La prohibición de los cortes de suministros de agua y gas serían, a día de hoy, el principal elemento de desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo en materia de garantía de suministros básicos. Este miércoles han hablado sobre este asunto tanto la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, las dos partes directamente implicadas en las negociaciones sobre los suministros.

El martes, desde Unidas Podemos se denunció que Transición Ecológica se estaba negando de forma reiterada a suscribir el acuerdo para prohibir los cortes de suministros en plena pandemia del coronavirus y, en concreto, mientras se prorrogue el estado de alarma. Apenas unas horas después de esta denuncia, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que ya había acuerdo para prohibir los cortes a las personas vulnerables a través de la fórmula planteada por los de Pablo Iglesias: impedir cualquier corte a personas declaradas vulnerables por los servicios sociales de las comunidades, que deberán reconocer esa condición.

Sin embargo, desde Unidas Podemos se desmintió que se hubiera llegado a un acuerdo, y no quedó claro si el asunto de los cortes de suministros básicos estaba o no resuelto. Tras las declaraciones de Belarra y Ribera de este miércoles queda claro que aún no hay un acuerdo, aunque ambas partes apuestan porque el decreto se apruebe lo antes posible.

Sí que se despeja algo más cuáles son los principales escollos que bloquean el pacto. La secretaria de Estado ha insistido en que lo que piden desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales es el corte de "todos los suministros", y que la propuesta que habían recibido desde Transición Ecológica se referiría solo a la luz.

Desde la vicepresidencia cuarta se habría asegurado que Unidas Podemos no habría estado presente en ninguna reunión relativa al corte de suministros, una versión que Belarra ha desmentido de forma tajante: "Estuve reunida durante más de dos horas con la secretaria de Estado de energía el 4 de diciembre y esa (la prohibición de cortar todos los suministros) no fue la propuesta que se nos hizo", ha asegurado la secretaria de Estado para la Agenda 2030 durante una entrevista en La hora de la 1.

También se ha referido a este asunto la vicepresidenta cuarta, que ha explicado que el retraso se debe a la "complejidad técnica" de la medida y, en concreto, a una cuestión de competencias territoriales. "Tiene complejidades porque las competencias del Estado tienen que ver con la regulación eléctrica, pero el Tribunal Constitucional nos ha dicho que la parte térmica es de Servicios Sociales, y por lo tanto sería de las comunidades autónomas, y los suministros de agua son competencias de los ayuntamientos".

Un asunto competencial con ayuntamientos y comunidades

En este sentido, Ribera ha asegurado que "estamos trabajando en el modo de congelar todas las limitaciones asociadas a las dificultades del impago mientras dure el estado de alarma, y ampliar el bono social a un bono social multienergía". Además de la prohibición de los cortes, desde Transición Ecológica estarían trabajando en un estatuto del consumidor vulnerable "que permita garantizar por ley todos esos derechos extra para poder ofrecer confort a las personas".

Tanto la vicepresidenta cuarta como la secretaria de Estado han hablado de la necesidad de llegar a un acuerdo más pronto que tarde en esta materia, sobre todo con la llegada del invierno en los próximos días. Ambas partes se han mandado también mensajes cruzados relativos a la negociación.

Ribera ha dicho que "puede haber discrepancias técnicas en un problema complejo, pero a mí me parece que lo mejor es trabajar en equipo tranquilamente y no generar preocupación en la gente cuando no hay motivo para ello". Por su lado, Belarra ha recordado que el asunto de los cortes de suministros es un compromiso del programa del Gobierno de coalición: "La medida debe cumplirse, será más pronto o más tarde, pero no me planteo un incumplimiento del programa".

Para la secretaria de Estado para la Agenda 2030 es "positivo" que la ciudadanía conozca las discrepancias existentes en el seno del Ejecutivo de coalición y pueda "participar" en el debate: "Es buena noticia que la ciudadanía participe en los debates que hay en el seno del Gobierno. Seguiremos trabajando con total lealtad y en equipo. Esta es la nueva cultura de coalición y de diálogo".