Excargos de Unió implicados en el caso Pallerols negocian para evitar la cárcel penas inferiores a dos años

Los abogados de los excargos de UDC implicados en el caso Pallerols de supuesta trama de financiación irregular del partido negocian con el fiscal y las acusaciones unas penas menores a los dos años de prisión, para así evitar ingresar en la cárcel, han explicado fuentes judiciales.

De consumarse el pacto, implicaría que los imputados deban reconocer su culpabilidad pero no sentarse en el banquillo, aunque durante toda la mañana de este lunes no han llegado a un acuerdo, por lo que se han emplazado a seguir negociando el martes.

Las negociaciones se han reanudado este lunes por la mañana en la Audiencia de Barcelona después de que las partes hayan negociando también durante el fin de semana, y en ellas están buscando, entre otras cosas, un consenso sobre la cantidad que debería pagar Unió como responsable civil.

Estas negociaciones han obligado a aplazar el comienzo del juicio -previsto para este lunes a las 10.30- hasta este martes a las 17 horas, cuando los acusados deberán aceptar la condena si llegan finalmente a un acuerdo y se reconocen culpables, o bien comenzar a responder a los interrogatorios si no lo alcanzan.

El caso Pallerols es una supuesta trama de financiación irregular de los años noventa de Unió, adonde presuntamente se desviaron el 10% de las subvenciones que debían servir para cursos de formación, ocupacional, por lo que el fiscal ha pedido que el partido sea declarado responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo. Este caso se destapó después de que un informe de la Guardia Civil revelase que la Conselleria de Trabajo había otorgado subvenciones por valor de más de ocho  millones de euros a tres empresas del andorrano Fidel Pallerols para realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo.

El fiscal pide nueve años de cárcel para el entonces director de Empleo de la Generalitat y secretario de organización de UDC de 1992 a 1996, Lluís Gavaldà, y la misma pena para la entonces número dos de la Conselleria, Dolors Llorens, por malversación de caudales públicos y cohecho. Además, pide once años cárcel para el empresario andorrano responsable de las academias a través de las cuales supuestamente se hizo el desvío, Fidel Pallerols, por los delitos de malversación, cohecho y falsedad; y ocho para su esposa, María de la Cruz Guerrero, por los dos primeros. Están imputados también el hermano de Lluís Gavaldà, Vicenç Gavaldà -para quien el fiscal pide once años-, y el militante Santiago Vallvé, para quien solicita siete años de prisión.