máxima alcanzada en marzo. Desde el final de marzo hasta diciembre, el número de personas en ERTE en España se ha reducido en casi 2,9 millones.