El ingreso mínimo vital ya es una realidad. El Gobierno de coalición ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros esta prestación, que se podrá solicitar a partir del 15 de junio [Aquí, todos los detalles sobre quiénes, cómo y cuándo podrán acceder].

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha explicado que, desde ese momento, y hasta el 15 de septiembre, los hogares que cumplan los requisitos podrán cobrar esta prestación con carácter retroactivo, a contar desde el 1 de junio.

"Hoy nace un nuevo derecho social en España", afirmaba el vicepresidente segundo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También se ha referido a la prestación como un "triunfo de la sociedad civil".

Con alusiones al informe del relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, que "sacó los colores a España" Iglesias ha recordado que, ya antes de la pandemia, España ya era el tercer país de Europa con mayor pobreza infantil.

Tras la emergencia del coronavirus, el ingreso mínimo vital, una de las medidas estrella del Gobierno de coalición, "se convirtió en necesidad absolutamente urgente", cuya tramitación hubo que acelerar. "No es una medida coyuntural, sino estructural";"No hay libertad si no se llega a fin de mes", incidía.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, se ha referido a esta prestación como el "instrumento más potente que existe" para reducir la pobreza extrema. Escrivá ha destacado que el ingreso mínimo es una prestación "dinámica, y no estática", y que será exitosa si logra la inclusión de los hogares que se beneficien de ella.

"Va a marcar un antes y un después en cómo se hacen las políticas públicas en España", decía Escrivá; "Es el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la ley de dependencia, en 2005", apuntaba Iglesias.

La prestación establece un umbral de renta para todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, un suelo de 462 euros por cada hogar de un adulto solo. Cualquier ciudadano que no alcance este umbral podrá reclamar esta prestación, que se verá incrementada en 139 euros por cada niño a cargo, 100 euros por adulto, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Los hogares monoparentales tendrá otro plus de 100 euros.

Será compatible con otros ingresos laborales, y encontrar un trabajo no supondrá la pérdida del 100% de la prestación, para evitar la "trampa de la pobreza".