El diálogo socialEl Gobierno encauza el diálogo social para cerrar las negociaciones pendientes y con la vista puesta en la reforma laboral

El 2020 fue el año de la pandemia del coronavirus, del primer Gobierno de coalición de la democracia y también uno de los más intensos que se recuerdan en el seno del diálogo social. Las propias consecuencias económicas y laborales de la covid-19 obligaron a establecer un diálogo permanente entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales después de que estrenaran el año con el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros.

La aprobación de los denominados expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y sus sucesivas prórrogas han marcado buena parte de la agenda de un diálogo social que mantiene abiertas las negociaciones acerca de varias reformas que se pretenden impulsar desde Trabajo. Desde su llegada al Ejecutivo, el objetivo de la ministra, Yolanda Díaz, es el de reformar un mercado laboral cuya arquitectura es fruto de la respuesta económica que el Gobierno de Mariano Rajoy dio a la crisis del año 2008.

En este sentido, la derogación de la reforma laboral es una de las principales metas del Ministerio de Trabajo, después de que el PSOE y Unidas Podemos se comprometieran a suprimir sus aspectos más lesivos en el acuerdo de coalición que firmaron en diciembre de 2019.

La irrupción de la pandemia y la apertura de otras mesas de negociación acerca de conflictos laborales recientes (como la regulación pendiente de los denominados riders, que según el Tribunal Supremo desempeñan su labor como falsos autónomos), han aparcado la posibilidad de abordar la derogación de la reforma laboral, aunque desde Trabajo se insiste en que este "melón" se abrirá en cuanto se cierre un acuerdo en materia de plataformas digitales.

El pasado lunes Yolanda Díaz se citó con los líderes de los principales sindicatos (UGT y Comisiones Obreras) y patronales (CEOE y Cepyme) con el objetivo de hacer un balance del diálogo social (sobre todo de las mesas de negociación que permanecen abiertas) y de analizar las reformas que Trabajo quiere abordar en los próximos meses, entre las que destaca por encima de todas la derogación de la reforma laboral.

Aunque fue una primera toma de contacto, en la reunión se habló de cuestiones como el destino de los fondos europeos, y el Gobierno trasladó verbalmente a los agentes sociales las propuestas y documentos que se enviarán a la Comisión Europea sobre la hoja de ruta a seguir por el Ejecutivo en materia laboral.

Los sindicatos piden la hoja de ruta que se enviará a la UE

La ministra ha citado de nuevo a los representantes de los agentes sociales a una nueva reunión este viernes para retomar las conversaciones del lunes. Los líderes sindicales ya han trasladado que en este encuentro esperan disponer de los documentos que Trabajo quiere remitir a Bruselas con el objetivo de poder estudiarlos y de hacer propuestas.

"Hemos tenido conocimiento verbal de los documentos que en materia de trabajo el Gobierno piensa presentar en Bruselas. Necesitamos los documentos escritos de esta y del resto de cuestiones que se plantearán a la Comisión Europea", afirmó el pasado lunes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, una posición compartida por el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.

Tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo creen que la llegada de los fondos europeos es una oportunidad para llevar a cabo una gran reforma del mercado de trabajo y de las relaciones laborales que ataje problemas enquistados como la temporalidad, el desempleo o el paro juvenil. 

En diciembre la ministra de Trabajo se reunió con los comisarios europeos de Economía, Paolo Gentiloni, y de Empleo y Derechos Sociales, Nicholas Schmit, para trasladar este objetivo y esbozar algunos de los elementos clave que quiere llevar al diálogo social cuando se negocie la derogación de la reforma laboral. Entre estas propuestas estarían la simplificación de las modalidades contractuales actuales a tres (contrato indefinido, temporal justificado y de formación) o bonificar la estabilidad en el empleo para acabar con la precariedad, la temporalidad y la fluctuación que lastran al mercado laboral español.

Pero antes de abordar esta cuestión, el diálogo social debe dar carpetazo a algunos de los asuntos que han marcado su agenda en los últimos meses y que están pendientes de resolución. Una de las mesas abiertas en la actualidad es la que estudia la prórroga de los ERTE. Tras constatar la pasada semana un amplio consenso de todas las partes en torno a situar la extensión de este mecanismo hasta el 31 de mayo (coincidiendo con la vigencia del estado de alarma), y después de que este lunes se avanzara en algunas cuestiones técnicas, Gobierno y agentes sociales se han comprometido a encauzar un acuerdo esta misma semana.

Prórroga de los ERTE, salario mínimo, 'riders' o políticas activas de empleo: las negociaciones abiertas

Por eso se reunirán este jueves con la previsión de que de este encuentro pueda salir una decisión más o menos definitiva. El principal escollo se sitúa en la actualidad en la exigencia de la patronal de suavizar la cláusula antidespidos, que en la actualidad obliga a los empresarios a devolver todas las exenciones y bonificaciones que hubieran disfrutado durante la pandemia si despiden a un trabajador. Ni Trabajo ni los sindicatos contemplan esta cuestión, por lo que el acercamiento de posturas en este sentido se antoja complejo.

También está previsto que esta semana se reúna la mesa que aborda la regulación de las denominadas plataformas digitales, cuyo principal fundamento radica en el reconocimiento de las relaciones laborales de los riders. Este foro está paralizado debido a la división que sufre la patronal en este asunto entre aquellas empresas favorables a regularizar la situación de estos trabajadores (que implicaría reconocer su actual estatus de falsos autónomos, como ya hicieran el Supremo y otros tribunales) y aquellas que defienden la continuidad del modelo actual.

En la última reunión que se celebró en 2020, las empresas continuistas con el modelo de los riders estaban ganando la batalla a aquellas otras que denuncian que esta situación provoca competencia desleal. Otra de las mesas que se mantienen abierta son la de la subida del salario mínimo (congelado desde diciembre) y la de políticas activas de empleo. Respecto a la segunda, aunque en este caso sí que se han producido avances importantes, su complejidad (que pasa por una negociación que también incumbe a las comunidades autónomas) ha alargado la vida de esta mesa de diálogo.

El objetivo del Gobierno es utilizar estas políticas como una herramienta para acabar con la precariedad del mercado laboral, una herramienta que en un futuro se complementará con la derogación de la reforma laboral. 

Desde el Ministerio de Trabajo se sabe que se avecina una negociación difícil en temas fundamentales que, además, están muy vinculados a los fondos que llegarán de Europa. El propósito de Yolanda Díaz es que una parte de este dinero sea utilizado en potenciar y mejorar las políticas activas de empleo, un objetivo que un principio no estaba concretado con unos de los fines primordiales del Fondo de Reconstrucción, pero que ahora sí será un objetivo prioritario. Este asunto podría estar encima de la mesa en la reunión del viernes, ya que también es de interés prioritario para los sindicatos.