España llega a 2024 con el problema del agua al límite y sin consenso en la solución

Casi un 15% del territorio español está en emergencia por escasez de agua y más de un 27% en alerta. El agua es un problema en España. En Córdoba, la sequía ha dejado a 80.000 vecinos sin agua del grifo en las últimas semanas y casi 600 municipios a lo largo y ancho del país sufren restricciones en el suministro. Salvo en puntuales ocasiones, no es un tema central en la política del día a día, aunque los partidos se esmeran en elaborar minuciosos planes para poner solución. Pero, ¿cuáles? Y, más aún, ¿cuáles están en sintonía con las reformas y los cambios en el modelo que plantean los expertos?

Los colectivos ecologistas insisten en "no tiene sentido" enfrentar el problema de la escasez del agua "sin poner el foco en la agricultura". Es imposible pasar por alto "la permisividad con la expansión del regadío" y su impacto en los problemas de abastecimiento de agua.

El anterior Gobierno de España, también presidido por Pedro Sánchez, movió ficha en enero. El Consejo de Ministros aprobó los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo (que tienen vigencia hasta 2027) para ir adaptando el país "a los desafíos del cambio climático". La inversión alcanzará los 22.844 millones de euros y una de sus grandes misiones es "fijar caudales ecológicos para todas las masas de agua". Se trata de un proyecto que ha resultado "decepcionante" para a muchas asociaciones conservacionistas, entre ellas Ecologistas en Acción o WWF.

En su programa electoral —muy vigente, toda vez que las elecciones generales se celebraron en julio de 2023—, el PSOE sí menciona los sistemas de regadío de los que hablan los expertos como el causante más directo de los problemas que tiene el territorio español con el agua. En concreto, la formación explica que ya hay 2.130 millones de euros comprometidos para su modernización. Los socialistas fundamentan su tesis en una idea: la innovación y la inversión en conocimiento permitirán conciliar las necesidades del sector agroalimentario con la protección de los recursos naturales.

Desde el Partido Popular (PP) ponen la pelota, por entero, en el tejado del Gobierno. Fuentes de Génova deslizan que no son ellos "quienes tienen que decir cómo se va a abordar el problema del agua", sino que "es competencia del Gobierno y de lo que negocie con las comunidades autónomas". En cualquier caso, reivindican su apuesta por un Gran Pacto Nacional del Agua, algo que Feijóo, en campaña, situó como uno de sus grandes compromisos si lo elegían presidente.

Como el PSOE, los populares también inciden en la modernización de los regadíos como una medida fundamental para "darle más valor al sector agrícola español". Ninguno de los dos menciona, en sus programas, la limitación o la supresión de esas zonas de regadío en zonas vulnerables y amenazadas por la desertificación.

Es distinto el caso de Sumar. La formación que lidera Yolanda Díaz y que gobierna en coalición con el Partido Socialista sí que defiende una "moratoria del regadío intensivo" y una "reducción progresiva del regadío superintensivo", que califica, en línea con las organizaciones ecologistas, "de mayor huella ambiental y menor retorno social, muy especialmente en las demarcaciones hidrográficas más vulnerables".

El asunto no es trivial porque Sumar logró incluir esa postura en su acuerdo de coalición con el PSOE. Ambos partidos se comprometen, por escrito, a limitar los regadíos intensivos. Está por ver qué grado de cumplimiento le dan al pacto.

Vox va exactamente en la dirección opuesta. Si los colectivos ecologistas inciden en la importancia de controlar y acotar el sistema de regadíos, Vox se decanta por impulsar "a modernización y extensión" de los mismos "defendiendo su valor económico y ecológico como sumideros de CO2 frente a la criminalización de los lobbies de la religión climática". También propone acabar con "la destrucción de presas y embalses impulsada por motivos ideológicos en el territorio nacional".

De la escasez a la contaminación de los acuíferos

Los problemas de España con el agua van más allá de la amenaza crónica de una sequía. La escasez se dibuja cada año más fuerte, en parte por la incidencia de la crisis climática, pero la forma en la que las diferentes Administraciones han gestionado los recursos hídricos a lo largo de los años son un factor, a ojos de expertos y ecologistas, mucho más determinante. "Está claro que el cambio climático es un problema que se relaciona con la sequía, pero no todo tiene que ver con eso, también hay que hablar de gestión de recursos. En España llevamos años con una expansión imparable del regadío intensivo que ya ha llevado a muchas zonas del país a una situación próxima al colapso hídrico", indica Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción.

Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía son algunas de las zonas más amenazadas por el estrés hídrico y donde el regadío no ha dejado de crecer. España, a pesar de ser una de las zonas más expuestas a la desertificación de su territorio, es el primer país con superficie de cultivos de regadío, con 3,8 millones de hectáreas, según los datos de 2021 del Ministerio de Agricultura. "El problema es que el Ministerio de Agricultura siempre ha tenido una postura radicalmente desarrollista, pero los Gobiernos de las Comunidades Autónomas también", opina Martín Barajas.

Julio Barea, responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, recoge la misma idea y pone el foco sobre la Administración autonómica, que "tiene la mayor parte de las competencias" en materia agrícola. "Está muy bien hablar de políticas contra la sequía, pero para gestionar una sequía hace falta tener agua almacenada", apostilla. La cuestión, dice, "es que a los partidos políticos les parece impopular hablar de recortar el regadío, pero la realidad es que apostar por la industrialización va en contra de los pequeños campesinos", sostiene. "Lo hemos visto en Doñana, se han cargado un paraje natural para incentivar una agroindustria de frutos rojos enfocada a producir para exportar. Esto se puede ver en otras zonas como Las Tablas de Daimiel", valora.

La otra pata de la gestión hídrica tiene que ver con la calidad de las aguas superficiales y subterráneas del territorio peninsular. La contaminación de origen agropecuario, sea por la expansión de las macrogranjas o por el uso excesivo de productos fitosanitarios, es otra de las grandes preocupaciones de los colectivos ecologistas. "Hay zonas, por ejemplo en la cuenca del Segura, donde se sacan tres cosechas al año. Esto requiere mucha cantidad de agua, pero también de muchos productos químicos que contaminan y que a la larga desgastan la tierra", manifiesta Barea.

La contaminación de origen agrario se extiende por todo el mapa. El último informe del Ministerio para la Transición Ecológica revela que el glifosato, un herbicida polémico y de uso muy extendido, está presente en las aguas de todas las demarcaciones hidrográficas del país. En aguas superficiales esta sustancia supera los valores legales permitidos (0,1µg/L) en el 30% de los puntos analizados.