La Fiscalía ha solicitado una condena de 30 años de inhabilitación y multa de 10.800 euros para el juez Elpidio José Silva, que encarceló por dos veces en mayo y junio de 2013 al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Las penas reclamadas por el Ministerio Público supondrían la expulsión de la carrera judicial de Silva.

Por su parte, el propio Miguel Blesa y su abogado, Carlos Aguilar, como acusación particular contra Silva, piden que dicho magistrado sea inhabilitado durante 43 años, y que pague una sanción económica de 18.900 euros. También el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en la cárcel desde diciembre de 2012 por ocultar su patrimonio a los acreedores de Viajes Marsans, pide para Silva una condena de 24 años de inhabilitación y que además le indemnice con 50.000 euros por el "sufrimiento moral" que le ha causado el caso Blesa, instruido por el juez ahora acusado, que investigó un crédito de 26 millones de euros dado por Caja Madrid a Díaz Ferrán cuando éste era consejero de la entidad.

El instructor de la querella contra Silva, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Jesús Gavilán, ha dictado este jueves el auto de apertura de juicio oral contra él por delitos de prevaricación, retardo malicioso contra la Administración de Justicia, y contra la libertad, y le impone además una fianza civil de 60.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que puedan serle impuestas en el juicio.

Además, Gavilán comunica su decisión al Consejo General del Poder Judicial, que podría suspender cautelarmente al juez en sus funciones hasta que se produzca la sentencia, como hizo en casos anteriores, como el de Baltasar Garzón, cuando se dictó auto de apertura de juicio oral, en aplicación de la Ley Orgánica que regula la carrera.

El instructor Gavilán deja fuera del juicio la acusación por delito de revelación de secretos que pidió incluir Miguel Blesa. Y da diez días de plazo al juez Silva para que presente su escrito de defensa. 

En su escrito de acusación, la Fiscalía califica el proceder de Silva como "absolutamente irregular y contrario a cualquier interpretación posible en Derecho" en la investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Reclama además expresamente que se le condene a la "pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos" y a la incapacidad para obtener, mientras dure la condena, "cualquier empleo o cargo en el ámbito de la administración de justicia".

Moix le acusa de un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Basa su petición en la "injustificada e inmotivada reapertura" de la causa en la que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans más de dos años después de haberla archivado y sin que hubiera aparecido ningún dato nuevo que lo justificase y "sin sustentar dicha decisión en la más mínima motivación jurídica".

Le acusa de haberlo hecho "con pleno conocimiento de la total carencia de cualquier tipo de fundamentación" que lo justificara y con la intención de "dar cobertura a una investigación prospectiva" prohibida por la ley al pasar de la causa inicial, el crédito a Marsans, a una instrucción judicial "general e innominada".

Por si fuera poco, siempre según el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, el juez justificó su decisión reproduciendo un artículo de Wikipedia, titulado "La crisis de Bankia y sus consecuencias -mayo 2012-", que hacía referencia a hechos posteriores a los denunciados por Manos Limpias.

Moix también le acusa de haber adoptado medidas que afectaban a los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, como fue la de incautar los 8.777 correos de Blesa, mediante providencia y no con un auto motivado, como es preceptivo.

Asimismo, le critica por haber retrasado deliberadamente algunas de sus resoluciones, en algunos casos hasta cinco meses, para poder abarcar así de modo "torticero" la investigación de la compra del City National Bank de Florida.

Y es que, según el fiscal, Silva diseñó una "estrategia" para abarcar la causa del CNB aceptando una ampliación de la denuncia inicial de Manos Limpias y dándole un carácter de "ampliación durmiente", reservándose así la competencia para investigar estos hechos sin corresponderle.

"La asunción por el acusado del conocimiento de estas nuevas diligencias previas relativas a la adquisición del City National Bank of Florida no fue inane, sino el instrumento utilizado conscientemente para vulnerar el derecho a la libertad" de Blesa.

Tras asumir esa competencia, citó de urgencia al exbanquero y acordó enviarle a prisión bajo fianza de 2,5 millones de euros en mayo a instancias de Manos Limpias, cuando el sindicato ni siquiera estaba personado en el nuevo procedimiento.

En el del crédito, por añadidura, permitió al sindicato personarse como acusación particular y no popular para poder continuar con una instrucción que, de otra forma, le estaba "total y absolutamente vedada".

Llegaron así las dos "ilícitas" decisiones consecutivas de encarcelar a Blesa, una con fianza y la segunda de manera incondicional, incompatibles entre sí y a instancias de una parte que no tenía la condición de tal.

Junto a ello, ordenó el secreto de las actuaciones con el "espurio fin" de "limitar la intervención de las defensas en el procedimiento" e impedir así que puedan seguir recurriendo todas las resoluciones como hasta el momento venían haciendo.

Otra de las irregularidades denunciadas es que abrió otra causa al abogado de Blesa por revelación de secretos y citó a Blesa como testigo, "lo que implicaba una vulneración clamorosa de los derechos que le correspondían por su condición de imputado" en otro procedimiento.

"Este proceder del acusado, absolutamente irregular y contrario a cualquier interpretación posible en Derecho,", fue lo que llevó a la Audiencia Provincial de Madrid a anular el caso, recuerda el fiscal.