La Fiscalía ha rebajado su acusación al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero de un delito de rebelión, por el que le pedía 11 años de cárcel, a 10 años por sedición y, en el caso de que el tribunal no lo aprecie, solicita la condenapor desobediencia, que no conlleva cárcel sino 10 meses de multa.

El anuncio de las conclusiones definitivas de la Fiscalía supone también la misma rebaja de petición de condenas para el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición-.

Para la tercera acusada, Teresa Laplana, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha mantenido su petición inicial de 4 años por sedición o 5 meses de multa e inhabilitación por desobediencia.

Antes de que el juicio a la excúpula de los Mossos d’Esquadra quedara suspendido por la pandemia de la covid-19, las declaraciones y las pruebas apuntaban a que el mayor Josep Lluís Trapero no estuvo en el equipo de decisión de los líderes independentistas que culminaron el ‘procés’ de 2017 con el 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia de Catalunya.

Este lunes, con la reanudación de la vista oral dos meses después, el ministerio público ha rebajado su petición inicial de rebelión, que era más elevada que la condena por sedición que impuso el Supremo en octubre a la cúpula del ‘procés’. 

En el caso de que sean condenados por desobediencia, la Fiscalía solicita 60.000 euros de multa a cada uno e inhabilitación especial por 1 año y 8 meses, que en el caso de Laplana se rebaja a 30.000 euros de multa y 1 año de inhabilitación.

Las defensas sólo contemplan la absolución de los procesados. Asi´lo expondrán en sus informes de conclusiones que tendrá lugar el próximo lunes 15. 

'Las verdaderas intenciones' de los Mossos

En su escrito de conclusiones que Miguel Ángel Carballo ha elevado este lunes a definitivas, el fiscal destaca como prueba de cargo, entre otras, la documentación que tres mossos transportaron en una furgoneta, que fue interceptada por la Policía Nacional "camino de su destrucción en una incineradora".

En el registro al vehículo se "encontraron documentos que evidenciaron las verdaderas intenciones de los mandos de los Mossos d'Esquadra como era no impedir el referéndum y colaborar con los líderes independentistas en el desarrollo y culminación del proceso que habría de concluir con la independencia de Catalunya".

El fiscal destaca además la "relevancia" del cuerpo de los Mossos en los planes independentista por su "capacidad investigadora e intimidatoria", lo que fue "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum" del 1 de octubre de 2017, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Para ello, añade, se dedicaron "a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

Como prueba de ello menciona el documento llamado Enfocats, conocido como la hoja de ruta del "procés", y la famosa agenda Moleskine, intervenidos al que fuera segundo del exvicepresidente Oriol Junqueras, Josep María Jove, en el registro de la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017, que se produjo en mitad de una multitudinaria protesta.

Sobre este episodio, previo al referéndum, el fiscal asegura que Trapero y Laplana "cooperaron de forma decisiva" con los fines perseguidos por las instituciones catalanas y por las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron condenados por el Supremo por estos hechos.

Esa colaboración que el fiscal les atribuye consistió en impedir "el desarrollo de la diligencia judicial", "propiciando con su deliberada pasividad, la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil".

A Trapero le acusa además de haber diseñado "de forma deliberada unos mecanismos de actuación" para impedir que los Mossos pudieran cumplir "con las resoluciones" del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que prohibió la celebración del referéndum del 1-O.

Sostiene también el fiscal que Trapero hizo una "utilización ilícita" para "informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando" a los políticos independentistas, informa Efe.

Respecto a Pere Soler, el fiscal sostiene que dio "cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", mientras que a César Puig, le acusa de alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitar información a los impulsores del "procés".

El juicio contra la cúpula de los Mossos durante el proceso independentista catalán está únicamente pendiente del trámite de informes y conclusiones finales. La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha previsto únicamente tres sesiones más: el 15, 16 y 17 de junio.