Alberto Núñez Feijóo ha arrancando el año con la idea clara de no dar tregua al Ejecutivo y exprimir todo el poder autonómico y local del Partido Popular en favor de su tarea de oposición. Se lo dijo a sus presidentes regionales hace dos semanas y se lo ha exigido también a sus alcaldes este lunes: "Tenéis el deber de reaccionar". Feijóo no quiere que ni una sola administración del PP se ponga de perfil y busca el enfrentamiento total de su partido con el Gobierno central.

En esta estrategia se enmarcan tres iniciativas que el PP ha puesto ya en marcha: el próximo sábado los 3.361 alcaldes populares firmarán un manifiesto contra los pactos del Gobierno con las fuerzas independentistas; el domingo volverán a salir en la calle con un acto en Madrid al que están llamados a asistir los presidentes autonómicos; y pronto arrancará también lo que han denominado Ruta por la Igualdad: dos autobuses que recorran el país para llevar su indignación a todos "pueblos, plazas y ciudades". 

Esta forma de forzar a sus dirigentes a ser parte de la "movilización constante" planteada por Génova no ha pasado desapercibida entre las filas del partido. "Nos tiene todo el día trabajando", bromea un presidente autonómico del PP.

Pero entre bromas asoma una preocupación: dejarse arrastrar por el fervor de la estrategia nacional y despegarse del territorio. Un mantra, este último, que Feijóo recitó tantas veces como pudo hasta que sus opciones de ser presidente del Gobierno se frustraron, y a partir de entonces aparcó la política de 'manos libres' y puso el poder local y autonómico del PP a disposición de Génova.

Por eso este lunes en la sede nacional del partido reunió a los alcaldes de las poblaciones de más de 50.000 habitantes en un acto planteado a modo de debate pero que fue, en realidad, una arenga contra el Gobierno central. Ahí les exigió no callarse y les lanzó una idea que Feijóo ya pronunció la semana pasada: "Los ciudadanos en vuestras decisiones ven lo que haremos cuando lleguemos al Gobierno".

Dijo lo mismo a sus parlamentariso cuando anunció que el Senado celebraría un pleno más al mes porque el Congreso ya no cumplía sus funciones y, por tanto, desde su mayoría absoluta en la Cámara Alta devolverían la voz a las Cortes Generales. Un discurso con el que deslegitimó al Congreso —un día después haría lo mismo con el Tribunal Constitucional—, pero con el que, de nuevo, aumentó la exigencia sobre los suyos. 

Feijóo les quiere a todos implicados en su ofensiva, instituciones incluidas, para afrontar el ciclo electoral de la primera mitad del año y no dejar apagar la crispación. Creen en Génova, en un diagnóstico compartido por sus baronías, que los mensajes contra la amnistía pueden perder efecto, pero no así el de la desigualdad en la distribución de recursos entre territorios. Por eso aunque el Gobierno haya dicho que lo pactado para Catalunya es replicable a las demás comunidades autónomas que lo pidan salvo las forales, Feijóo trata por todos los medios que ninguna de las suyas de el paso de pedirlo y complicarle así el argumento.