La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) podría tener los días contados. El Gobierno ha avanzado el pasado viernes su intención de extinguir e ilegalizar todas las organizaciones que hagan apología del franquismo, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática. Los focos han recaído en la entidad que lleva el nombre del dictador, pero otras seis fundaciones campan a sus anchas por España pese a vanagloriar a golpistas y líderes de la dictadura.

La Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano, la Fundación Serrano Súñer, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Yagüe, la Fundación Ramiro Ledesma Ramos y la Fundación Blas Piñar completan este listado. La Ley 50/2002 sostiene que las fundaciones deben perseguir "fines de interés general" que han de beneficiar a grupos genéricos de personas. La Ley de Memoria, aprobada en octubre de 2022, abre la puerta a la extinción de cualquier fundación que deje de cumplir esta lógica y considera contraria al interés general "la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes". Las matemáticas parecen claras, pero los trámites no terminan de arrancar.

"La Fundación Francisco Franco no cabe en democracia. Lo que vamos a hacer es extinguirla. Esta y toda otra que defienda al dictador o a quienes defendieron el franquismo", ha precisado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El socialista sigue de esta manera los pasos de sus predecesores al frente de las competencias, Carmen Calvo y Félix Bolaños, que también garantizaron medidas similares. La Ley de Memoria cumple este mes un año y medio y ninguna de las promesas se ha cumplido todavía. 

"La extinción de cualquier fundación no es un proceso fácil, pero sí factible. Lo que falta es voluntad política. Una cosa es aprobar una ley y otra bien distinta actuar en base a lo que dice. Si la administración hubiera puesto en marcha los trámites durante el primer trimestre de 2023, podríamos estar viendo ya resultados. Lo que pasa es que no han hecho nada, siguen dándole vueltas a la misma farola y llenándose la boca de declaraciones políticas que son inefectivas", lamenta Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA).

La noticia de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco llega dos semanas después de la visita del presidente del Gobierno al Valle de Cuelgamuros, donde pudo ver in situ cómo avanzan las tareas de recuperación de cerca de 160 víctimas del franquismo. El acto estuvo marcado por la ausencia de los familiares y las asociaciones de activistas no creen que el anuncio del pasado viernes sea casual. "Cada vez que tienen problemas, sacan de la chistera decisiones que están demasiado rascadas, como la extinción de la FNFF. Lo hacen para contrarrestar sus acciones, porque la Ley de Memoria marcaba unos plazos que no se han cumplido", añade Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Siete fundaciones que hacen apología del franquismo

El Gobierno lleva un lustro hablando de ilegalizar todas las fundaciones que hagan apología del franquismo en España. La Fundación Francisco Franco es posiblemente la más conocida, porque funciona a modo de grupo de presión y ha recurrido en los tribunales la retirada de placas, calles y estatuas a los distintos líderes de la dictadura. El abanico, no obstante, tiene más varillas y formaciones como ERC, Podemos, EH Bildu o Sumar han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de actuar sobre todas ellas.

La Fundación Francisco Franco se fundó en 1976 con la premisa de "difundir el legado y la obra" del dictador en su "dimensión humana, militar y política" y defender sus "realizaciones" ante los medios de comunicación y las administraciones públicas. El presidente de honor es uno de sus bisnietos, Luis Alfonso de Borbón; y el cabecilla actual, el general Juan Chicharro, en la reserva desde 2010. La organización cuenta con "más de un millar de afiliados", que son los que financian su actividad, aunque entre 2000 y 2004 el Gobierno de Aznar la premió con subvenciones directas de hasta 150.000 euros para "digitalizar su archivo". 

"Lo que pedimos es un cambio real en la ley de fundaciones, porque estos grupos disfrutan de una serie de beneficios fiscales al ser considerados de utilidad pública. Si un franquista dona 100 euros, el Estado le va a devolver 72 en su declaración de la renta. En el fondo, son donaciones del Estado a la Fundación Francisco Franco. No lo podemos consentir", explica Emilio Silva. Hacienda subvenciona con dinero público a los socios, que pueden desgravar en su declaración del IRPF lo que aportan en concepto de donaciones. En otros países como Alemania, a diferencia de lo que ocurre aquí, está terminantemente prohibida cualquier entidad que haga apología del fascismo.

Queipo de Llano, Juan Yagüe y Serrano Súñer también dan nombre a sus respectivas entidades. La primera de ellas fue creada en 1945 por el propio general, responsable de organizar matanzas como la de La Desbandá y azuzar la "violación de mujeres republicanas". La Fundación Serrano Súñer pretende llegar a las nuevas generaciones para dar a "conocer mejor la Historia de España del último siglo". La Funación Yagüe, por su parte, arrastra una multa desde 2018 por no querer desvelar la identidad de sus patronos. En total, hasta siete fundaciones franquistas continúan en los registros del Ministerio de Justicia cuando se cumplen 49 años de la muerte del dictador.

¿Por qué no prohibir también las fundaciones nazis?

Podemos ha celebrado que el Gobierno vaya a ilegalizar la Fundación Francisco Franco, pero ha pedido ir un paso más allá y actuar también sobre el resto de organizaciones que hacen apología del fascismo. El diputado de ERC en el Congreso Francesc-Marc Álvaro Vidal también se interesó por la posibilidad de actuar contra asociaciones como Devenir Europeo por "ensalzar la jerarquía del Tercer Reich y difundir la ideología nacionalsocialista". El Gobierno ha argumentado que la Ley de Memoria Democrática solo abre la puerta a la disolución de fundaciones franquistas y ha pasado por alto la anomalía de que coexistan otras organizaciones de ideología nazi.

"El límite no tiene por qué ser la memoria, sino la propia ley de fundaciones, que debe establecer un código ético y democrático. Las fundaciones que rinden homenaje a golpistas y asesinos tienen que quedar fuera de las subvenciones públicas. Nos dan igual sus apellidos, son violadores de los derechos humanos", añade el presidente de la ARMH. 

Las fuentes consultadas por Público hacen hincapié en la importancia de distinguir entre fundaciones y asociaciones, sobre todo desde el punto de vista jurídico. En el primero de los casos –es el de la Fundación Francisco Franco–, la solicitud requiere de un proceso judicial en el que un magistrado declare extinta la organización por considerar ilícita su actividad. "Las que no tienen la condición de fundación se rigen por la ley de asociaciones y su ilegalización es verdaderamente complicada, porque hablamos de ilegalizar un derecho fundamental. La Ley de Memoria tiene aquí poco recorrido, porque son organizaciones que están especialmente protegidas por una ley orgánica", sentencia el abogado Jacinto Lara.