En torno a 270 mujeres ejercen como juezas en Afganistán. Su situación ahora, tras la reconquista del país por los talibanes, es especialmente vulnerable. Señaladas como "malas mujeres" o "infieles" por su profesión ante los ojos de la integrista ley islámica del régimen talibán, las juezas afganas piden ayuda a la judicatura internacional, a través de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, en sus siglas en inglés), entidad a la que que pertenece la Asociación Afgana de Mujeres Juezas (AWJA), formada por un centenar de magistradas de ese país. 

La IAWJ ha señalado en un comunicado que el pasado mes de julio mantuvo una reunión telemática con la AWJA y recogió la preocupación de las juezas afganas por su integridad y la de sus familias y por su actividad judicial. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas recuerda que el pasado mes de enero dos juezas del Tribunal Supremo de Afganistán fueron acribilladas a balazos por hombres armados cuando se dirigían a su puesto de trabajo, en Kabul. Se trató de un atentado selectivo inmerso en una campaña dirigida contra intelectuales, periodistas y activistas que los talibanes pusieron en marcha tras la firma de una acuerdo con Estados Unidos comprometiéndose a reducir la violencia y los grandes ataques. 

La jueza Anisa Rasooli (1969, Parwan, Afganistán), actual jefa del Tribunal de Apelación de Delitos Graves de Corrupción, pertenece a la Asociación Afgana de Mujeres Juezas y es una figura crucial en la judicatura de su país. Conoce bien el terror talibán, del que tuvo que huir en los noventa, instalándose en Pakistán, donde dio clases en un colegio de niñas. A su regreso a su país, continuó con la docencia hasta que en 2001, con la invasión de Estados Unidos y el establecimiento de un gobierno interino, Anisa Rasooli fue nombrada jefa del Tribunal Primario de Menores de la Corte Suprema. 

Rassoli es una de las pocas mujeres con un alto cargo en los tribunales. En 2018 fue nombrada por el presidente afgano jueza del Tribunal Supremo, convirtiéndose en la primera mujer en lograr ese cargo. En una entrevista realizada el 11 de junio de 2020 por el Instituto de Investigación noruego Michelsen, la jueza Anisa Rassoli, alertaba de que era imprescindible "defender los derechos de los jueces, en particular de las mujeres jueces, ya que seguimos siendo vulnerables a las amenazas a la seguridad y carecemos de apoyo". Ahora con el régimen talibán, la amenaza para ellas será aún más patente y peligrosa. 

Hasta ahora, según la Constitución de la República Islámica de Afganistán de 2004, el poder judicial es un órgano independiente del Estado, compuesto por el Tribunal Supremo, los Tribunales de Apelación y los Tribunales de Primera Instancia. El Tribunal Supremo está integrado por nueve miembros nombrados por el presidente afgano y respaldados por la Cámara del Pueblo. La mayoría de las 270 juezas trabajan en los tribunales de menores y los de familia. Muy pocas están destinadas a otros tribunales especializados, como los tribunales comerciales y de antinarcóticos. Desde 2001, los pasos de las mujeres en la judicatura afgana habían ido cosechando pequeños triunfos, pese a la dificultad con la que se enfrentan debido a la sociedad patriarcal y tradicional en la que desarrollan su labor.

Piden que las juezas afganas sean protegidas

La Asociación Internacional de Mujeres Juezas ha subrayado los peligros a los que se enfrentan las juezas afganas "debido a la naturaleza de su trabajo y las sentencias anteriores que han dictado en los tribunales penales, anticorrupción y de familia"  y a la "probabilidad de que las personas a las que han condenado sean liberadas de la cárcel". Esta organización, compuesta por más de 6500 juezas de más de cien países, insta a los gobiernos a "incluir a las jueces afganas y sus familias, que se encuentran en una situación tan desesperada y precaria, en las medidas especiales extendidas a intérpretes, periodistas y otro personal que prestó servicios esenciales a las fuerzas militares extranjeras en Afganistán". 

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), miembro de la IAW, asegura en un comunicado que "nuestras colegas en Afganistán ya están siendo amenazadas de muerte ante el avance imparable talibán". La AMJE ha enviado cartas a los Ministerios de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales solicitando "los medios necesarios para atender las necesidades de nuestras compañeras juezas, incluso con ofrecimiento de asilo dada su condición de perseguidas por su condición de mujeres en cargos de responsabilidad al haber venido desarrollando su función jurisdiccional".

Asociaciones judiciales españolas

Las cuatro asociaciones judiciales de España han mostrado su apoyo a las mujeres afganas y a las juezas de este país a través de comunicados y mensajes en las redes sociales. También lo ha hecho el Consejo General de la Abogacía Española, en un comunicado en el que indicó estar "extremadamente preocupado por el rápido deterioro de la situación de Afganistán" y pidió al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Unión Europea "que se haga un esfuerzo de generosidad en la acogida de ciudadanos que están tratando de huir del país".

En apoyo de las mujeres juristas afganas se ha sumado también la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que se ha mostrado en su cuenta de 'Twitter' su "solidaridad y preocupación" por las mujeres de la judicatura "ante la situación de alto riesgo para su vida y su seguridad en estos momentos en Afganistán".