La entrada de Griñán en prisión cerrará una era en Andalucía

El daño que el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha hecho al PSOE andaluz está aún por comprobar. De momento, elección tras elección desde que se destapó el asunto los socialistas han perdido apoyos. La consecuencia más evidente es la mayoría absoluta del PP, a la que hay que añadir más factores, desde luego, pero esta hubiera sido probablemente impensable sin el profundo impacto que produjo en parte de la sociedad andaluza la condena de dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que entre ambos abarcan 23 años de Gobierno, junto con buena parte de la cúpula de la administración andaluza de esos años.

La entrada en prisión de Griñán (Chaves está condenado por prevaricación que no conlleva cárcel, solo inhabilitación) que los jueces quieren que se produzca pronto simbolizará el fin de toda una era y cerrará una época en Andalucía, que ha estado marcada a fuego por este caso.

El expresidente jamás se ha sentido un delincuente ni un político corrupto, como ha dejado claro en repetidas ocasiones, a propios y extraños, y su condena a seis años y un día de prisión por malversación de caudales públicos ha sido fuertemente discutida en ámbitos jurídicos y también, con durísimos argumentos, por dos magistradas de los cinco que lo condenaron en el Tribunal Supremo. Sin embargo, condena es, aunque ciertamente no por lucrarse personalmente. 

Fondo de reptiles

El 21 de diciembre de 2010, el hoy fallecido director general de Trabajo declaraba ante la Policía en el marco de la investigación que un juzgado había abierto por los sobornos de Mercasevilla, que había tenido a su disposición "un fondo de reptiles para crisis".

Aunque luego se retractó, la expresión fondo de reptiles marcó un antes y un después y el caso Mercasevilla dio un salto cualitativo. Ahí empezó a escribirse el principio del fin de la hegemonía socialista en Andalucía, que aún tuvo, después de la dimisión de Griñán, en el año 2013, un epílogo con el lustro de Gobierno de Susana Díaz. La magistrada Mercedes Alaya, hoy en la Audiencia de Sevilla, inició una investigación en la que pronto apuntó contra el entonces presidente Griñán. 

Doce años después, el caso ha llegado a su final. El peor para el PSOE, con severas condenas de prisión. La era socialista en la Junta de Andalucía, siempre que se haga un balance, tendrá una sombra muy grande, una losa que hoy le toca cargar a Juan Espadas, secretario general. El exalcalde de Sevilla quiere mirar al futuro, pero el peso de la corrupción (por muy injusta que se sienta la condena a Griñán en numerosos ámbitos del PSOE) está ahí. Al PP en Andalucía, le basta con recordar, entre otros temas, de cuando en cuando esta condena para navegar, de momento, con calma y sin despeinarse, en términos electorales.

El caso de los ERE, más allá de su complejidad técnica, ha dejado episodios de muy fácil comprensión, que han calado hondo en la sociedad andaluza, como la cocaína que el chófer del fallecido Guerrero confesó haber pagado con fondos públicos, y contribuyó a que otras investigaciones, como la de la Faffe, una fundación pública hoy extinta, en la que se descubrió el gasto en burdeles con tarjetas a cargo de la Junta, dejaran un rastro de bochorno.

Nada de esto le reprochan los jueces directamente a Griñán ni tampoco a Chaves. Sin embargo, quieran o no los socialistas, la justicia, con esta sentencia, ha puesto en solfa la gestión en la Junta de Andalucía durante toda la era del PSOE. La mayoría absoluta de Moreno, la sentencia de los ERE y su consecuencia inevitable, la entrada en la cárcel de varios dirigentes, cerrarán una etapa y abrirán otra nueva, en la que los socialistas tendrán que acomodarse a su pasado, con sus luces y sus sombras.

Indulto

La condena a una pena de prisión a Griñán (y a otros altos cargos) ha causado en algunos ambientes socialistas una sensación de injusticia, que se puede resumir de esta manera: Griñán fue consejero de Hacienda de Chaves antes de sucederle como presidente. El desmadre fue mayúsculo en la Consejería de Empleo durante diez años, no en Hacienda. Griñán llegó a ese puesto con el mecanismo de reparto de los ERE ya implantado. Y quienes mandaban cuando se creó el sistema declarado ilegal por el Supremo, el expresidente Chaves y su mano derecha en la Junta, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, solo han sido condenados a una inhabilitación.

De eso va también el voto particular de las dos magistradas que no terminan de explicarse cómo si el epicentro de la corrupción estaba en Empleo y Zarrías, que era superior directo, fue inhabilitado por qué Griñán, que estaba en Hacienda, debe ir a la cárcel.

Griñán ha recurrido a todos los resquicios que el mundo del derecho ofrece para no entrar en prisión, sin éxito, hasta ahora. Ya solo le queda, para evitar su encarcelamiento inminente, un recurso de súplica que tiene, según las fuentes consultadas, ínfimas probabilidades de prosperar. Su entrada en prisión cerrará toda una era.

La familia del expresidente pidió un indulto a principios de septiembre, al que, por diversas razones, se han adherido más de 4.000 personas, entre ellas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y los también expredientes Rafael Escuredo y Susana Díaz. También lo han apoyado dirigentes del PP andaluz, como el exsecretario general Juan Ojeda, y de IU, como los excoordinadores Antonio Maíllo y Diego Valderas, este vicepresidente con Griñán y luego con Díaz.