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La Fiscalía se opone a la comisión rogatoria a México para que declaren dos empleados de 'Neurona'

Considera que sus testificales son innecesarias a la luz de las diligencias ya practicadas. Agotado el plazo de un año de instrucción, el Ministerio Público pide una ampliación de seis meses para concluir las diligencias pendientes, ante el parón de la investigación sobre la caja de solidaridad de Podemos.

Imagen de archivo de la diputada de Podemos Alejandra Jacinto; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; y la exportavoz de Podemos Madrid, Isa Serra. - Europa Press
Imagen de archivo de la diputada de Podemos Alejandra Jacinto; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; y la exportavoz de Podemos Madrid, Isa Serra. Isabel Infantes / Europa Press

La fiscal Lorena Álvarez ha comunicado al titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que se opone a la petición de una comisión rogatoria a México para que testifiquen dos empleados de la consultora Neurona, en el marco de la investigación que lleva a cabo dicho juez desde hace un año sobre el contrato entre Podemos y la mercantil mexicana para la campaña electoral de abril de 2019. Vox, que está personado en la causa como acusación popular, había pedido que testifiquen los dos empleados de Neurona desde México, algo que la fiscal considera innecesario, "a la luz de las diligencias ya practicadas".

En un informe de la Fiscalía madrileña, al que ha tenido acceso Público, se señala que "por cuanto todos los testigos han referido que desempeñaron sus funciones con trabajadores de la mercantil [Neurona]", considera que es innecesario convocar una comisión rogatoria a México para la testifical de dos empleados de la consultora. 

El pasado mes de mayo, doce empleados de Podemos que formaron parte de su equipo de campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 testificaron ante el juez Escalonilla, confirmando que trabajaron conjuntamente con personal de la consultora Neurona llegado desde México.

La fiscal, en otro informe, considera que, agotado el plazo de un año para el periodo de instrucción --se cumple a finales de este mes--, interesa ampliar el plazo a seis meses más para resolver las diligencias pendientes, y le pide al juez Escalonilla que concrete el objeto del informe de la UDEF para analizar los vídeos subidos a Facebook sobre los trabajos para la campaña electoral realizados por personal de Neurona en su traslado a Madrid. En concreto, la fiscal aduce que el informe policial debería basarse únicamente en determinar el momento en el que se subieron los vídeos a la red social y detectar la coincidencia entre los trabajos efectuados por Neurona y el contenido de dichos vídeos. 

Otro de los asuntos que despacha la fiscal es el relativo a la personación de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, pidiéndole a la Audiencia Provincial de Madrid que se pronuncie sobre su personación en la investigación sobre el contrato de 'Neurona', a lo que el Ministerio Fiscal se opone por cuanto no es perjudicada en la causa. 

La Fiscalía de Madrid pidió el pasado mes de junio al titular del Juzgado de Instrucción 42 que aclarara las razones por las que ha decidido llamar a declarar en calidad de testigo a la exsenadora de Podemos Celia Cánovas en la causa que investiga el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones de 2019. Cánovas denunció irregularidades en la llamada caja de solidaridad del partido.

En este sentido, la Fiscalía pide que se concluya la investigación de la donación de 50.000 euros a la asociación 404 Comunicación Social efectuada desde la caja de Solidaridad de Podemos, paralizada desde que la Audiencia de Madrid ordenó al juez Escalonilla la reapertura de la investigación, en febrero pasado. Celia Cánovas había denunciado que desconocía el destino de dos aportaciones voluntarias de un total de 3.000 euros a proyectos solidarios dentro del programa del partido de apoyo a iniciativas sociales. En este sentido, la exsenadora se considera perjudicada por desconocer dónde fue a parar su dinero, asegurando que el partido certificó que sus aportaciones ascendían a 5.000 euros, sospechando que el descuadre pudo deberse a una operación de "blanqueo de capitales", consta en su denuncia.

Respecto a esta denuncia, la Fiscalía dice que "este procedimiento no puede convertir en una constante auditoria de las cuentas de Podemos, que como todo conocemos, corresponde a otro órgano [Tribunal de Cuentas]".

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