Las personas que conocen bien cómo funciona el diálogo social saben que las últimas semanas, días y horas que preceden a un gran acuerdo son las más críticas; por un lado, es cuando más cerca se está del consenso, pero por otro, también es cuando el abismo está más próximo y hay que tomar las decisiones más difíciles.

La reforma laboral ha entrado ya en esa fase final. Lo ha hecho por la vía de los plazos (quedan menos de dos semanas para que finalice el plazo comprometido por el Gobierno para llevar esta norma al Consejo de Ministros), pero también por la de las reacciones y estrategias de los diferentes actores implicados en la misma, que buscan delimitar su alcance.

En una parte está el diálogo social propiamente dicho, el foro donde el Ejecutivo, las patronales y los sindicatos perfilan el acuerdo a través de una nueva redacción de aspectos muy importantes del Estatuto de los Trabajadores. La mesa de diálogo ha entrado en su recta final, y una de las pruebas de ello es que esta semana está previsto que haya reuniones todos los días, de lunes a viernes (lo habitual era tener dos encuentros por semana).

En este foro las partes han avanzado sobremanera en cuestiones como el mecanismo de ERTE permanentes (que viene a sustituir al despido en tiempos de crisis económica o de reconversión y transformación de sectores); el nuevo catálogo de contratos (que fija el indefinido como la modalidad de contratación ordinaria, somete la temporalidad a la causalidad justificada y, en determinados casos, a un límite de tiempo, y regula las condiciones laborales de la subcontratación) o la negociación colectiva (que prevé recuperar aspectos suprimidos por la reforma del PP en 2012, como la ultraactividad o la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa).

Sin embargo, atendiendo a las condiciones habituales de este tipo de negociaciones en su recta final, todos estos avances podrían estar en el aire. Esto es, al menos, lo que ha querido transmitir este martes el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que, aunque reconoció que se estaban perfilando "reformas de calado", advirtió de que sobrevolaba la mesa un "optimismo excesivo" que su organización no comparte.

"La negociación de la reforma laboral está en un momento clave, pero todavía le quedan algunos capítulos. De hecho, ahora mismo no está garantizado que vaya a producirse un acuerdo tripartito, ni siquiera del Gobierno con las organizaciones sindicales. Todo está abierto", aseguró Sordo, mandando un aviso a navegantes sobre que Comisiones Obreras no apoyará cualquier texto.

En la misma línea, pero con formas distintas, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, buscó agilizar los trabajos de la mesa y pidió cerrar esta misma semana un acuerdo general, para entrar la próxima semana en una "fase de redacción" técnica que tampoco se prevé nada fácil.

Este hecho obligaría a todas las partes de la mesa a posicionarse de manera definitiva en las cuestiones que aún permanecen abiertas y despejaría si el acuerdo sería a dos, a tres o si, directamente, no habría acuerdo. Más allá de las declaraciones y los avisos, quizá el movimiento más importante del diálogo social en esta recta final de la reforma laboral lo haya protagonizado la patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado este miércoles a su ejecutiva para fijar los límites que va a llevar a la negociación. En este sentido, al igual que las organizaciones sindicales, advirtió de que si el acuerdo "es para mejorar estaremos, pero si no es bueno, diremos que no".

Tensiones en el Congreso

Más allá del diálogo social también hay vida en torno a la derogación de la reforma laboral en el Congreso, donde la propuesta consensuada tendrá que contar con el visto bueno de la mayoría progresista articulada para que llegue a buen puerto.

En esas andan ERC y EH Bildu, socios imprescindibles del Ejecutivo (suman 18 diputados) que este martes han aprovechado la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces para reclamar más diálogo y fijar posición ante un asunto crucial para la legislatura y para estos grupos.

Así, la portavoz de la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua, ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que, en nombre del Gobierno, rinda cuentas e informe a todos los grupos parlamentarios sobre el desarrollo de las negociaciones con los agentes sociales. 

"Hay mucho diálogo social, pero poco diálogo político en esta materia", ha remachado Aizpurua que, sin desmerecer los trabajos que se están llevando a cabo, ha pedido al Gobierno que muestre la "misma intensidad y esfuerzo" que pone en la mesa de diálogo social para trasladar a las fuerzas del hemiciclo los avances de las conversaciones con los sindicatos y la patronal.

"Porque lo hemos advertido muchas veces: el señor Garamendi podrá tener mucho poder dentro y fuera del Congreso, pero no pulsa los votos de EH Bildu ni de las izquierdas soberanistas, que somos quienes a la postre tenemos que debatir y votar la reforma laboral en cuestión", ha apostillado la portavoz. 

Del mismo modo, su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, ha echado en falta en las últimas semanas que el Ejecutivo les mantenga informados sobre las cuestiones que se han ido resolviendo en torno a la reforma laboral. "Un voto tan importante como el nuestro se debería hablar y no se está haciendo", ha criticado.

También, ante sus sospechas de que "se están diluyendo algunos aspectos de partes muy lesivas para que entre la patronal", el parlamentario ha expuesto asuntos que, según su formación, deberían incluirse en dicha negociación, como "dignificar" los salarios de tramitación, recuperar la indemnización del despido anterior a la derogación, la "tutela" en algunos despidos colectivos, y la importancia de primar los convenios colectivos autonómicos por encima de los estatales. "Lo que nos llega es que no va a ser así, por ponerles cuatro ejemplos", ha añadido.

No obstante, desde la vicepresidencia segunda aseguran que la postura de Trabajo, trasladada hace unos meses a estas fuerzas políticas, "no ha variado" desde entonces. Toda vez que la mesa de diálogo con los agentes sociales haya dado sus frutos definitivos, estos grupos serán informados del acuerdo final que, a todas luces, requerirá del consenso en el Parlamento.