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PSOE y UP llevan al límite la negociación del decreto anticrisis y solo tienen la mañana del sábado para cerrarlo

Tras una negociación que ha durado todo el día y buena parte de la noche del viernes, los dos partidos que constituyen el Gobierno no logran cerrar un acuerdo al final de la jornada, aunque las conversaciones continúan. El Consejo de Ministros donde debe aprobarse está convocado a las 10 de la mañana del sábado.

Yolanda Díaz, Pedro Sánchez
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una imagen de archivo.

Faltan menos de 12 horas para que se celebre el Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar la prórroga del denominado decreto anticrisis. Pero no hay decreto. El PSOE y Unidas Podemos han agotado una nueva jornada de negociaciones, la de este viernes, sin cerrar las medidas que contendrá esta norma, aunque las conversaciones continuaban a medianoche.

Durante todo el día y parte de la noche, los equipos negociadores de las dos formaciones han mantenido conversaciones, pero el tiempo invertido no ha dado sus frutos. El jueves el guion fue prácticamente el mismo: horas de negociación sin acuerdos concretos, pese a que, en principio, se trasladaba que las posiciones no estaban muy alejadas.

Las horas previas a que se termine el plazo de una negociación siempre son complicadas. Ir contra el reloj obliga a avanzar a marchas forzadas, pero también es el momento donde el acuerdo se sitúa al filo del abismo. De momento, el PSOE y Unidas Podemos no han logrado sacar las conversaciones de este punto, y solo queda la mañana del sábado para lograrlo, ya que los ministros están convocados al Consejo a las 10 de la mañana.

Este viernes el presidente del Gobierno anunció que el decreto no se prorrogará durante tres meses (como había planteado él mismo en un principio), sino que sus medidas se extenderán hasta el final del año, como pedían desde Podemos.

Descuento en la gasolina, IMV y pensiones

La norma ampliará buena parte de las medidas que ya se desplegaron en abril para hacer frente a la inflación. En este paquete se recogen el descuento de 20 céntimos para los carburantes, el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15%, la extensión del bono social eléctrico a 600.000 familias, o la rebaja de impuestos en la factura de la luz.

Desde el ala socialista del Ejecutivo se proponen nuevas medidas. Esta semana, Sánchez anunció en el Congreso de los Diputados la bajada del IVA de la factura de la luz desde el 10% al 5% (ya se había reducido anteriormente desde el 21% al 10%), una rebaja que había pedido el PP y que a Unidas Podemos le parece insuficiente e ineficaz si no se despliegan medidas "ambiciosas" en otros ámbitos.

El PSOE, además, tiene la intención de incluir en esta prórroga la subida del 15% de las pensiones no contributivas (orfandad, viudedad o invalidez), una medida que pactó con EH Bildu.  Desde el espacio confederal también han propuesto una serie de medidas que, a su juicio, son necesarias para alcanzar una protección real de la ciudadanía frente a la inflación y lograr el "paquete de medidas más contundente de Europa", como prometió hace unos días el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Abono transporte y cheque de 300 euros

Los de Yolanda Díaz han puesto sobre la mesa una reducción del 50% del abono del transporte público en toda España (una rebaja que se calculará en función del precio de referencia de cada territorio); un cheque de 300 euros para 19 millones de familias (los hogares con unos ingresos inferiores a 70.000 euros); y un recargo del 10% en el Impuesto de Sociedades de las grandes empresas eléctricas que serviría, entre otras cosas, para sufragar buena parte del resto de medidas del decreto.

El propio Bolaños avisó de que ninguna de estas propuestas de UP se pueden dar por incluidas en el decreto, y el PSOE se muestra reticente con varias de ellas. Los socialistas parecen estar dispuestos a aceptar el cheque de 300 euros, pero optan por bajar el umbral de ingresos y su propuesta alcanzaría a cuatro millones de familias, y no a 19.

En el denominado impuesto a las eléctricas estaría el punto más conflictivo de la negociación. Hacienda estaría de acuerdo con elevar la presión fiscal de Sociedades un 10%, pero alerta de que este camino (el del decreto), aunque es el más corto, también es el que más inseguridad jurídica acarrea, y avisa de que el Ejecutivo corre el riesgo de que estas grandes corporaciones tumben la subida de Sociedades en los tribunales. Sin embargo, fuentes gubernamentales recuerdan que en lo que va de legislatura se ha subido y bajado este tributo por decreto hasta en cuatro ocasiones.

La fórmula para desplegar un impuesto a las eléctricas

La mejor fórmula para Hacienda sería la de crear un nuevo impuesto a través de una ley que se incorporase a la tramitación de los Presupuestos Generales de 2023. Un proyecto de ley ordinario podría tardar hasta nueve meses en aprobarse, de ahí que el Departamento de María Jesús Montero haya propuesto llevarlo a la tramitación presupuestaria; en cualquiera de los dos casos el impuesto a las eléctricas no entraría en vigor hasta el próximo año.

La tercera vía, a la que Hacienda no se cierra, es la de crear un impuesto a las eléctricas a través de una ley que se apruebe por el trámite de urgencia. En teoría, esta fórmula reduciría bastante los plazos parlamentarios de la norma, aunque dependería en buena medida de la voluntad política de la Cámara (la ley de vivienda fue admitida a través del trámite de urgencia, pero lleva desde marzo sin avances significativos).

En todo caso, desde UP insisten en que la puesta en marcha del impuesto a las eléctricas tiene que llegar en el menor tiempo posible, sobre todo si se quieren sufragar con garantías el resto de medidas del decreto anticrisis. Apenas quedan unas horas para que se celebre el Consejo de Ministros convocado para aprobar la norma pero, de momento, no hay norma.

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