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UP advierte a Sánchez: la bajada del IVA de la electricidad sin un decreto anticrisis ambicioso es un 'guiño' al PP

El anuncio del presidente del Gobierno no termina de convencer al espacio confederal. Hacienda descartaría subir los impuestos a las eléctricas en este decreto porque provocaría "inseguridad jurídica", pero admite la reducción del IVA.

Pedro Sánchez, Nadia Calviño
Pedro Sánchez y Nadia Calviño, este miércoles en el Congreso. Emilio Naranjo / EFE

La bajada del IVA de la electricidad del 10% al 5% anunciada por Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso es para algunos la primera reacción del presidente a las elecciones andaluzas. Tras el fracaso de la izquierda en este territorio, tanto Unidas Podemos como los socios del Ejecutivo le pidieron al líder socialista un "giro" a la izquierda que se materializara en medidas progresistas "valientes".

Si la bajada de la electricidad es, en realidad, esta primera respuesta a los comicios de Andalucía, no ha terminado de convencer al espacio confederal. Los de Yolanda Díaz hacen dos lecturas del movimiento de Sánchez: si se acompaña de un decreto anticrisis que contenga medidas ambiciosas, puede ser un primer paso de la agenda progresista que se le exige al líder del Ejecutivo; si no, simplemente es el guiño a un PP que ha hecho de la bajada del IVA y del resto de impuestos su bandera ante la fuerte inflación que se vive.

El núcleo de la negociación que mantienen en la actualidad el PSOE y Unidas Podemos reside en el alcance de las medidas que va a desplegar el denominado decreto anticrisis (que es una prórroga de un decreto anterior, aprobado a finales de abril y que caduca cuando termine este mes de junio).

Para el espacio confederal, el contenido de esta norma no solo establece el grado de protección de los más vulnerables frente a la evolución de los precios, sino que define el mensaje que el Gobierno de coalición quiere mandar a la ciudadanía en un momento en el que las derechas parecen estar en auge.

Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa tres medidas fundamentales: la reducción en un 50% del abono transporte en todos los territorios (una bajada cuya referencia será el precio de la tarifa de cada comunidad); un cheque de 300 euros para las familias con menor poder adquisitivo para que puedan hacer frente a la subida de la luz y de la cesta de la compra; y un impuesto a las grandes empresas eléctricas que permita sufragar las otras medidas (en especial la del abono transporte).

Mientras la reducción de las tarifas del transporte parece generar bastante consenso entre el PSOE y Unidas Podemos, el cheque de 300 euros no ha sido aceptado todavía por los socialistas. Sin embargo, el nudo gordiano de la negociación reside en el impuesto a las eléctricas, que a juicio del espacio confederal es el que puede sostener el coste del resto de políticas.

El impuesto a las eléctricas, clave en la negociación

Los socialistas comparten que en un momento inflacionista en el que las eléctricas han generado importantes beneficios (derivados, en gran parte, del elevado precio del gas), estas grandes empresas deben aportar más a las arcas púbicas. Sin embargo, mantiene discrepancias con UP en la fórmula que se debe utilizar.

Los de Yolanda Díaz abogan por llevar este impuesto al decreto anticrisis y defienden que la vía más rápida es la de subir en 10 puntos el Impuesto de Sociedades a las eléctricas a través de un decreto. Hacienda estaría de acuerdo con elevar la presión fiscal de Sociedades un 10%, pero alerta de que este camino (el del decreto), aunque es el más corto, también es el que más inseguridad jurídica acarrea, y avisa de que el Ejecutivo corre el riesgo de que estas grandes corporaciones tumben la subida de Sociedades en los tribunales.

La mejor fórmula para el Departamento dirigido por María Jesús Montero sería la de crear un nuevo impuesto a través de una ley que se incorporase a la tramitación de los Presupuestos Generales de 2023. Un proyecto de ley ordinario podría tardar hasta nueve meses en aprobarse, de ahí que Hacienda haya propuesto llevarlo a la tramitación presupuestaria; en cualquiera de los dos casos el impuesto a las eléctricas no entraría en vigor hasta el próximo año.

La tercera vía, a la que Hacienda no se cierra, es la de crear un impuesto a las eléctricas a través de una ley que se apruebe por el trámite de urgencia. En teoría, esta fórmula reduciría bastante los plazos parlamentarios de la norma, aunque dependería en buena medida de la voluntad política de la Cámara (la ley de vivienda fue admitida a través del trámite de urgencia, pero lleva desde marzo sin avances significativos).

En todo caso, desde UP insisten en que la puesta en marcha del impuesto a las eléctricas tiene que llegar en el menor tiempo posible, sobre todo si se quieren sufragar con garantías el resto de medidas del decreto anticrisis.

Para el espacio confederal, si la bajada del IVA de la electricidad que se incluirá en el decreto anticrisis no es acompañada de buena parte de las medidas que los de Díaz han puesto sobre la mesa, esto sería una señal de que el fracaso de la izquierda en Andalucía no ha movido al PSOE hacia posiciones más progresistas, y que los de Sánchez seguirían enfocados en perseguir el anhelado 'centro político'.

La norma se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo sábado, por lo que las dos formaciones que conforman el Gobierno apenas tienen dos días para alcanzar un acuerdo.

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