Hace un año la Xunta iniciaba la tramitación oficial de la primera universidad privada de Galicia, auspiciada por Abanca a través de su instituto social Afundación. La semana pasada, el Ministerio de Educación emitió un informe favorable del plan al cumplir las condiciones del decreto de universidades, y las comunidades autónomas votaron a favor en la Conferencia General de Política Universitaria. No obstante, el Real Decreto de creación de universidades se modificará para establecer nuevos criterios que se concentran en los centros privados.

Desde que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo hizo público el anteproyecto de ley de la que se llamará Universidad Intercontinental de la Empresa, las plataformas en defensa de la enseñanza pública y el rectorado de las tres universidades públicas (Universidade de Santiago, Universidade de Coruña y Universidade de Vigo) han mostrado su disconformidad. La nueva entidad tendrá su sede administrativa en la capital gallega y dos campus repartidos entre A Coruña y Vigo. Las clases se impartirán en el actual Instituto de Educación Superior Internacional de Empresa (Ieside), que pertenece a Afundación.

En un principio, la Universidad Intercontinental de la Empresa se iba a poner en marcha con cuatro grados, cuatro másteres y dos programas de doctorado, orientada a las ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. Sin embargo, la intención del Ministerio de Universidades que dirige Manuel Castells es fortalecer los criterios para la creación de nuevas universidades y también para las que ya están en funcionamiento, las cuales tendrán cinco años para adaptarse. De lo contrario, perderán el permiso para ejercer.

Así las cosas, Castells exigirá un mínimo de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado, que tendrán que representar tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura). Los centros tendrán que dedicar como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación y deberán garantizar que el 60% de su personal docente e investigador ejerza sus funciones a tiempo completo.

El futuro rector de la Universidad será Miguel Ángel Escotet, presidente de AFundación y primo del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. De momento, no se moja sobre el borrador que plantea el Gobierno central, pero emitió un escrito en el que manifiesta que la universidad "no cambia, necesariamente, por el establecimiento de leyes y decretos", sino que, "casi siempre esas leyes son el auténtico freno al cambio, a la innovación y a la investigación".

El 25 de noviembre las comunidades votaron en la Conferencia General de Política Universitaria a favor de poner en marcha la universidad privada de Abanca, absteniéndose Navarra, Catalunya, País Vasco y Aragón. Será en el Parlamento gallego donde finalmente se decida el futuro del centro, ya que es la comunidad la que tiene la competencia sobre la creación de universidades en su territorio. En O Hórreo tendrá que pasar el visto bueno del PP, que podrá aprobarlo con su mayoría absoluta, ya que el BNG y PSOE mostraron su rechazo hace un año, en apoyo a las universidades públicas que alertaron del "riesgo" que puede suponer la entrada de estas instituciones privadas. De hecho, el proyecto, de momento, choca con la Ley de Universidades gallega, que sostiene que "el catálogo de titulaciones ofertadas deberá ser complementario y no reiterativo respecto a las titulaciones preexistentes y consolidadas en el Sistema Universitario Galego (SUG)".

El rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, explica que los entes públicos actuales tienen "capacidad suficiente" para atender la demanda de estudios superiores, y además, "en reiteradas ocasiones" han "llamado la atención" sobre la posibilidad de aumentar la oferta de plazas y de nuevas titulaciones. Además, López sostiene que sería "deseable" que la Universidad intercontinental de la empresa acerque un "valor añadido" y no suponga un "menoscabo para la universidad pública".

Por su parte, el rector de la Universidade de Vigo (Uvigo), Manuel Reigosa, cuenta en declaraciones a Público que cuando tuvieron que votar el proyecto "tenía bastantes lagunas" y presentaba "temas de investigación a los que hay que darle una vuelta". "Pensamos que no hay necesidad de nuevas universidades en Galicia, ni se detecta la falta de titulaciones ni de plazas, en todo caso entendemos que cumpliendo escrupulosamente la legalidad se puedan implantar universidades privadas de Galicia, pero aspiramos a que los esfuerzos de los ciudadanos a través de sus impuestos vayan encaminados a fortalecer el sistema universitario público".

La Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública, que agrupa a representantes de toda la comunidad educativa, ha mostrado su desacuerdo respecto al informe remitido por el Ministerio de Universidades, y considera que supone un "un nuevo regalo" a Abanca que "favorece la voluntad de la Xunta" y que "entra a romper el sistema universitario gallego". "La educación, especialmente en los estudios superiores, es un nicho de mercado, un negocio, para las empresas que en las últimas décadas se han ido instalando por todo el Estado, aprovechando las limitaciones y los recortes en las universidades públicas impuestos por diferentes gobiernos".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró en su momento que Galicia "no necesita" una universidad privada "al servicio de Abanca" sino "mejorar el posicionamiento" de las públicas con un mayor apoyo del Sistema Universitario Galego (SUG). El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, tampoco respaldó la iniciativa. "No creemos que podamos generar títulos universitarios sin tener toda la solvencia y toda la garantía de lo que tiene que ser una universidad acorde a nuestro sistema universitario y también a la realidad de las instituciones de nuestro país".