El Gobierno aprueba el decreto anticrisis pero aplaza el impuesto a las eléctricas hasta enero de 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado este sábado la prórroga del decreto anticrisis tras un acuerdo sobre la bocina (alcanzado esta misma mañana) entre el PSOE y Unidas Podemos. Las medidas que contiene la norma se extenderán hasta final de año, como ya se avanzó desde el Ejecutivo esta semana.

El encargado de anunciar esta norma ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha explicado que con las medida del primer decreto anticrisis y con las nuevas aprobadas este sábado, el Ejecutivo estaría conteniendo la inflación actual (de más del 8%) en un 3,5%.

El coste de los dos decretos se elevaría, ha asegurado Sánchez, hasta los 15.000 millones, derivados tanto de las ayudas directas como de la disminución de la recaudación que supone la rebaja (y supresión en algunos casos) de los impuestos a la electricidad.

La norma aprobada este sábado prorroga, en primer lugar, todas las medidas que se habían incluido en el plan anticrisis que vio la luz en abril. Continuarán vigentes hasta final de año cuestiones como el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes, la subida de un 15% del ingreso mínimo vital, la limitación del 2% en la renovación de los alquileres, el  IVA reducido al 4% de las mascarillas quirúrgicas, la prohibición de los cortes de suministros básicos para familias vulnerables, o la prohibición de despedir para empresas que estén recibiendo alguna ayuda o subvención que provenga de fondos públicos.

También se prorrogan el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social de los sectores pesquero, agrario y del transporte transporte, las ayudas directas a la industria de gas intensiva, las ayudas recogidas en el decreto ley contra la sequía; así como las medidas de los afectados por el volcán de La Palma.

Abono transporte y cheque de 200 euros

Entre las nuevas medidas que recoge el decreto se encuentran muchas de las que había propuesto Unidas Podemos al PSOE en la mesa de negociación, aunque con algunos cambios respecto a las propuestas iniciales.

Habrá una reducción del abono de transporte público del 50% en el caso de los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje prestado por el Estado o entidades estatales (como RENFE); y una reducción del 30% (también sufragada por el Estado) en el caso de los abonos autonómicos y municipales. Las comunidades y los ayuntamientos podrán alcanzar el 50% de descuento en sus servicios empleando recursos propios, si así lo consideran.

Se desplegará un cheque directo de 200 euros para autónomos, desempleados y familias con pocos recursos. La ayuda se podrá solicitar durante el mes de julio y su alcance se determinará a través de un umbral recogido en el texto de la norma. En un principio, desde Unidas Podemos se había solicitado que la cuantía fuera de 300 euros y que pudieran acceder a ella las familias con un umbral de renta inferior a 70.000 euros al año (alcanzaría a unos 19 millones de hogares).

Aumento de las pensiones no contributivas

El PSOE había puesto sobre la mesa la rebaja de ese umbral y que el cheque llegara a unos cuatro millones de familias (las más vulnerables). Se aumentan las pensiones de viudedad e invalidez no contributivas en un 15% (60 euros al mes, 370 euros hasta final de año), una medida que es fruto de un acuerdo parlamentario entre el PSOE y EH Bildu.

Se rebajará del 10% al 5% el IVA de la factura eléctrica (ya se había rebajado del 21% al 10% anteriormente). En total, Sánchez ha calculado que se han rebajado en un 80% los impuestos asociados a la electricidad desde que se empezaron a adoptar medidas. También se ha establecido una limitación al precio máximo de la bombona de butano que se extenderá, como el resto de medidas, hasta el 31 de diciembre.

No se incluirá en el decreto la subida de un 10% en el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas eléctricas, como se llegó a proponer desde Unidas Podemos. El espacio confederal quería introducir este recargo en la norma para que entrara en vigor de manera inmediata y se pudieran gravar los beneficios extraordinarios que están obteniendo las grandes corporaciones como consecuencia del elevado precio de la energía.

Una ley para crear el impuesto a las eléctricas

Sin embargo, desde el PSOE se advirtió de que una subida de Sociedades por real decreto podría acarrear una "inseguridad jurídica" y podría ser objeto de recurso por parte de las eléctricas ante los tribunales. En este sentido, desde Hacienda se proponía abordar este impuesto a través de una ley para que estuviera listo en enero de 2023.

Finalmente, en el marco de la negociación del decreto el PSOE y Unidas Podemos han acordado presentar una proposición de ley conjunta de los dos grupos parlamentarios "en las próximas semanas" para crear este impuesto a las eléctricas y que entre en vigor el 1 de enero de 2023.

"Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, y deben aportar más los que están en mejores condiciones. Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios tienen que aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo. Somos una comunidad, no una suma de individuos", ha defendido el presidente del Gobierno.