Falta un mes para que expire el decreto anticrisis que el Gobierno aprobó con el objetivo de hacer frente a la creciente inflación y a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. En este contexto, en Podemos consideran necesario ampliar  durante todo el año todas las medidas del denominado escudo social y verde desplegado y, además, implementar nuevas políticas de protección.

Según ha podido saber Público, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, pide al ala socialista del Ejecutivo que el escudo social se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2022 y que se desplieguen tres nuevas medidas.

La primera de estas medidas propuestas por Derechos Sociales es la actualización inmediata de las pensiones no contributivas con el IPC, con el objetivo de que los pensionistas no sigan perdiendo poder adquisitivo como consecuencia de la inflación (que en este mes de mayo volvió a crecer después de reducirse). Esta actualización se vería reflejada en las nóminas de julio.

El departamento dirigido por Belarra también propone una reducción drástica del precio del transporte público en todo el territorio. En concreto, Podemos pide la creación de un fondo de ayuda a municipios y comunidades autónomas para facilitar a la ciudadanía un transporte a precio reducido para ahorrar con ello energía.

Este fondo tendría el objetivo de reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y CCAA del país, una medida que se ha desplegado de forma extraordinaria en Alemania (donde el abono de transporte se ha rebajado hasta los 9 euros).

La última medida que Derechos Sociales pone sobre la mesa para introducir en el denominado decreto anticrisis es la ampliación del bono social eléctrico para que llegue a los dos millones de familias perceptoras del mismo (ya se produjo una primera ampliación que se acercó a esta cifra cuando se desplegó la batería de medidas).

También piden una reforma de este bono agilizando su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones y regulando la aplicación del denominado principio de precaución para que, ante una situación de impago, la empresa deba informar necesariamente de la situación de vulnerabilidad del cliente antes de emprender cualquier acción.

Entre las medidas que se aprobaron cuando se desplegó el escudo social (que Podemos quiere prorrogar) se encuentra la limitación del 2% de la renovación de los alquileres para desligarlos de la inflación, o el incremento de un 15% del ingreso mínimo vital de las familias vulnerables.