El Gobierno concentra en mes y medio la agenda social prevista hasta final de 2023

Desde el Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos se ha puesto en valor el torrente legislativo que han sido capaces de sacar adelante. Por las dificultades imprevistas, desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania. También por la propia naturaleza de un Ejecutivo que conforman dos fuerzas políticas y que deben contar con apoyos parlamentarios extra. 

La estrategia de Pedro Sánchez y los socialistas antes de las elecciones del pasado 28 de mayo fue principalmente vender gestión. Pisaron además el acelerador durante el mes de mayo con un carrusel de nuevas medidas anunciadas previamente por el presidente y líder del PSOE en diferentes actos políticos. 

Pese a ello, la sensación es que esa gestión y esas medidas no influyeron en los resultados de municipales y autonómicas. De hecho, ambos partidos fueron penalizados en las urnas. El PSOE no ha abandonado contar lo que han hecho desde el Gobierno de cara al 23J. Pero sí han intensificado un mensaje de rechazo rotundo a la ultraderecha. 

En este contexto, desde que Sánchez convocara las elecciones el pasado 29 de mayo se han celebrado un total de nueve Consejos de Ministros. El primero de ellos marcado principalmente por el Real Decreto de convocatoria de elecciones y disolución de las Cortes Generales.

En el resto de ellos se han aprobado asuntos de diversas materias, desde económicas, de infraestructuras, sociales o sanitarias con el objetivo de rematar su agenda legislativa lo máximo posible. 

Plan de Derechos Humanos, decreto anticrisis o los cuidados

El 6 de junio una de las medidas más destacadas fue el Plan Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Presidencia que lidera Félix Bolaños. Este marco general incluye medidas enfocadas a combatir el odio, luchar contra la trata y la explotación sexual, cuidar la salud ante el cambio climático, especialmente la de las personas trabajadoras o garantizar el suministro de energía de los hogares.

El 13 de junio la ministra de Transición Ecológica presentó el cambio de la tarifa regulada de la electricidad. Una medida que persigue dar más estabilidad sobre el precio que pagan los hogares. También se presentaron una serie de ayudas a las salas de cine para abaratar la asistencia de las personas mayores de 65 años a un precio de dos euros. 

Las medidas adoptadas el 20 de junio se centraron principalmente en cuestiones relacionadas con la Protección Civil y el plan de actuación para la prevención de incendios que presentó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. 

El 27 de junio tuvo lugar uno de los Consejos de Ministros más cargados del 2023, y sin duda el más relevante en términos de políticas sociales. En esta reunión se aprobó la prórroga del denominado decreto anticrisis, que, entre otras medidas, prorrogó la suspensión del IVA para determinados alimentos básicos (y su rebaja en otros), las bonificaciones en el transporte profesional y la bonificación de al menos el 50% de los abonos de transporte público, que dependen de autonomías y ayuntamientos.

En este decreto también se incluyeron tres nuevos permisos para la conciliación (que derivan de la ley de familias de Ione Belarra, que no vio la luz verde por el adelanto electoral), la aprobación del derecho al olvido oncológico (tras cinco años de haber superado la enfermedad sin recaídas) y una línea de avales ICO, anunciada en plena precampaña por Pedro Sánchez, para la compra de la primera vivienda por parte de jóvenes y familias con menores a cargo.

Fin de la crisis sanitaria y la mayor oferta de empleo público

Ya entrado el mes de julio se aprobó una medida relevante desde el punto de vista sanitario. Fue la retirada de la obligatoriedad de usar mascarillas en los centros de salud o farmacias. Una manera de decretar el fin de la crisis sanitaria.

En ese mismo Consejo de Ministros se aprobó también un Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, que toma especial valor para el Gobierno de coalición en un contexto de fuerte presencia institucional de Vox. 

Para el 11 de julio se aprobó una importante oferta de empleo público, la mayor de la historia, con 39.000 nuevas plazas. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevó a este Consejo dos medidas especialmente relevantes para su departamento. La primera fue la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo al dictador Francisco Franco y a otros ocho responsables de la represión franquista, entre los que también se encontraba el general Yagüe, apodado el carnicero de Badajoz.

También se aprobó la implementación del denominado mecanismo RED, para hacer estructurales los denominados ERTE de la pandemia. Su objetivo es evitar el despido durante crisis coyunturales apostando por la formación y ofreciendo garantías para personas trabajadoras y empresas.

En el último Consejo de Ministros celebrado antes de las elecciones generales, este martes 18 de julio, se ha aprobado, a través del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, la reforma del Real Decreto sobre dependencia de 2013. El objetivo es mejorar las prestaciones económicas, establecer cuantías mínimas y recupera la intensidad horaria de la atención a domicilio, entre otras mejoras. 

En materia de Ciencia se ha aprobado un paquete de medidas para impulsar la investigación en el ámbito de la salud y el espacio y promover la igualdad en el sector. Y respecto a Educación se aprueba la nueva ordenación del sistema de Formación Profesional y una subvención de 128 millones para financiar acciones formativas dirigidas a trabajadores en desempleo.