El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha mandado a juicio al empresario Javier López Madrid, CEO del Grupo Villar Mir, al comisario jubilado José Manuel Villarejo, y a su socio, el abogado Rafael Redondo, en el marco de la pieza número 24 del caso Tándem, en la que se investigaba el encargo al comisario para que acosara a la doctora María Elisa Pinto. Una decisión que ha llegado tras la propuesta realizada por el tribunal en julio de 2021.

La decisión del juez llega en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el archivo provisional al entender que no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho que se les imputa a los tres. El magistrado sigue el criterio de la defensa de la doctora, que pide penas de seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo, y cuatro para Redondo.

El Ministerio Público defendía en su informe que en la pieza se indagaba en el cohecho y no en el conflicto entre el empresario y la doctora. "Se trata de hechos que no solo exceden del objeto propio de esta pieza, sino porque además todas estas circunstancias ya son investigadas en los procedimientos judiciales seguidos en los Juzgados de Instrucción de Madrid".

Y añadía que "no existen bastantes indicios de su comisión –del delito de cohecho– con la solidez y la contundencia suficiente como para formular un escrito de acusación e instar a la apertura de un juicio oral". A su vez, no constan retribuciones por parte del empresario. "En el presente caso no consta la presencia de este elemento constitutivo del tipo, lo que impide admitir indicios de la comisión de dicho delito", añade el juez.

Por otro lado, García Castellón rechaza en el auto la petición de la defensa de Pinto de acumular en estas diligencias las realizadas en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, donde se investigaba el acoso, las amenazas y las lesiones a la doctora, para que se juzguen en la Audiencia Nacional. Señala, además, que en el momento procesal, con la instrucción finalizada, "comprimiría el derecho de defensa de los investigados, que no podrían interesar diligencias de investigación al respecto".

El relato de los hechos

En el auto se relata la cronología de los hechos. Todo arranca en septiembre de 2013, cuando López Madrid contrató a Villarejo para que "le ayudase a finalizar un asunto personal en relación con la doctora María Elisa Pinto". Pasados cuatro meses, el empresario se presentó en la consulta de la doctora, acompañado del abogado Rafael Redondo, para pedirla "que le dejase en paz, que parase, y que la Policía iría a verla".

Ya en 2014, Villarejo habría hostigado a la doctora, a petición del empresario, intentando impedir que denunciase a López Madrid por acoso. El juez señala que "usó medios policiales" para desacreditarla. 

García Castellón da cuenta en el auto de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y suma a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto. En concreto se refiere al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño y al inspector Alberto Carba, que era quien investigaba la denuncia de Pinto.

"Este agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones. Estas comunicaciones se desarrollaron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre, ambos meses del 2015", dice García Castellón.

El juez apunta además en su auto que, en una conversación fechada el 26 de enero de 2017, Villarejo manifestó que reclamaría a López Madrid "una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado".