La legislatura se inició este martes en el Congreso con una agenda de cuestiones pendientes que la Cámara arrastra de las dos últimas legislaturas. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es uno de los asuntos que tendrán que afrontar los grupos parlamentarios, una renovación que precisa de un gran acuerdo en el que están obligados a participar PP y PSOE.

El órgano cumple este miércoles un año en funciones. El 4 de diciembre de 2013 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los nombramientos del actual Consejo, presidido por Carlos Lesmes. La ley establece que la cúpula del Poder Judicial se debe renovar a los cinco años de su mandato, un plazo que se cumplió en diciembre del pasado año.

El órgano se compone de 20 miembros, 10 vocales elegidos por el Congreso y otros 10, por el Senado; unos nombramientos que precisan de una mayoría cualificada de tres quintos, es decir, de 210 de los 350 diputados del Congreso. Con la aritmética parlamentaria actual, solo el PP y el PSOE pueden sumar los votos necesarios para sacar adelante la renovación.

Los de Pablo Casado disponen de 91 escaños en la Cámara (con los parlamentarios de Navarra Suma) que, junto a los 120 de Pedro Sánchez, sumarían 211 votos, suficientes para efectuar los nombramientos. Sin embargo, este acuerdo llega en uno de los momentos más complicados en las relaciones entre los socialistas y los conservadores.

El presidente del Gobierno en funciones y el líder del PP se han alejado desde las elecciones de abril, una situación que no ha cambiado tras los comicios de noviembre. Además, cualquier posible acuerdo en el Poder Judicial también pasaría por Unidas Podemos que, en principio, formará parte del próximo Ejecutivo si sale adelante una investidura.

La combinación no es inédita. En noviembre del pasado año, antes de que el CGPJ entrara en funciones, PSOE, PP, Unidos Podemos y el PNV llegaron a un principio de acuerdo sobre las listas para renovar el Poder Judicial. Este acuerdo saltó por los aires a finales de ese mes, después de que se filtrara un mensaje interno del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

Jueces elegidos por jueces

Cosidó se jactó entre sus compañeros de bancada en la Cámara Alta de que, a pesar de que el órgano no iba a tener una mayoría conservadora, con Manuel Marchena (candidato del PP) en la presidencia, los de Casado podrían “controlar” la sala encargada de juzgar a los políticos del “procés”.

La filtración de los mensajes del portavoz parlamentario provocó la renuncia de Marchena a postularse como candidato a presidir el CGPJ, lo que finalmente derivó en una ruptura del pacto. El primero en salirse del acuerdo fue el propio PP, que entonces defendió que su nueva propuesta pasaba por reformar el sistema para que todos los miembros del órgano fueran elegidos por jueces.

De hecho, los de Casado elaboraron una iniciativa legislativa de urgencia para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en ese momento se estaba tramitando en el Senado, Cámara en la que el PP tenía mayoría absoluta. La propuesta recogía que, en al menos 12 de los 20 puestos del órgano, los candidatos debían ser elegidos por los propios jueces.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial no es la única herencia de anteriores legislaturas. La Cámara también tendrá que llegar a amplios acuerdos para renovar un tercio del Tribunal Constitucional (cuyos miembros desarrollan mandatos de nueve años y son renovados por terceras partes), un pacto que también precisa de 210 escaños.