El sentimiento independentista provoca violencia. Ese es el mensaje que el Gobierno está lanzando en los últimos días, al relacionar el empeño del presidente de la Generalitat, Artur Mas, por celebrar la consulta soberanista en Catalunya con la agresión sufrida por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado miércoles en Vilanova i la Geltrú.

Ayer fue el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, el primero en achacar la causa de las pedradas a un clima 'de agresividad y violencia' que 'no es ajeno a determinadas situaciones políticas que se han impulsado en Catalunya'. Y hoy, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha compartido su misma postura, tras expresar su 'condena clara y sin matices a actos como éste'. 'La violencia no cabe en democracia', sentenció.

'Los hechos, muy probablemente, tienen que ver con los debates que generan división y que son aprovechados por los violentos', opinó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 'Las minorías violentas no representan el sentir de toda la sociedad catalana, pero la división y la ruptura sí es aprovechada por algunos para justificar comportamientos que no tienen justificación ninguna', agregó.

Respecto a la información adelantada hoy por La Vanguardia en la que se asegura que el Govern de Mas ya ha elegido hasta los modelos de urnas y papeletas con las que pretende llevar a cabo la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre, Sáenz de Santamaría volvió a ser tajante al respecto. 'Tanto la sentencia del Tribunal Constitucional como el acuerdo del Congreso [del pasado 8 de abril] determinan que el referéndum de autodeterminación no es posible', insistió. 'Y quiero recordarle al presidente de la Generalitat que tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y de no hacer nada que suponga su incumplimiento', zanjó.