"Comisiones desorbitadas" para "enriquecerse exageradamente a costa" de la pandemia. El escrito de conclusiones del fiscal es tan contundente como las comisiones que se embolsaron los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en el conocido como caso Mascarillas, por el que ingresaron casi siete millones de euros por hacer de intermediarios en la compra de material sanitario defectuoso para el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción pide en total 24 años de prisión para los acusados de esta presunta estafa que llegó a salpicar a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien facilitó el contacto del Consistorio a Medina para que hiciera su millonaria oferta.

El peor parado en esta investigación es Luceño, considerado el cerebro de la operación. El fiscal solicita una condena de 15 años de prisión para él y otra de nueve años de cárcel para el aristócrata Luis Medina y pide que ambos indemnicen con casi ocho millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid, que recibió el material con un sobreprecio desmesurado, en opinión de la Fiscalía.

Además, solicita que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria con 1,35 millones de euros si se considera que las comisiones están sujetas a tributación.

Estafa agrava y falsedad documental

El fiscal Luis Rodríguez Sol ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales en el que acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra la Hacienda Pública. Considera incluso que el empresario "engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones" y que las "fijó unilateralmente". 

Reprocha el fiscal a ambos que su intención fuera "enriquecerse exageradamente a costa" de la pandemia con "comisiones desorbitadas".

Al hijo del duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, le considera coautor de estafa y falsedad en documento mercantil por esta operación de compraventa de material sanitario en la que, según la investigación, se embolsaron 6,6 millones de dólares solo en comisiones (algo menos de siete millones de euros).

En el auto de procesamiento, Carretero sostuvo que las ventas medidas por ambos comisionistas constituyen un caso de "negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles".

En su escrito, además de la pena de cárcel, Anticorrupción pide para Luceño una multa total de 5,6 millones de euros, mientras que para Medina solicita 450.000 euros, y reclama que ambos indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que fue la que formalizó la compra, con la cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento.

Bienes decomisados 

El fiscal entiende que debe decretarse el decomiso de los bienes que ya están embargados a los investigados y también otros en su propiedad hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.

El escrito se presenta en la fase intermedia de las actuaciones de cara a la próxima celebración del juicio oral. Ahora, las partes personadas en el procedimiento deben presentar sus respectivas conclusiones provisionales al magistrado para que determine la apertura de juicio oral.