"Poca cosa: pagar los recibos, cobrar la pensión y tener algo de dinero en casa". Estas sencillas operaciones bancarias son las que piden hacer, casi suplican, los mayores que viven en las zonas rurales, pero también en las capitales de la comunidad castellano y leonesa. Los servicios financieros, como otros muchos, tienen un carácter esencial para la población, pero la atención personalizada en las sucursales bancarias lleva más de una década deteriorándose, lo que deja a numerosos colectivos, sobre todo a los mayores, sin alternativas claras.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) señala al respecto que "hay que buscar un equilibrio óptimo entre la inevitable digitalización de la banca y la presencialidad que exigen estos segmentos de la población, menos familiarizados con el entorno digital".

Y ante la actitud de la Junta de Castilla y León, que mira para otro lado, Suárez reconoce que el sector bancario "sigue instalado en una actitud negacionista del problema", pero pide precisamente "a las administraciones públicas competentes en la materia que se involucren en esta problemática: de nada sirve afear conductas cuando se tienen obligaciones como servidores públicos para legislar y poner coto a esta situación".

"No podemos permitir que haya exclusión financiera y económica de estas zonas con riesgo de cierres masivos de oficinas bancarias", añade. Desde Asufin reconocen que el descenso de la población hace que las oficinas en zonas rurales dejen de tener una cantidad de clientes suficiente que garantice su rentabilidad, pero "estamos hablando de un colectivo, como el de las personas mayores, no habituado a la banca digital y habituado a acudir a la oficina para realizar la operativa común".

Los principales problemas que se encuentran los mayores se centran, sobre todo, en el servicio de caja, que algunas sucursales ya ni siquiera tienen y la mayoría cuenta con un horario limitado para el pago de recibos, así como unas limitaciones en la retirada de efectivo. La extinción de las libretas de ahorro es otro problema para los mayores, ya que desde las sucursales se insiste en que no se renueven.

Hay operaciones, además, que se hacen exclusivamente a través de los cajeros automáticos, lo que dificulta que las puedan realizar los usuarios más mayores. Algunas de ellas son las actualizaciones de saldo o la retirada de menos de 600 euros. También hay limitaciones con los ingresos en efectivo cuando no se es el titular de la cuenta: "Lo típico de 'me ingresas el alquiler en esta cuenta'. Eso ya no lo hacen", lamentan desde Asufin.

El asunto ha llegado a las agendas políticas gracias, en gran parte, a la iniciativa del pensionista valenciano Carlos San Juan que, bajo el lema "No soy idiota, soy mayor", ha reclamado un trato digno a los mayores en las sucursales bancarias. En la plataforma Change.org, su petición ha sumado ya más de 561.000 firmas, provocando las llamadas telefónicas del gobernador del Banco de España y del Ministerio de Economía.

Y es que en una Castilla y León despoblada, descentralizada y vaciada, se han señalado ya varias alternativas a esta realidad, como pueden ser las oficinas compartidas, los agentes comerciales o el banco-bus, aunque solo la Administración puede ayudar de verdad a frenar el cierre de sucursales.

En este sentido, el PSOE de Luis Tudanca ha sido el primero en pronunciarse. Virginia Barcones, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y coordinadora del Programa de Gobierno, ha asegurado para Público que en caso de ganar las elecciones del próximo 13 de febrero, el partido requerirá "a todas las entidades financieras que trabajan en Castilla y León, y quieran seguir siendo Entidades Colaboradoras de la Junta (poder cobrar nuestros impuestos, acceder a nuestra deuda, seguir en la plataforma financiera...) que establezcan mecanismos de atención personalizada para los clientes que por su edad, o capacidades digitales lo soliciten. Y para que a partir de ahora no se cierre ninguna oficina, ni ningún cajero en el medio rural".

"En todo caso la iniciativa será objeto, antes de nada, de una acción política de persuasión e implicación de las entidades financieras en las responsabilidades que también tienen con el medio rural, con su ciudadanía, y con sus propios clientes, a los que deben la viabilidad y solvencia de su propio negocio", añade Barcones. "En definitiva, pondremos a las entidades financieras frente a su responsabilidad social corporativa, con las personas afectadas por su actividad y con los territorios en que la desarrollan", subraya la socialista.

Los datos de la reestructuración bancaria

Con el objetivo de reducir costes, la banca comenzó en 2008 un importante proceso de reestructuración de sus sucursales apoyándose en la transformación digital y justificándose por el auge de la banca online.

Desde el año 2008 a 2021 en el ámbito nacional han caído un 54,2% las oficinas bancarias, un 22,1% los cajeros y un 39,5% los empleados de banca. Los datos del Banco de España estudiados por Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) señalan que en 2008 había 45.662 oficinas en toda España, mientras que en 2021 se estima que esta cifra caiga hasta las 20.904.

Los datos en Castilla y León son igualmente demoledores. Para una población de 2,4 millones de personas, hay 1.660 sucursales bancarias, lo que ofrece un ratio de 1.451 habitantes por sucursal. En la región, sin embargo, hay que tener en cuenta que casi 1,4 millones de personas viven fuera de las capitales de provincia, donde hay instaladas 1.180 sucursales, con un ratio de casi 1.200 habitantes por oficina, según los datos de Asufin de 2020.

Pero lo más duro es que, según los datos del Banco de España, más de 1.800 localidades de la región no tienen ninguna oficina bancaria. Y la tendencia es desfavorable. Aun más.