La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Zaragoza el sobreseimiento de la causa que se sigue contra la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Los delitos que el juez Rafael Lasala, del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, imputa a la exministra son prevaricación y encubrimiento, interconectados, por presuntamente haber ocultado que Ghali estaba reclamado por la Audiencia Nacional por dos querellas; una de ellas ya ha sido archivada.

En su recurso, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía incide en que el "lapso temporal" entre la llegada del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) a España, el 18 de abril de 2021, y la comunicación de su entrada a la Audiencia Nacional, el día 23, "es tan breve" que "carece de relevancia alguna ya no para configurar el tipo penal de la prevaricación" sino también para "incardinar cualquier otro tipo penal". 

El juez archivó la causa para el número dos de Exteriores, el diplomático Camilo Villarino, por carencia de indicios, pero la mantiene para González Laya. El juez argumentó que "lo realmente trascendente a los efectos de prevaricación es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali y permitir su acceso a España a sabiendas de que estaba interesada su declaración como investigado en dos causas penales e intentada su localización en varias ocasiones, acordando no comunicar nada al Juzgado Central de Instrucción, asegurando igualmente las condiciones necesarias para que nadie lo pudiera hacer".

Ante el archivo de la causa para Villarino, la Fiscalía indica que "lo procedente sería haber acordado el sobreseimiento provisional también respecto de la investigada María Aránzazu González Laya, al no haber prueba de que supiera cuando decidió la entrada en España de Ghali y que la misma se hiciera sin control de fronteras". 

Según el fiscal, no existen indicios de que la exministra supiera que había causas abiertas en la Audiencia Nacional y recrimina al juez que mantenga la imputación cuando "no hay ninguna prueba pendiente de practicar ni que
se haya acordado en el auto tendente a esclarecer ese extremo". 

También ha reprochado que se pretenda que la exministra de Exteriores tuviera conocimiento de las causas contra Ghali cuando ni siquiera el comisario general de Información tenía conocimiento de que el líder del Polisario tenía diligencias penales abiertas en España. 

El fiscal Juan Pablo Fraj pide que se descarte la acusación de prevaricación puesto que Brahim Ghali "no figura en la base de datos de Interpol como
persona buscada por la comisión de hechos delictivos, que ningún órgano judicial español tenía dictada orden de detención o de busca y captura sobre Brahim Ghali", y explica que este tipo de orden no es lo mismo que una orden de localización, que es lo que pidió el juez Pedraza la Comisaría General de Información.  

De esta manera, ha incidido el fiscal en que la conducta "en ningún caso" resulta constitutiva de un delito de prevaricación administrativa. "Trasladando la doctrina y jurisprudencia expuesta al caso concreto que nos ocupa, nos lleva a negar la existencia de conducta prevaricadora alguna por parte de la investigada".