La producción legislativa del Gobierno de coalición parece tener dos fases: la elaboración de las leyes (a la que normalmente precede una intensa negociación que durante un tiempo deriva en conflicto a causa de las discrepancias); y la atribución de su autoría, sobre todo si se trata de una norma o medida de izquierdas o de carácter progresista.

Tras una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros se esperaba la comparecencia conjunta de los ministros de Trabajo (Yolanda Díaz) y de Seguridad Social (José Luis Escrivá), ya que ese día se iba a presentar el último acuerdo para prorrogar los ERTE, la medida estrella del denominado escudo social. Sin embargo, solo compareció ante la prensa el ministro de Seguridad Social, que venía de una semana más que difícil a raíz de la filtración de una polémica medida en materia de pensiones. Aquello se consideró uno de estos "gestos de atribución" que siguen a unas difíciles negociaciones.

Sin embargo, en las últimas semanas esta dinámica para tratar de atribuirse la autoría de una medida progresista ha derivado directamente en una carrera por ver quién es el proponente. Son conocidas en el ámbito parlamentario las carreras que alguna vez han protagonizado en los pasillos del Congreso portavoces y diputados de los grupos políticos para llegar los primeros al Registro de la Cámara Baja con el fin de atribuirse la condición de haber iniciado "los primeros" la andadura de leyes susceptibles de pasar a los anales de la historia. Y ya en la oposición, PSOE y Unidas Podemos protagonizaron varios espectáculos de este tipo.

Algo parecido a esto sucedió este lunes con ambos partidos ya formando parte del Gobierno, pero entrando en una nueva alocada carrera para ver quién se apuntaba el tanto de proponer la reforma en el Código Penal de los delitos sobre la libertad de expresión.

Podemos dice que cumplió el protocolo

Desde Unidas Podemos se deja claro que el PSOE conocía no solo la intención de los de Iglesias de presentar su ley de protección a la libertad de expresión, sino su contenido. El secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, explica en este sentido que su formación y el Grupo Socialista se llegaron a intercambiar borradores, y que los de Pedro Sánchez conocían perfectamente cómo y cuándo iba a presentar Unidas Podemos su iniciativa.

Según la versión del grupo confederal, se siguieron los protocolos que ambos partidos pactaron para garantizar el buen funcionamiento de la coalición; en este caso los que hacen referencia al deber de informar a la otra parte y, en la medida de lo posible, consensuar las iniciativas parlamentarias que se vayan a presentar.

En primer lugar, hace ya tiempo, Unidas Podemos informó a la Vicepresidencia Primera y de Relaciones con las Cortes, dirigida por Carmen Calvo, de su intención de presentar esta ley. A partir de este momento es cuando se habrían producido el intercambio de borradores del que habla Guijarro.

La cronología

Pero el momento clave se dio este lunes, cuando, sobre las 19.30 horas, Unidas Podemos avisó a la parte socialista del Gobierno (en concreto, y de nuevo, a la vicepresidenta, Carmen Calvo) de que el martes registrarían esta ley, que, según el secretario general del grupo parlamentario confederal, ya tenía el visto bueno del Ejecutivo.

Unos minutos más tarde, a las 19.40 horas, los de Iglesias convocaron a la prensa a una comparecencia del presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, y del portavoz de UP en la Comisión de Interior y secretario general del PCE, Enrique Santiago; aunque no explicaron cuál era el motivo de esta convocatoria, más allá de que se produciría tras la celebración de la Junta de Portavoces del Congreso.

Una hora y diez minutos más tarde, concretamente a las 20.56 horas, la Secretaría de Estado de Comunicación difundió una escueta nota en la que apuntaba, en líneas muy generales y sin entrar en medidas concretas, que el Ministerio de Justicia estaba trabajando en una serie de reformas para revisar aquellos delitos relacionados "con excesos en el ejercicio a la libertad de expresión".

En torno a las 21.20 horas, desde el Ministerio de Justicia se dice que toda la información se canaliza desde la Secretaría de Estado de Comunicación y no es hasta casi una hora después, a las 22.10 horas, donde se emite ya una nota informativa confirmando que "se estudiará la posibilidad de reformar los delitos más controvertidos en lo que comúnmente se denominan delitos de expresión".

Ya iniciada la carrera y como acto final, Unidas Podemos, que entendió el difundido de la Secretaría de Estado de Comunicación como un intento por dinamitar la presentación de su ley, reveló a la prensa a las 21.41 horas el motivo de su convocatoria y difundió la proposición de ley que posteriormente registraron el martes.

En este caso, la propuesta de Unidas Podemos, mucho más concreta que la de los socialistas, avanzaba la retirada del Código Penal de los delitos de injurias a la Corona, injurias a los símbolos y administraciones del Estado, ofensa a los sentimientos religiosos y enaltecimiento al terrorismo.

Desde el Gobierno y desde el PSOE se niega la versión de Unidas Podemos. El secretario general del Grupo Parlamentario, Rafael Simancas, asegura que no se le adelantó el contenido de la propuesta de Unidas Podemos, dando a entender que no se habían respetado los protocolos de funcionamiento. 

Por su parte, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, indicó que la iniciativa del Gobierno responde a un inquietud que hay en la sociedad y también dijo desconocer la propuesta presentada en el Congreso por el partido morado.​