Una sociedad no puede pretender que un artista disfrace sus creaciones o que las viñetas mordaces circulen de manera clandestina. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha salido este viernes en defensa de los derechos fundamentales por medio de un comunicado en el que advierte de que una democracia "no puede pretender que un humorista piense en las consecuencias de sus chistes".

La asociación que agrupa a los fiscales progresistas, presidida por el fiscal Álvaro García Ortiz, ha difundido un comunicado en el que resalta que la madurez de una sociedad "también se mide por no reaccionar de manera desproporcionada a aquello que nos parece incluso intolerable", al tiempo que ha llamado a respetar los derechos fundamentales, "entre ellos el derecho a la libertad de expresión".

El comunicado se produce después de que ayer la Audiencia Provincial de Madrid admitiera a trámite una querella presentada por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos contra José Miguel Monzón, alias el Gran Wyoming, y Daniel Mateo, del programa televisivo El intermedio, por descalificar con una "clara connotación religiosa" la cruz del Valle de los Caídos.

La decisión del tribunal contradice el criterio del juez instructor, quien consideró que las declaraciones, "quién quiere ver esa mierda", en referencia a la cruz del Valle de los Caídos, no constituían un "ataque contra la religión" ya que se dirigían contra "una obra arquitectónica" en general.

Y ha acentuado el debate sobre los límites del humor y sus consecuencias penales, surgido a raíz de los procesamientos y condenas a tuiteros por el contenido de sus mensajes.

En ese contexto, la UPF ha alertado de la interpretación que desde el Parlamento, los tribunales y la propia Fiscalía se hace del derecho a la libertad de expresión, lo que podría suponer un "retroceso" como sociedad.