La semana pasada, el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, archivaba por segunda vez la misma investigación contra Podemos. Se trata de la acusación de administración desleal contra la gerente del partido por implementar su salario y el del tesorero con complementos de 210 euros y de 400 euros al mes, respectivamente. La causa se abrió a raíz de la denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente. El juez Escalonilla archivó por no hallar indicios de delito, pero volvió a abrir al considerar un recurso de Vox que, finalmente, le ha llevado a la misma conclusión: no hay delito.

Noticias en prensa, dilaciones en el tiempo, desgaste... La guerra judicial (o en su término anglosajón lawfare) de la ultraderecha contra Podemos nació prácticamente al mismo tiempo que el partido morado, en 2014. Desde ese año hasta ahora son, al menos, veinte las querellas y las líneas de investigación contra Podemos que han sido archivadas. Seis de ellas en el último año.

José Manuel Calvente entró en el equipo jurídico de Podemos en 2014, en los inicios de la formación política. En 2019 fue despedido. Este hecho ha provocado un auténtico calvario judicial para el partido, al denunciar Calvente una serie de presuntas irregularidades en la financiación de Podemos. Una denuncia que, con una cuestionable credibilidad -ya que él mismo declaró en sede judicial que se trataba de rumores-, ha derivado en varias piezas de investigación en el Juzgado de Instrucción 42, siendo la más conocida la que trata sobre el contrato con la consultora Neurona. El partido ultraderechista Vox y la asociación de abogados ProLege están personados como acusación popular. Al partido de Abascal el juez no le reclamó la fianza habitual en estos casos, que se impone como criba para limitar el número de miembros en la acusación.

A la denuncia de Calvente por presuntas malversación y administración desleal dentro de Podemos, se sumó la abogada Mónica Carmona, destituida como responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, que ha engordado con otras sospechas el trabajo en el juzgado de Escalonilla. Sin embargo, el asunto se va desinflando, y una por una el juez ha ido dando carpetazo a las líneas de investigación: la de los presuntos sobresueldos, anteriormente citada; la contratación de la consultora ABD para servicios electorales; el supuesto acceso no consentido al disco duro de una de las abogadas del partido; y la supuesta licitación irregular de las obras de la sede de Podemos.

Otros dos juzgados madrileños también han archivado las investigaciones que les llegaron derivadas del juzgado 42. Se trata de las donaciones de Podemos a través de la Fundación 25M, que cerró hace poco el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid; y el asunto sobre las costas procesales que presuntamente se habría quedado Pablo Iglesias derivadas de un procedimiento en Pamplona, que ha tumbado el juzgado 45 por falta de indicios delictivos.

Eterna instrucción judicial 

Una séptima línea de investigación archivada fue, sin embargo, reabierta el pasado mes de febrero, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Escalonilla la reapertura de la investigación en torno al uso de los fondos de la llamada 'caja de solidaridad' de Podemos por presunta administración desleal, una causa en la que está personada la exsenadora del partido Celia Cánovas. El magistrado la había archivado pero Vox y ProLege recurrieron con éxito. Esta pieza es una de las tres que siguen vivas en los juzgados contra Podemos. Las otras dos son por el contrato de 363.000 euros con la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019 y por el presunto papel de cuidadora de una asesora de la ministra Irene Montero. 

Manos Limpias y Rodríguez Menéndez, los primeros

Retrocediendo en el tiempo, la primera querella contra Podemos que fue rechazada la interpuso el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez a través del Partido Socialista de Justicia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito electoral por falseamiento de cuentas. Los denunciados fueron los exdirigentes de Podemos Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre debido a sus trabajos en la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), años antes del nacimiento de la formación morada. El Tribunal Supremo inadmitió la querella el 27 de enero de 2015 "por no venir acompañada de ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en la misma, limitándose el querellante a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo". 

Por intentarlo, que no quede, parece que fue el axioma del pseudosindicato Manos Limpias cuando interpuso una querella contra el entonces eurodiputado Pablo Iglesias por presuntos delitos de desobediencia, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal o asociación ilícita, apropiación indebida, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares y delito contra la Hacienda Pública. El Supremo la rechazó en abril de 2015 por falta de fundamentación.

Durante ese año también se archivaron dos querellas contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por supuesto fraude fiscal interpuestas por Manos Limpias y Rodríguez Ménendez. El juez consideró que no existían indicios de delito para abrir diligencias previas. 

El falso informe PISA

En abril de 2016, la Sala Segunda del Tribunal Supremo manifestó sobre el famoso y falso informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), recogido por numerosos medios: "La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta algún indicio accesible y racional de su comisión". De aquella manera tumbaba el Supremo la denuncia de un particular contra Pablo Iglesias por supuestos pagos del Gobierno de Venezuela. El denunciante alegaba que el Gobierno de Nicolás Maduro efectuó un pago de 272.325 dólares a Iglesias a través de un paraíso fiscal, en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de Podemos. 

El Tribunal Supremo también inadmitió otra querella de Manos Limpias basada en el informa PISA, elaborado, como quedó acreditado, por la llamada brigada política del Ministerio del Interior en la época de Mariano Rajoy para perjudicar a sus adversarios políticos. El falso informe pretendía ser un documento policial donde se afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al líder de Podemos. 

En marzo de 2017, un juzgado de Pamplona inadmitió la denuncia de Yolanda Barcina, expresidenta de Navarra, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), contra Pablo Iglesias por intromisión ilegítima en el derecho al honor. El líder de Podemos había acusado de corrupción a los dirigentes de UPN, por "niveles de corrupción escandalosos" en relación a las dietas percibidas de la Caja de Ahorros de Navarra. 

La jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, fue objeto de una querella del exministro del PP José Manuel Soria, en enero 2016, cuando ambos eran contrincantes políticos en Canarias. Soria acusó a Rosell de presuntos delitos de  cohecho, prevaricación y retraso malicioso en la Administración de la Justicia en una causa abierta contra un empresario canario. En diciembre de ese año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó la querella de Soria por falta de indicios. Ese caso dio lugar a una investigación contra el juez Salvador Alba por revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios. El juez Alba fue inhabilitado y condenado a seis años de prisión por conspirar contra Victoria Rosell.

Daniel Ripa, secretario general de Podemos en Asturias, también se vio inmerso en el intento de Manos Limpias de perjudicar su carrera y, por extensión, al partido. Sin embargo, la Fiscalía archivó las diligencias abiertas tras la denuncia del pseudosindicato derechista por las ayudas públicas recibidas para su tesis doctoral. Dos años después de aquello, en 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobreseyó la causa contra Ripa impulsada por la organización ultracatólica Hazte Oír, que acusaba al líder de Podemos en Asturias de haber apedreado el autobús con mensajes tránsfobos de esta entidad.