MADRID.- El Consejo de Ministros aprueba este viernes el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que renuncia a algunas de las propuestas iniciales más polémicas, como la posibilidad de que el Ministerio del Interior pudiera intervenir comunicaciones sin autorización judicial. La norma mantiene previsiblemente la fijación de plazos para la instrucción a pesar de la recomendación del Consejo de Estado e incluye la sustitución del actual "imputado" por "investigado".

La norma se ha visto recortada durante los últimos meses, desde la aprobación del anteproyecto en diciembre y tras las dudas ofrecidas por los órganos consultivos respecto a diferentes cuestiones incluidas inicialmente en el Anteproyecto.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su informe que la intervención de conversaciones sin el aval de un juez podía no tener "encaje constitucional" por lo que el artículo en el que se recogía fue retirado.

Por su parte, el Consejo de Estado mostró su preocupación por la fijación de plazos para la instrucción y consideró que la correcta indagación de los delitos debe prevalecer sobre la rapidez. El anteproyecto preveía un plazo ordinario de seis meses de instrucción ampliable a 18 en causas complejas y que podía prorrogarse hasta los 36 meses cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal.

No obstante, los plazos máximos de la instrucción fijados por el anteproyecto servirán como "referencias" y "compromisos" para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción.

Plazos de investigación

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado en varias ocasiones que respetará la opinión de estos órganos de consulta, pese a lo cual los límites a la investigación judicial se mantendrán previsiblemente en el Proyecto que irá este viernes al Consejo de Ministros.

Asimismo, la reforma atenderá la recomendación del Consejo de Estado sobre la conveniencia de cambiar el término "imputado" por "investigado" en las primeras fases de la instrucción. A medida que aumenten los indicios o se consoliden las pruebas contra el acusado, éste pasaría a llamarse "encausado". 

Del mismo modo, la reforma introducirá la figura del policía encubierto, que podrá investigar en Internet mediante el uso de una identidad falsa y, además, habrá un nuevo procedimiento para una serie de asuntos de tramitación simplificada como los delitos de conducción en estado de embriaguez y pequeños hurtos.

La reforma afectará a la separación de las piezas en los llamados 'macroprocesos', de manera que se instruirá una causa por cada delito, y regulará por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico.

Habilitará también una segunda instancia penal, un déficit que ha sido una crítica permanente por parte de organismos internacionales como comités de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisarán las sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales y también se reforzará la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.